Se teje solución violenta a crisis de seguridad en Medellín

La crisis de seguridad que vive Medellín tiene inquietos a diversos sectores de la capital antioqueña. Los está impacientando no sólo la falta de efectividad de las medidas que ejecutan las autoridades para enfrentar la desenfrenada lucha por el control de amplios territorios urbanos que libran decenas de bandas armadas urbanas que en el pasado integraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino las afectaciones sociales y económicas que sufren por cuenta de esa situación.

Ese desasosiego surge de circunstancias como la alta deserción escolar en barrios de estratos bajos y medios donde se han invertido cientos de millones de pesos en la educación; la imposición de fronteras invisibles, delimitando territorios con pintas específicas en paredes y postes de energía; las dificultades para el transporte de pasajeros y la distribución de alimentos, bebidas y todo tipo de materiales en zonas de disputa criminal; el creciente desplazamiento intraurbano, y el cuestionable papel de algunos miembros de la fuerza pública en algunos barrios, quienes favorecen a algunos de los bandos criminales.

La impaciencia de esos sectores es muy grave, pues al parecer están tejiendo una solución violenta a la crisis de seguridad que vive esta ciudad, al estilo de las aplicadas en la década de los 90 por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) y la llamada ‘Oficina de Envigado’; los primeros, para acabar con el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y la segunda, para contrarrestar la ola de secuestros, extorsiones y robo de carros que se generó por cuenta de algunas bandas que quedaron sin oficio tras la muerte del narcotraficante y la desarticulación de su estructura criminal.

He tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas ligadas a viejas estructuras armadas ilegales que hicieron parte de ese pasado criminal de la ciudad que hoy viven fuera del país y me cuentan que “gente muy seria de Medellín” está “muy preocupada” por esa ola de enfrentamientos y por la incapacidad que han demostrado las autoridades para refrenarla.

“Están buscando gente para reforzar un grupo de allá”, me dicen. La oferta que tienen circulando en el país y fuera de él es que “se requieren hombres que tengan experiencia en trabajos urbanos, que conozcan la ciudad y que tengan fuertes contactos en los barrios”. Quienes están intentando organizar este nuevo grupo ofrecen hasta 10 millones de pesos mensuales, libres de todo, y un dinero adicional por “positivos”, es decir, por operaciones efectivas contra aquellos que están al frente de las bandas y sus subordinados.

“Esa gente tiene toda la logística necesaria: carros, motos y armas”, agregan mis fuentes, e insisten, sin avanzar en detalles, en que detrás de todo ello “hay gente seria, muy seria, que tiene muchos intereses y mucha plata volteando en la calle”. A la pregunta de qué pretende ese supuesto grupo armado ilegal, la respuesta es clara: “Poner orden”.

No es la primera vez que la ciudad se enfrenta a esa búsqueda de “orden”. Recuérdese que la persecución de Pablo Escobar Gaviria tenía como fondo no sólo su captura o su muerte, sino la recuperación del monopolio del negocio del narcotráfico para bajarle al ruido criminal que generó después de su fuga de la cárcel de la Catedral, el 22 de julio de 1992. Una vez muerto, lo que sobrevino fue una racha de homicidios y desapariciones de muchos de sus aliados y familiares para recuperar cientos de millones de dólares, en dinero y propiedades, pero más allá de eso, para consolidar el monopolio de la criminalidad, que quedó finalmente en la llamada ‘Oficina de Envigado’, bajo el mando del empresario Gustavo Upegui López y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.

Pero no sólo en la década de los 90 se han vivido luchas por el “orden” en la ciudad. A comienzos del año 2000 se libró otra guerra, esta vez entre los bloques Metro, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el Cacique Nutibara de las AUC. Con el exterminio del bloque Metro, se impuso un nuevo “orden” urbano, desde la ilegalidad, que tuvo la capacidad de regular por varios años el crimen en Medellín y municipios vecinos, en particular del sur del área metropolitana (Itagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta).

Dos hechos concretos fracturaron y atomizaron ese “orden” impuesto: el primero de ellos ocurrió en agosto del año 2007, cuando su principal gestor, alias ‘don Berna’, fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a la de Cómbita, Boyacá, y el segundo, cuando fue extraditado a Estados Unidos, en mayo del 2008. A ello se debe sumar el fracaso del proceso de reinserción de los bloques paramilitares de las AUC en la ciudad, que no ofreció alternativas colectivas serias a los desmovilizados, quienes retornaron a sus bandas armadas ilegales de origen.

Eso quiere decir que lo que ocurre hoy en Medellín y buena parte del Valle de Aburrá lleva más de dos años sin que haya habido una manera eficaz de contener ese “desorden” criminal. Por eso el temor de aquellos que hoy advierten de “soluciones violentas” para enfrentar a las bandas armadas que hoy se disputan cada cuadra de varias comunas de la ciudad, es que regresen las masacres de jóvenes, un mecanismo que emplearon en su momento tanto los PEPES como la ‘Oficina de Envigado’ y los paramilitares de las AUC.

Lo particular de esta búsqueda de “orden” es que tal como sucedió a comienzos de la década del 90, hay voces institucionales que están pidiéndole al gobierno nacional la creación de un nuevo Bloque de Búsqueda, similar al que se creó para perseguir a Pablo Escobar Gaviria, como estrategia para actuar contra los jefes e integrantes de las decenas de bandas criminales que tienen aterrorizada a la ciudadanía.

Se revela entonces la tendencia a reactivar soluciones del pasado en la búsqueda de superar la crisis de seguridad que enfrenta la ciudad. Lo que sería inaceptable hoy es que en ese intento de enfrentar la criminalidad se borren las líneas entre la legalidad y la ilegalidad, para actuar supuestamente de manera eficaz en la recuperación del “orden”.

La tensión es latente y lo que está en juego, en esencia, es la gobernabilidad de una ciudad cuyo pregonado desarrollo, al parecer, ha sido insuficiente para contribuir a superar las causas estructurales que alimentan la criminalidad.

(*) Periodista y docente universitario