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Opinión

  • | 2018/08/30 23:08

    Salario mínimo

    El incremento extraordinario del salario mínimo propuesto por el senador y expresidente Uribe merece una discusión serena.

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Conociendo su genuina fe religiosa, no me sorprende que la enmarque en la necesidad de “una economía cristina, solidaria, sin confrontación entre empleadores y trabajadores”. No obstante, como el Estado colombiano es laico, es decir independiente de cualquier fe religiosa, plantearla en un contexto teísta no me parece la mejor opción. La solidaridad es uno de los principios fundamentales que la Carta Política enuncia; y por disposición suya existe, desde años atrás, una comisión, integrada por funcionarios del Estado, y representantes de los estamentos empresariales y laborales, para que, entre otros asuntos, se ocupen de la revisión periódica del salario mínimo. Tenemos, pues, una institucionalidad adecuada, lo cual parecería hacer innecesarias las facultades extraordinarias que el expresidente pretende que el Congreso otorgue al Ejecutivo, que este no ha solicitado y sobre las cuales ha guardado absoluto silencio.

Se lee en la  iniciativa que ella  se justifica “como respuesta al deterioro económico y social que padece Colombia”. Mi impresión es que las cifras muestran una realidad algo diferente: una economía en proceso de recuperación, aunque caracterizada por graves problemas de sostenibilidad fiscal y baja productividad, factores ambos que dificultan que volvamos a crecer a las tasas elevadas que fueron usuales en el pasado reciente.  

En efecto: la deuda neta del Gobierno Nacional al cierre del 2017 era del 43,1 por ciento del PIB, casi 10 puntos porcentuales mayor que la que se registraba en 2012. Bajo las dinámicas de hoy, a la vuelta de dos o tres años tendríamos que afrontar, si no se adoptan correctivos que serán dolorosos, una grave crisis fiscal. A su vez, la productividad del total de los factores (una medida de la eficiencia en la utilización de los recursos humanos y de capital) muestra un preocupante deterioro.

Un incremento extraordinario del salario mínimo, que sin duda arrastraría todas las escalas de remuneración, públicas y privadas, e implicaría cuantiosos ajustes sobre las pensiones a cargo de la Nación, se justificaría si se estuviere presentando una severa pérdida de bienestar para los trabajadores. Las cifras oficiales no validan ese curso de acción.

La inflación -el patógeno que destruye la capacidad adquisitiva de los salarios-, que llegó a estar en casi el 9 por ciento en el 2016, en la actualidad ronda el 3 por ciento, cifra acorde con los compromisos asumidos por el Banco Central. El salario mínimo real viene creciendo desde el 2010 con una ligera caída en el 2016 como consecuencia del brote inflacionario que entonces padecíamos. A julio de este año su poder adquisitivo era casi 12 por ciento superior al de aquel año. El porcentaje de hogares en pobreza, que en el 2008 era de 42 por ciento, ha caído al 27 por ciento el año pasado.

Llegado a este punto, logro imaginar la reacción de gentes de buen corazón que, al margen de las realidades económicas, quisieran un incremento sustancial de los salarios. Tal vez les parecería bien, por ejemplo, que se expida una ley o decreto duplicando su valor, medida que, para evitar que los especuladores se apropien de la capacidad de consumo adicional ganada por los trabajadores, tendría que ser complementada con una inmediata congelación de los precios de los bienes que integran la canasta familiar.  A quienes seduzca esta línea de acción les recuerdo que así comenzó Venezuela…

Se dice que la economía es una ciencia lúgubre. Lo es porque se ocupa de gestionar la escasez de la riqueza y las dificultades para incrementarla. Asumiendo estas restricciones toca decir algunas simplezas: (i) la dinámica del empleo depende del crecimiento de la economía; (ii) la distribución del empleo entre formal e informal es función de la calidad de la regulación del mercado laboral, la magnitud del salario mínimo y de las cargas parafiscales; (iii) el nivel de los salarios depende de la productividad de cada categoría de empleos y de la demanda por ellos.

Lo anterior no implica negar que, por razones de solidaridad y equidad, que son categorías éticas, no económicas, deba existir un salario mínimo. El de Colombia, por ejemplo, es superior al de Chile, México y Brasil. Tal vez la elevada informalidad que padecemos (62.5% de la población ocupada) obedezca a que ese piso salarial desborda las realidades subyacentes.

La propuesta del líder del Centro Democrático tiene, sin embargo, una implicación virtuosa: abre espacios para que, con el fin de acopiar con rigor técnico los mejores elementos de juicio posibles, la ministra del Trabajo de inicio a los procesos de concertación del salario mínimo que regirá para el año entrante.

Piedad Bonnett, voz inmensa de Colombia: “Antes de que lleguen los sueños donde espero soñarte / viene al galope / el oscuro tropel de los deseos. / Como musgo que nace de la piedra / del olor de mi piel nace tu piel / y de mi pecho surge tu latido”.

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