Respeto profundamente al senador Iván Cepeda. Su formación académica, su activismo en defensa de los derechos humanos y su ejercicio de la política son valores que destaco y sobre los cuales no tengo discusión alguna. En ellos me he basado para votar por él en cada proceso electoral al que se ha presentado. Pero observando sus actuaciones de los últimos años, hay asuntos en los cuales considero que ha perdido perspectiva y eso, a mi juicio, lo ha llevado a ser poco estratégico.
Una de esas actuaciones es la persecución que ha desatado contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago por cuenta de sus presuntos vínculos con el proyecto paramilitar que padeció el país en la década del noventa y buena parte del dos mil. La búsqueda de pruebas que permitan establecer con certeza esa relación criminal es una tarea a la que dedica buena parte de su tiempo y en la que participan aquellos que trabajan en su unidad legislativa.
Supuestos nuevos hallazgos en esa materia lo llevaron a proponer el primer día de sesiones del Senado de la República, donde se estrena Cepeda, un debate contra Uribe Vélez en el que pretende examinar, según Semana.com, las “eventuales relaciones” del líder del movimiento Centro Democrático “en su época de exgobernador de Antioquia (1995-1997), con personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo”.
El debate no es nuevo. Gustavo Petro, en sus tiempos de Senador, adelantó algo similar en abril de 2007, en el que expuso una serie de evidencias que conducirían, según él, a determinar que Uribe Vélez tuvo relaciones con facciones paramilitares en Antioquia que lo llevaron a promover las llamadas Convivir (cooperativas de vigilancia y seguridad privada) como una solución de choque contra las guerrillas, varias de las cuales le fueron aprobadas a hombres que, curiosamente, acabaron en las filas de las Auc.
Aquel debate fue ruidoso y, al final, no condujo a nada concreto. Cepeda quiere renovarlo con nuevas evidencias, según me han contado, que provienen, varias de ellas, de testimonios de exparamilitares que hoy están en las cárceles. De hecho, en los últimos años, ha difundido entrevistas con varios exjefes de facciones de las Auc quienes referencian al senador Uribe como creador, incluso, de bloques paramilitares, como el llamado Bloque Metro, que operó en regiones donde la familia del cuestionado político ha tenido propiedades.
Se equivoca el senador Cepeda en su propósito de debatir sobre el mismo tema en los primeros meses de actividades del Congreso de la República, así tenga nuevos indicios. Y se equivoca no solo en el tiempo del debate sino en su estrategia. Los primeros meses de un Senado como el actual, tan complejo en su composición y frente a retos tan grandes como aprobar todo aquello que derive del proceso de paz, si se logran los acuerdos, son de acomodamiento, de observación, de análisis.
Quizá lo que busca Cepeda es justamente eso, no dejar acomodar a Uribe en su curul, pero me extraña lo poco estratégico que es este Senador del Polo: el exgobernador de Antioquia y expresidente de la República no es un tipo que se amilana ante el debate público, esas acciones en su contra lo retan, lo provocan, y así no le haya hecho huella aún a su asiento, se enfrentará a todo aquel que lo intente desacomodar con lo que mejor sabe hacer: recabar información.
El senador Uribe Vélez es un buen recopilador de información, pues tiene a su servicio extensas redes que lo nutren de datos para apalancar sus peleas. Anunciar un debate en su contra es invitarlo a activar sus contactos para conseguir información de su rival. En eso consiste parte de su peligro. No debe perderse de vista que una vez planteada la propuesta de debate, solicitó varios días para poder responderle a Cepeda. En ese tiempo son claves sus redes.
Dado el caudal de pruebas que hoy existente sobre los posibles nexos del expresidente Uribe Vélez con el proyecto paramilitar, el debate entonces no es contra él, ni contra su hermano, ni contra su familia. A mi juicio, eso es seguirse dando contra las paredes. Lo que debe hacerse es desenmarañar el entramado de obstáculos que han impedido que las investigaciones en su contra avancen.
El reflector del debate debe dirigirse al sistema judicial, tanto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara como en la Fiscalía General de la Nación. Son sus funcionarios los que tienen que dar cuenta de los procesos que se han abierto con base en numerosos testimonios de exparamilitares rendidos ante la Unidad de Justicia y Paz y los diferentes tribunales de justicia transicional, particularmente en Bogotá y en Medellín.
¿Se ha constatado lo que han dicho exmiembros de facciones de las Auc como Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, sobre Uribe Vélez? ¿Se han elaborado los programas metodológicos por parte de investigadores judiciales para constatar en terreno esas versiones? ¿De existir, cuáles han sido los resultados concretos? ¿A cuántos investigadores delegaron en esas labores? ¿Se han buscado informes de inteligencia, documentos judiciales, procesos penales, de los años ochenta y noventa en los cuales pueda haber referencias concretas al hoy Senador de la República por el Centro Democrático en su relación con grupos armados ilegales y carteles del narcotráfico?
Ya que Cepeda se embarcó en ese debate, que está a la espera de fecha para su realización, debería ser más exhaustivo en la búsqueda de responsabilidades judiciales más allá de la persona que pretende atacar en el Congreso. Hay indicios, claro, reforzados con testimonios revelados en los estrados judiciales de Justicia y Paz, pero algo pasa que eso no se investiga. Ahí radica el meollo del debate.
El asunto no se basa en decir, repetidamente, que “Uribe es paramilitar”, tal como se corea en marchas y concentraciones públicas; el asunto se centra en demostrarlo judicialmente, se le vincule a un proceso penal y se le venza en juicio. ¿Será capaz el aparato judicial de esclarecer esas sombras? Esa es mi pregunta para el debate.
*Periodista y docente universitario