¿Se salvó la salud?

No hace falta saber en qué momento, a lo largo de estos 50 años de existencia, fue que el Seguro Social se jodió. Nació jodido desde el comienzo. El Estado, al mando de unos politiqueros ansiosos de poder, decidió fracturar de hecho la división tripartita de las cargas económicas de la institución (empresarios, trabajadores y gobierno), y hacerse a un control que le generaba más egresos que ingresos.

De 1.000.000 de pesos que recibía entonces, se gastaba 1.400.000, todo con el único propósito de aumentar la burocracia o de solucionar torpemente el problema del desempleo, acrecentando sin control la nómina estatal y ofreciéndoles a los colombianos pajaritos en el aire. Claro, se trataba de un modelo de Estado garantista que comulgaba con aquella tesis de que entre más grande fuera la esfera pública, mejor. Un leviatán a la colombiana que ni siquiera Hobbes se hubiese imaginado y que todavía algunos dirigentes y sindicalistas retardatarios defienden a capa y espada.

Desde que tengo uso de razón, y desde que sé leer historia contemporánea, me consta que los últimos presidentes habían advertido sin excepción la monumental crisis del ISS. Quizá fue Alfonso López Michelsen, quien estuvo más cerca de su cierre. Eso sí, todos terminaron extrañamente beneficiados de esas crisis y ninguno se le midió a resolverla como tocaba: acabando al ISS de tajo para dar paso a una nueva y efectiva entidad prestadora de salud.
Así como hoy se espera que Mancuso y sus socios le confiesen al país todos sus crímenes, algún día tendremos que hacer audiencias públicas para que los políticos que se robaron la salud pública –y aquellos que se hicieron los de la vista gorda frente a tamaño asunto– sean sometidos al escarnio del pueblo colombiano.

Y es que hoy, cuando por fin se avizora una luz al final del túnel, vuelven a aparecer los políticos que no se resignan a perder sus gabelas y que tiemblan de miedo porque se les está enredando la posibilidad de comprar conciencias (o votos, que es lo mismo) a punta del Seguro Social.

Reunidos en Hatogrande, algunos congresistas dijeron que les preocupaba que la salud pública quedara en manos de particulares y que el Estado, mediante la Previsora Vida, debería mantener la mayoría de acciones de la nueva entidad. Puras patadas de ahogado y falacias con las que se pretende confundir a la opinión pública.

En primer lugar, vale la pena señalar que el origen parafiscal de las Cajas de Compensación, hace pensar que no son ellas entidades privadas cualquiera y que, por el contrario, su no ánimo de lucro hace que formen parte del llamado sector solidario y no del sector de los ‘particulares’ como mañosa y despectivamente denominan nuestros políticos.

Ninguna solución más efectiva y original se les ocurrió al ministro Palacio y a su equipo asesor. Las cajas de compensación que entran a hacer parte de la entidad mixta en gestación (Cafam, Colsubsidio, Comfandi, Comfenalco –Antioquia y Valle– y Compensar), cuentan con una trayectoria impecable que las convierte en candidatas idóneas.
Tan no serán ‘particulares cualquiera’ que dentro del compromiso que suscribieron con el gobierno se comprometen a reinvertir el 50 por ciento de los excedentes en la misma empresa de salud.

En segundo lugar conviene decir que si las cajas de compensación no asumen la mayoría accionaria y si la empresa no reduce sustancialmente sus cargas laborales y administrativas, habremos perdido las ilusiones y los esfuerzos, pues seguirán reinando los criterios de corrupción, tendremos miles de trámites para la toma de una simple decisión, la falta de especialidad y criterio técnico para la asignación de recursos y la operatividad de la institución se impondrán… y vendrán así todos esos lastres que se derivan de la administración estatal que ya probó ser perversa a la hora de manejar la salud pública.

No es pues una solución interesante que el Estado asuma la mayoría, como, de nuevo, claman algunos politiqueros con intereses concretos alrededor de este tema.

Quedan así pues varios retos pendientes y será interesante ver cómo se manejan las cosas. Podremos medir qué tanto pueden chantajear los congresistas a Uribe, qué tanto se deja Uribe chantajear y con qué fines, y si los colombianos se siguen soportando la ‘sinvergüencería’ de los representantes que eligen para que los roben.

Los despidos, la absorción de esos nuevos desempleados y el manejo político que sectores de izquierda y sindicalistas le den a la liquidación del Seguro Social (de su EPS por lo menos), así como las respuestas que se originen desde el gobierno, son asuntos que aún están por verse.

El modelo no es malo. Los malos son los que le pretender colgar tanto mico. El camino está parcialmente despejado; sólo la decisión política cierta y firme podrá llevarnos al final del sendero.