Revocando al Congreso

El escándalo que estalló tras la aprobación de la Reforma a la Justicia encontró rápidamente un gran culpable: el Congreso. Y dentro de este, los que algún medio de comunicación llamó “los doce del patíbulo”, los malévolos conciliadores que en solo diez horas deformaron la virtuosa reforma a la Justicia que el Gobierno había impulsado durante 18 meses.

No es difícil entender cómo se fortaleció rápidamente esa matriz de opinión en un país donde el Congreso protagoniza escándalos casi semanalmente, y donde los grandes actores de la vida nacional –incluidos los medios- dependen mucho más del Ejecutivo.

En cualquier caso existe una furia ciudadana real, que ha llevado a promover un referendo que revoque la reforma e, incluso, proponen algunos grupos, al mismo Congreso que la aprobó. Muchos no quedaremos contentos con un simple y nuevo cambio de texto.

La verdad es que el Congreso no es el único responsable de lo que pasó con la Reforma a la Justicia. Al mismo tiempo, también es verdad que sin una reforma profunda al Congreso la sociedad colombiana seguirá lejos de los niveles de desarrollo a que aspiramos.

La revocatoria de este Congreso abriría (otra) etapa de incertidumbre institucional sin que quede claro qué efectos tendría en el largo plazo. Pero un mecanismo permanente de sanción –incluso revocatoria- a los congresistas por sus electores puede ser necesario para la democracia.

¿Por qué es tan fácil echarle la culpa al Congreso? Porque son tantos sus escándalos que todo puede creerse de él. ¿Solo de este Congreso elegido en marzo de 2010? No. Ahí está el problema de esta revocatoria: suponiendo que tenga éxito en revocar a este Congreso, nada garantiza que el que lo suceda sea superior.

Es la institución entera la que no está operando bien, no solo estos congresistas en particular. Y no solo es probable que con una renovación amplia del Congreso tengamos en un par de años los mismos problemas. Incluso es probable que esa renovación sea de maquillaje, pues una de las consecuencias de la falta de responsabilidad del Congreso –falta de rendición de cuentas- es que muchas sillas se vuelven “propias” y hasta hereditarias, sin importar mucho el partido o la plataforma ideológica que las legitime. Recordemos la poca diferencia que hubo entre el Congreso inmediatamente posterior y el inmediatamente posterior a la Asamblea Constituyente de 1991.

Vista desde el punto de vista de una sociedad que busca mayores niveles de bienestar, y que requiere ciertos consensos mínimos sobre objetivos de largo plazo, esa falta de responsabilidad de los congresistas por sus actos es uno de los mayores problemas.

Una vez que los ciudadanos hemos votado por un congresista perdemos cualquier capacidad de influenciar sus decisiones –o de sancionarlo si traiciona la plataforma que lo eligió. Esto hace irrelevantes las banderas y el supuesto equilibrio de los sentimientos ciudadanos que representan.

Y mientras esas banderas sean irrelevantes, las mayorías congresionales en favor de una propuesta pueden cambiar de un semestre a otro sin que cambie para nada el nivel de consenso social en torno a él, con lo cual la estabilidad de cualquier arreglo institucional –régimen tributario o laboral, regalías, reelecciones, penas por delitos- será siempre precaria. Aquí el efecto de un Congreso impredecible se hace sentir en el bienestar de toda la sociedad. Y no es correcto pensar que la solución sea “manejarlo” como otro brazo del Ejecutivo.

La posibilidad de revocatoria puede ser un buen instrumento permanente para aumentar la responsabilidad de los congresistas, pero no parece haber una forma sencilla de aplicarla con los nuestros: lo más fácil sería que pudiese revocarlos cierto número de votantes de sus circunscripciones, pero por otro lado no tendría sentido, en el caso de los senadores, organizar elecciones de circunscripción nacional para una curul. Tal vez una opción sea una opción de revocatoria a mitad de término para todos los casos en que aplique, pero esta, como muchas opciones, requiere investigar bien sus posibles implicaciones. Otro de los problemas que tenemos es proponer reformas que “nos suenan bien” sin investigar antecedentes o implicaciones.

Incluso un Congreso “revocable” no es garantía de responsabilidad. La misma revocatoria puede convertirse en la oportunidad de un cacique para desafiar a otro, y no contribuir a la rendición de cuentas que se busca. Queda la opción de profundizar cada vez más la transparencia, para que los ciudadanos sepan más en detalle lo que hacen sus representantes –y puedan castigarlos o premiarlos con su voto. Revocatoria más transparencia ya son una combinación más prometedora. Pero aún entonces dependemos de la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información y de su voluntad de usarla en un contexto de pobreza en que el voto se intercambia por promesas concretas de beneficio personal.

No existen soluciones mágicas para los problemas sociales: cualquier cambio que surja de este malestar profundo, por bueno que sea, será seguramente reducido frente al poder de las fuerzas que enfrentará. Pero si realmente aumenta el espacio de la democracia, y le da valor a la opinión de los ciudadanos que legitiman todo este sistema, habrá valido la pena. Los políticos pierden su razón de ser cuando no representan a sus electores.

*Profesor U. Externado, consultor
Twitter: @gustavovaldivie