Retos del Gobierno

El nuevo gobierno debe enfrentar distintos retos. Primero, los propios de la administración y de la jefatura del Estado. Segundo, aquellos que requieren de la expedición de leyes y de reformas constitucionales. Tercero, los relativos a la administración de justicia y a los altos índices de impunidad. Por último, la implementación del acuerdo con las Farc y sus ajustes. Ahora bien, muchos de ellos no se pueden abordar desde una sola perspectiva, requieren de enfoques económicos y sociales.

El reto más importante, que podría cambiar sustancialmente la sociedad, sería garantizar el cumplimiento de las leyes, establecer una verdadera cultura de la legalidad, donde todos acatemos las normas y los infractores sean efectivamente sancionados. Tal vez la fórmula sea menos leyes, pero que las existentes se cumplan fielmente. Otro gran desafío son las finanzas públicas, recortar los gastos suntuarios e inoficiosos del Estado, utilizar los recursos de la forma más eficiente posible, aumentar las inversiones, reducir el déficit, y proporcionar la carga tributaria. La receta podría ser limitar los impuestos directos y los gastos del Estado, los primeros a no más del 25 por ciento de los ingresos brutos de los contribuyentes y los segundos a no más del 35 por ciento del PIB, además de las metas fiscales de mediano plazo.

En materia internacional están la situación de Venezuela y el diferendo con Nicaragua, en cuanto a la primera se debe pedir ayuda internacional para la atención de los migrantes y prevenir salidas desesperadas del gobierno Maduro; en relación con el segundo, conviene estudiar la posibilidad de nulidad de la sentencia expedida por el Tribunal de la Haya y los argumentos que justifican su incumplimiento.

La agenda legislativa debería comprender la reforma de los sistemas de salud y pensiones, así como la propuesta de una profunda reforma a la justicia, la cual solo es posible mediante una asamblea constituyente del artículo 376 de la Constitución. Mientras el Congreso esté sujeto a distintos controles judiciales y los magistrados solo tengan el control político del Congreso, no se pueden augurar buenas relaciones.

La administración de justicia requiere de capacitación, recursos, instalaciones, y tecnología, que le permitan la transformación y reingeniería que se le demanda. Los índices de impunidad deben bajar sustancialmente. El estado de cosas inconstitucional de las cárceles se debe resolver, no debe haber hacinamiento alguno. La clave, despenalizar buena parte de las conductas, en su lugar imponer multas y arrestos, como ocurre con éxito en las acciones de tutela.

La implementación del acuerdo con las Farc parece haber superado su momento más crítico. No se desconocerá el acuerdo ni su implementación. Aspectos relativos a la conexidad con los delitos político, como secuestro y narcotráfico, deben ser corregidos. La participación política de los responsables de delitos de gravedad internacional debe quedar supeditada al reconocimiento de las infracciones y la reparación de las víctimas. Los más de 180 billones de pesos comprometidos para los próximos cuatrenios deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales como los demás gastos.

Por último, quedan la paz política y el narcotráfico. Se ha propuesto un acuerdo sobre lo fundamental, ciegamente rechazado por la oposición, que parece no haber reconocido su derrota en las urnas y se empeña en mantener sus propuestas, el prurito de la oposición. El narcotráfico es la antítesis de la legalidad, la más seria amenaza a la paz, el negocio ilícito que alimenta las bandas criminales, las disidencias y el contubernio con los clanes mafiosos extranjeros, no quedan más alternativas que el fortalecimiento del Estado en las zonas de cultivo y los operativos de la fuerza pública, sin perjuicio de considerar su legalización.

En síntesis, el principal reto del nuevo gobierno es más la aplicación de las leyes que la propuesta y elaboración de unas nuevas.