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Lucia Bastidas
Lucia Bastidas. - Foto: SEMANA

¿Se acabó la división de poderes?

Este es un mensaje contundente para todos los delincuentes que están buscando sacar provecho de esta coyuntura.

Por: Lucía Bastidas

La Fiscalía General de la Nación anunció que en medio de las manifestaciones durante el 2021 se detuvieron 658 personas, de ellos, 230 pertenecen a la primera línea, quienes se encuentran imputados por vandalismo, robo, daño en bien ajeno, secuestro, terrorismo y tortura. Y quedarán en libertad antes de nochebuena para convertirse en gestores de paz y cuidar los bienes públicos que destruyeron. Este fue el anuncio del presidente Gustavo Petro, cumpliendo con su promesa de campaña y ratificado en su discurso de posesión, argumentando que son presos políticos y simples manifestantes.

Han sido múltiples los intentos del ejecutivo y de los congresistas de la coalición del Pacto Histórico para que se dé la liberación de los “angelitos” del Gobierno nacional. Por ejemplo, la senadora Clara López firmó un proyecto de ley para que los detenidos en medio de las protestas sociales no tengan un tratamiento punitivo, sino que paguen con servicio social y comunitario. Parece que ahora sí cumplirá su promesa, pasando por encima de los jueces.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que “se trata de utilizar una figura transitoria que nos permita contar con líderes juveniles que son reconocidos en sus comunidades y que tienen la posibilidad de contribuir a la generación de la paz total y de la seguridad humana”. Uno de los interrogantes que surge es: ¿cómo van a quedar en libertad cuando promovieron el odio contra la fuerza pública, quemaron e incitaron a matar policías, destruyeron e incendiaron los CAI, amenazaron y violentaron a ciudadanos y son responsables del homicidio de Camilo Vélez Velásquez, ingeniero civil de 27 años que fue degollado por una guaya, y del asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez en Cali?

Por más de siete meses, la primera línea protagonizó desmanes en Cali, Bogotá, Popayán, Bucaramanga, entre otras. Hubo enfrentamientos en las ciudades donde reinó el caos, con bombas incendiarias, destrucción del espacio público, bloqueos en las vías, se pudrieron los alimentos, extorsionaron a los transportadores, generando escasez y aumentando el costo de la canasta familiar. No fue espontáneo, el grupo operó con una estrategia en la que se distribuían en diferentes puntos de las ciudades, actuando en contra de la fuerza pública como una organización al margen de la ley. También recibieron financiación por políticos para su sostenimiento y maniobrabilidad. ¡No eran simples protestantes!

En el 2021, en términos económicos, según el Consejo Gremial, las pérdidas totales ascendieron a los 11,9 billones. Fenalco publicó que en Colombia el comercio perdió alrededor de 3.8 billones durante el paro. Se cerraron cerca de 40.000 negocios y se perdieron 300.000 empleos.

En Bogotá, según la encuesta de reactivación económica de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 26 % de los empresarios tuvieron pérdidas por daños materiales o de mercancía, trabajaron con el 40 % de sus plantas de personal y el 12 % no pudo operar debido a que sus empleados no podían desplazarse por la ciudad.

A los daños materiales se suman los psicológicos. Hay miles de personas que hoy temen salir a la calle, que aún tienen daños en sus casas y barrios que fueron destruidos por el vandalismo. Para ellos no hay reparación, ni por el Gobierno local ni el nacional. Las víctimas, en un segundo plano.

Afortunadamente, la administración de justicia pondrá freno a cualquier intento dictatorial del Gobierno de Petro de abusar del poder presidencial. El magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, le aclaró al mandatario que quienes están privados de la libertad por actos vandálicos y otros delitos fueron detenidos de manera legal y se les ha garantizado el debido proceso.

Celebro que la independencia de la rama judicial se haya reafirmado con la admisión del estudio de la demanda al artículo 2 de la ley de paz total que abre la posibilidad de negociar con desertores como Iván Márquez, en el despacho de Jorge Enrique Ibañez, magistrado de la Corte Constitucional. Este es un mensaje contundente para todos los delincuentes que están buscando sacar provecho de esta coyuntura.

En una carta al defensor del Pueblo le pedí que intervenga, no podemos permitir que los delincuentes queden en libertad. Le pido al Gobierno nacional que tenga sensatez y priorice la reparación a las víctimas antes de premiar a los victimarios, de lo contrario, confirmará que ‘paz total’ es igual a impunidad.