Ruanas y bombas: hechos y proyectos

Como dice la frase de cajón, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. La crisis del agro colombiano no es nueva, así como tampoco lo es la existencia de oportunistas que lanzan piedras, incitan a la turba enardecida desde fincas de recreo o se ponen la ruana orgullosos de hacer parte del “statement político”. 

Los últimos días han permitido ver una vez más los efectos de la falta de gobernabilidad que aqueja a la patria, evidenciados en las supuestas fuerzas del orden que actúan con una mezcla de miedo hacia el pueblo unido (que ni con gases será vencido) y de oportunismo bandolero propio de saqueadores y asnos con uniforme militar/policial (“defender la democracia maestro”). 

No se han quedado por fuera los políticos de siempre, que saben que no hay mejor río que el revuelto y han tratado de adueñarse de la lucha legítima por el derecho al trabajo digno, la salud, la educación o el acceso a recursos públicos; paradojas tropicales de los paros y las luchas sociales en las que se defienden los derechos de unos grupos, poniendo en riesgo el acceso a estos derechos por parte de los otros. La negación como principio de acción y negociación… si no se nombra no existe.

También se ha visto el fortalecimiento del campesinado colombiano, o parte de él, como fuerza política organizada que logra adherir a su causa a la naciente clase media urbana, hija o nieta de las migraciones campesinas de los años 60 y 70. Esa misma que se pone efervescente con un partido de la Champions, las canalladas de la casa estudio, el hijo de Falcao, el ascenso victorioso de Nairon Man y todo eso del TLC. 

Desde lejos se mandan cartas de preocupación y videos de apoyo a los campesinos víctimas de Monsanto, de las políticas de Gaviria, el ataque de los grupos armados ilegales y los terratenientes desalmados. 

En medio de tanto bombardeo de gases, videos de indignados virtuales y hasta apoyo de heroínas yogui, se deja de lado el cuestionamiento sobre las prácticas cotidianas de compradores que prefieren las grandes superficies, porque allá es más barato, antes que las plazas de mercado, cooptadas por mafias de crimen organizado.  

Más allá de los hechos, que son indignantes porque seguimos escogiendo la violencia como mecanismo para atacar nuestras incapacidades y nuestros temores, valdría la pena preguntarse por los proyectos. 

En medio de un proceso de paz, surgen interrogantes como ¿qué está pasando en La Habana? ¿ Los guerrillos van a volverse parlamentarios porque sí? ¿Qué va a pasar con las ayudas financieras para los caficultores, los papicultores o los mineros tradicionales? ¿Eso de la Unidad Nacional ha servido para algo más que calmar la sed burocrática de los partidos tradicionales y los que fracasaron en su lucha por la revolución o la reconstrucción de los valores políticos?

¿Para dónde va la política agroindustrial colombiana? ¿Quién se responsabiliza de las chambonadas de los agentes del ESMAD? ¿Dónde está Luis Carlos Restrepo? ¿Cómo se va a insertar el Puro Centro Democrático en los gobiernos locales y regionales? ¿Cómo se llama ese polvo que pone los dientes verdes? ¿La ruana es de algodón o de lana? 

No estaría mal empezar por reconocer que la comunicación entre los ciudadanos,  electores y grupos de interés, y el gobierno local, regional, nacional sigue siendo precaria y esto lleva a la desarticulación, la contradicción y la inacción de las agencias del Estado y por tanto de las políticas públicas. 

Como los gobernadores y los alcaldes no reaccionan por incompetencia o estrategia, la protesta social en Colombia sigue enfocada en el gobierno central y en ese marco se combina la mesa de acuerdos agrarios con la bota militar desmedida. 

El paro agrario surgió como parte de un proceso político y económico que condujo a altos precios en la producción agrícola, la firma de acuerdos comerciales desfavorables para los productores nacionales y el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional. 

Se debe tener en cuenta que el sector agroindustrial  aporta el 9 % del PIB, que sus ventas al exterior representan el 21 % del valor de las exportaciones totales y que genera cerca del 19 % del empleo a nivel nacional y el 66 % en las zonas rurales; 7 de los 10 principales productos no tradicionales de exportación pertenecen a este sector.    

También se debe tener en cuanta que el valor agregado por minería e hidrocarburos representa el 8 % del PIB y que las ventas externas minero energéticas superan el 72 % de las exportaciones totales. Esta situación explicaría en parte que la acción del gobierno nacional vaya más hacia el apoyo de la inversión en el sector minero-energético, descuidando  el agro colombiano, incentivando la urbanización con viviendas gratis y minimizando la movilización social de los pequeños productores. 

Pese a esto, la estrategia minero-energética sigue sufriendo de poca claridad en torno a las relaciones de las empresas y las comunidades, el otorgamiento de licencias y el uso estratégico de los ingresos fiscales que resultan de su actividad. 

Entre el 2002 y el 2012 se observa una tendencia creciente con respecto a la inversión del gobierno nacional en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, pasando de 0,305 % al 0,449 % del PIB. 

Es importante destacar que el sector privado ha jugado un papel importante en este proyecto, aunque recientemente ha disminuido su participación por factores que deben responder a lógicas del mercado y en gran medida a la falta de dinamismo del sector público. A esto se debe sumar que existe una importante relación entre los altos niveles de inversión extranjera y la baja capacidad institucional en vigilancia y control sobre actividades económicas con precarios conocimientos técnicos y tecnológicos locales. 

Así mismo continúa existiendo en el imaginario colectivo una aversión a la posibilidad de establecer alianzas público privadas que contribuyan con el desarrollo económico, porque eso es puro neoliberalismo y porque el Estado debe justificar la existencia de su burocracia. Evidentemente no se puede competir en un mercado global con conocimientos básicos sobre administración pública, agricultura o minería con sostenibilidad.  

En esa mediada, la deliberación sobre subsidios, créditos amigables y protección de pequeños y medianos productores podría ir acompañada de estrategias dirigidas a mejorar la formación y capacidades de los gobernantes y las agremiaciones locales y regionales. 

La crisis del agro colombiano requiere de medidas que van más allá de ponerse la ruana, lanzar piedras o incrementar los subsidios. Requiere de una estrategia clara que articule la política minero-energética, la política agroindustrial y la de ciencia, tecnología e innovación. 

Es importante reconocer a los campesinos como sujetos de derechos y deberes, capaces de insertarse en el mercado global, nacional y local. Las nuevas tecnologías de producción y de interacción social pueden desarrollarse a partir del intercambio de conocimientos entre los jugadores de la economía nacional y global. La infraestructura política y social que demostró su poder durante estas dos semanas debe aprovecharse para crear estructuras de comercialización y de control político. 

La naciente sociedad civil colombiana debe articularse con las estructuras locales y regionales que producen alimentos con los que canalizan el apoyo financiero, nacional e internacional, con miras a lograr una verdadera innovación social y productiva. El éxito del proceso de paz depende en gran medida de la capacidad para renovar ideas y paulatinamente dejar de pensar desde la lógica de los buenos contra los malos.