Revocatoria del mandato, cuestión de cumplimiento o incumplimiento de metas

Una prueba del cumplimiento del plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa en el Distrito Capital es la inauguración del parque metropolitano en la zona franca de Fontibón, pero una muestra de las fallas de su administración es el lodazal que mostró la sección 1,2,3 del noticiero central de CM& en la noche víspera del fin del verano o Halloween alrededor de dicho parque.

Son las realizaciones que la administración Peñalosa hace con gran despliegue de eficacia y eficiencia contrastando con aquellos detalles que en cada sector dejan puntos negros sobre los cuales la oposición se apega a la revocatoria.

En los informes presentados por Bogotá Cómo Vamos, los avances del Plan de Desarrollo 2016-2020 –Bogotá Mejor para Todos-, por ejemplo, en materia de trabajo infantil se aprecian avances en la reducción del 9,4 por ciento al 6,8 por ciento entre 2015 y 2016, mientras que no hay avances significativos que propendan por la erradicación de la inseguridad alimentaria nutricional en los hogares con niños y niñas.

En materia de pobreza monetaria multidimensional durante los últimos cinco años, de los cuales van dos de la administración Peñalosa, se registró un incremento de los índices, con un complejo ingrediente adicional consistente en la llegada de miles de venezolanos que buscan mejores caminos que los padecidos en su tierra natal, fenómenos que entraban el desarrollo urbano y la reducción de la desigualdad.

Si bien las metas en el sector educación avanzan por buen camino, persiste el reto de satisfacer al ciento por ciento la cobertura en todas las localidades porque se ha dado reversa en la garantía de este derecho porque una vez alcanzado el pico máximo, disminuyó en 2016 al 92,1 por ciento. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes están dentro del 7,9 por ciento que no tienen acceso a la educación?

Las metas educativas arrojan indicadores contrarios porque mientras que la educación superior tiene una tasa de cobertura del 101,3 por ciento la mitad de quienes terminan bachillerato no entran a ese nivel de educación superior, pues el indicador evidencia una tasa del 50,7 por ciento. Existe un grupo muy alto de jóvenes que no ingresan ni al mercado educativo ni al laboral causando gran preocupación por el fácil acceso a las redes delincuenciales.

En salud, el paciente está estable; sin embargo, los indicadores relacionados con salud materno-infantil presentaron variaciones negativas en la vigencia 2016. En cuanto a situación nutricional el Distrito deberá reforzar las medidas para erradicar la desnutrición en menores de 5 años. Otro reto que depende de la voluntad política, es el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud de la red hospitalaria adscrita a la Secretaría de Salud que aún arroja una percepción negativa de la población que a diario debe hacer largas filas para lograr la atención esperada. Igualmente, las autoridades sanitarias deben desarrollar mejores estrategias para fomentar la actividad física de los ciudadanos y mejorar la calidad del aire, disminuir las tasas de tabaquismo, alcohol y propiciar dietas saludables.

Un aspecto crucial para el mandatario distrital está radicado en el aumento de la participación del mercado laboral capitalino que cuenta con una amplia fuerza de trabajo representada en más de cuatro millones y medio de personas en 2016. La tasa de desempleo de la población joven es superior al 15,1 por ciento causando consecuencias funestas en materia de seguridad; la tasa de desempleo en mujeres es del 10,1 por ciento y la de hombres del 8,5 por ciento. Hay rezago en las estrategias de formación y capacitación para el trabajo.

Aunque pareciera mentira, en 2016 los resultados de los indicadores sobre el comportamiento de los delitos contra la vida y el patrimonio de los bogotanos son positivos. Hubo reducción en los hurtos callejeros con el aumento de pie de fuerza uniformada y el ingreso de efectivos encubiertos en el sistema TransMilenio. Preocupa al Distrito el aumento de delincuencia juvenil, particularmente involucrada en el micro-tráfico y su relación con otros mercados ilegales.

Resta por sincronizar la política de seguridad entre la nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia con los esquemas de seguridad de las Alcaldías Locales.

Este panorama refleja que como en toda ciudad existen aciertos y problemas sin soluciones inmediatas, los gobiernos deben por mandato constitucional cumplir su programa propuesto desde las campañas electorales porque los ciudadanos ejercen su derecho político con un voto programático.

Podría ayudarle a las buenas intenciones de Peñalosa pero a su pésimo equipo de trabajo, que no transmite a la ciudad lo que el habitante quiere recibir y percibir, revisar propuestas que no son de recibo popular, como por ejemplo, Transmilenio por la Carrera Séptima o mejor por la Boyacá; o definitivamente el Metro que anhela la ciudad; recuperación de los parques y siembra de árboles que fueron insignias de su primer gobierno.

Las autoridades encargadas de la verificación de los requisitos constitucionales que se desprenden del cumplimiento o no de las metas fijadas en los planes de desarrollo, deberán emitir su veredicto, evento en el cual si los indicadores reflejan satisfactoriamente las realizaciones gubernamentales, fracasan las acciones tendientes a la revocatoria de los mandatarios. Por el contrario, si se verifica el incumplimiento, avanzan hacia la oportunidad para que los pueblos que los eligieron, sean los llamados a revocarlos. Así de sencillo.

¡Por ahora Señor alcalde! Cambie su gabinete y dele impulso a sus ideas de Bogotá diferente. ¡No se quede a mitad de camino!

(*) Gutiérrez Morad & Calderón España – Abogados Constitucionalistas.