Un pacto social para el sector extractivo

Las consultas populares son la más evidente expresión de la pérdida de legitimidad social del sector extractivo en el país. Pero no son la única expresión, también los bloqueos y las vías de hecho han aumentado en forma significativa. El problema no se soluciona pues acabando con las consultas porque eso es intentar buscar la fiebre en las sábanas y porque en la Colombia del pos conflicto resulta inaceptable política y moralmente pretender restringir los derechos políticos de los ciudadanos.

El reto para el país consiste en comprender porque llegamos a una situación de este tipo y tratar de construir una agenda positiva para superarlo. Lo bueno de lo que ha sucedido es que nos debe obligar a todos a pensar sobre nuestra relación con las industrias mineras y petroleras.

Para ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos tener un sector extractivo y cual es el papel que le adjudicamos en nuestro desarrollo. Creo que son muy pocos los que defienden la idea de que Colombia debe renunciar a la actividad extractiva y sus recursos. De otra parte, también deben ser pocos los que defiendan la idea de que no deben existir limitaciones y controles e incluso la imposibilidad de desarrollar ciertos proyectos por razones ambientales o sociales. Ya tenemos un consenso sobre los páramos, por ejemplo, ¿no?

Entonces, si como sociedad queremos que exista la industria extractiva, ¿por qué la animadversión reciente? Una cadena de errores y malas políticas nos han llevado al momento actual donde, similar a lo sucedido con la paz, lo que nos conviene a todos afecta a algunos de un modo distinto.

En primer lugar, la modificación de las reglas de distribución de las regalías están en la base de todo el actual drama. Con la mejor intención de regar la mermelada en toda la tostada se decidió que el disfrute de las regalías no debía ser exclusivo de las zonas productoras, sino de todos los colombianos. El problema fue que nos fuimos de un extremo al otro y pusimos a quienes sufren los efectos directos de la industria extractiva en condiciones de supuesta igualdad con el resto de los colombianos. El arreglo terminó siendo muy injusto con los territorios productores puesto que ellos sufren los impactos y los demás sólo reciben los beneficios.

Como si este mal diseño fuera poco, el gobierno se equivocó de cabo a rabo en las proyecciones de los precios de petróleo y minerales. A nuestros grandes economistas se les olvidó que la demanda se mueve por ciclos y terminaron haciendo proyecciones con base en el mejor momento de la industria. El descalabro que esa mala previsión ha afectado el conjunto de la economía y nos hace depender de que tengamos nuevas fuentes de ingresos, lo cual solo se consigue con mayor exploración y nuevas explotaciones.

Pero los habitantes de aquellos territorios donde se puede desarrollar nuevas exploraciones y explotaciones no quieren que se hagan, porque al final, se preguntan, ¿qué sacan con ello? Si los platos rotos los pagan allá pero los postres se los comen en otra parte, ¿por qué tienen que ser ellos quienes hagan el sacrificio?

Si no se modifican las reglas de regalías y se reconoce que los municipios productores merecen una compensación mayor, no habrá manera de restituir el pacto social en esos territorios porque los dineros actuales, sumados a las inversiones sociales de la industria no pueden compensar los efectos ni producir el desarrollo que esas comunidades desean.

Si queremos recuperar la industria extractiva como motor del desarrollo necesitamos abrir una discusión sincera y sentar las bases de un nuevo pacto social para el sector extractivo. Suponer que la solución es suprimir las consultas populares lo único que generará será mayor descontento y llevará a una mayor actividad social por fuera de las vías institucionales. Y créanme, las vías de hecho serán una alternativa peor.