¡ A salvar la reforma!

La reforma política hay que salvarla. No es la panacea, pero va en la dirección correcta. Es un paso más, el de los cambios constitucionales, en la dirección de romper las alianzas mafiosas entre políticos y bandidos. A la eficaz acción de los aparatos de seguridad y de justicia, hay que agregar sanciones efectivas a los partidos políticos que desestimulen la vinculación de sus miembros con las agrupaciones criminales.

Por eso son inexplicables los errores cometidos por el gobierno. Por cuenta de salir a decir que sí la apoya y después sugerir su aplazamiento, aparece como el responsable de su fracaso.

Con franqueza, no entiendo los motivos. Son dos los aspectos de la reforma que no le gustan al gobierno. Por un lado, se opone a la consagración de la famosa 'silla vacía' desde la medida de aseguramiento. Por el otro, no quiere subir el umbral de votos a partir del cual se accede al Congreso.

El umbral es hoy del 2 por ciento. Se propone el 3 por ciento. Con ese aumento varios de los partiditos de la coalición saldrían del juego. Es, pues, entendible, que se opongan. Nadie firma su propia muerte política. Pero es un asunto negociable, si es que la intención de la oposición es verdaderamente la depuración de la política y no la de arrebatarle gobernabilidad al Presidente. Si la oposición no cede en este punto, quedaría en evidencia.

La 'silla vacía' no es otra cosa que la pérdida de la curul del parlamentario vinculado con los criminales. Nadie puede estar en desacuerdo con esa sanción. El gobierno ha dicho que la apoya. En donde sí hay diferencias es en el momento en el que debe entrar a operar. La oposición sostiene que debe aplicarse desde la medida de aseguramiento. El gobierno y la mayoría de la coalición piensan que sólo debe operar cuando haya sentencia condenatoria.

Por varias razones comparto la última tesis. Una, porque establecer la pérdida de la curul desde la medida de aseguramiento vulnera la presunción de inocencia. La existencia de una medida de ese tipo no significa que el parlamentario sea culpable de los delitos por los cuales se le investigan. Hay ejemplos recientes que lo demuestran: José de los Santos Negrete, el único parlamentario que la Corte ha absuelto dentro de la para-politica, fue capturado y después declarado inocente. El ex presidente Gaviria ha dicho que no se vulneraría el principio de presunción de inocencia porque la sanción es para el partido y no para el parlamentario, quien seguiría gozando de sus derechos. Lo respuesta sólo traslada el problema: ¿por qué sancionar a un partido privándolo de una de sus curules por hechos y responsabilidades no probadas? ¿Por la mera sospecha?

Además, la 'silla vacía' desde la medida de aseguramiento tiene tres riesgos que deberían evitarse en un sistema democrático: primero, incentiva el uso de procesos judiciales contra los parlamentarios con el fin de alterar las mayorías en las comisiones y en las plenarias de Cámara y Senado. Después, hace tentador el establecimiento de demandas contra congresistas por parte de sus enemigos políticos o personales. Algo de eso estamos viendo en estos días. Por último, le daría un peso político a las decisiones de la Corte Suprema que, por el bien de la misma Corte y de la justicia, no deberían tener. Sería un paso más en la judicialización de la politica.

Dos objeciones tienen quienes no están de acuerdo con esperar hasta la condena. Sostienen que pasarían muchos años para que la sanción se produjera. No es cierto: los procesos en la Corte, que son de única instancia, no duran más de un año o año y medio. Alegan que ello no considera la posibilidad de que se renuncie al fuero, en cuyo caso los procesos van a la Fiscalía y la justicia ordinaria. Tienen razón. La solución está en que cuando se renuncie al fuero para evadir el juzgamiento por parte de la Corte, el juez natural, se pierda también la curul.

Los más radicales dicen que hay que impedir que las curules sean ocupadas por otros parlamentarios de la misma lista. La tesis implícita es que los reemplazos también son corruptos. Tal sospecha no corresponde a la realidad. En el Senado, el grueso de los que entran a ocupar las curules ni siquiera es de la misma región de los capturados. Y la mayoría no ha tenido vínculo ninguno con los grupos armados ilegales. Si los hubieran tenido seguramente habrían ganado la elección. Hay, claro, excepciones. ¿Pero esa minoría justifica que se asuman semejantes riegos? La Cámara es cosa distinta y ahí sí habría que buscar mecanismos alternativos que no dejen sin representación a las regiones afectadas.

En fin, los dos temas pueden ser abordados y resueltos. Lo que no pueden hacer el gobierno y la coalición mayoritaria es dejar de ir al Congreso y hundir la reforma. Hay razones para el debate y para defender las posiciones gubernamentales.

Aun hay una luz de oportunidad, en la sesión del martes en la comisión primera del Senado. Hay que aprovecharla.