Cantos de sirena

La decisión de la Jurisdicción de Paz de no permitir la extradición de Jesús Santrich y la posterior renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, en medio de llamados a la movilización ciudadana en defensa de la justicia, sin duda han generado una crisis de proporciones bíblicas. Este nuevo rompimiento que toca las fibras de la institucionalidad será difícil de reparar y llevará a una mayor polarización en una ya dividida sociedad, que no ha podido salir del maniqueísmo del Plebiscito.

En este escenario de incertidumbre ha tomado fuerza la propuesta de convocar a una asamblea constituyente para reformar la justicia y, de una vez por todas, restituir la fe de los colombianos en su sistema judicial. Aunque atractiva en medio de tanta desconfianza, esta idea es en realidad un dulce envenenado que podría terminar poniendo en riesgo las bases mismas del Estado de Derecho.

En Colombia nos acostumbramos a añadir, quitar y cambiar artículos de la Constitución como si fueran adornos de navidad, dependiendo de la coyuntura. Esa imagen maleable de nuestra carta política es tal vez la razón por la que hablamos con tanta ligereza de la posibilidad de convocar a una constituyente que borre de un plumazo lo que tanto costó construir, en medio del fuego, hace apenas 28 años. Dicen los sabios sobre las constituyentes que se sabe dónde empiezan pero no dónde terminan; con base en esa máxima tenemos que pensar en las decisiones que tomamos en medio de esta crisis. ¿Puede ser peor el remedio que la enfermedad?

Por más que reneguemos de la Constitución del 91 e intentemos achacarle todos nuestros males,  la verdad es que es un texto con una profundidad en materia de derechos que apenas empezamos a explorar como sociedad. Herramientas que hoy damos por sentadas como la acción de tutela o instituciones tan respetadas como la Corte Constitucional son hijas de la Constitución, que fue concebida por algunas de las mentes más brillantes de este país. Todo eso se pone en riesgo abriendo la puerta a una constituyente, donde se podrían incluir propuestas peligrosas como la de crear una corte única o la de derogar definitivamente  la Jurisdicción Especial de Paz.

La crisis no se puede confundir con caos; por eso, la posición que adoptaron algunos congresistas de La U, el Partido Liberal y Cambio Radical de hacer un llamado a seguir las vías ya previstas en la Constitución para salir de esta situación atípica, en un momento atípico de nuestra historia, es la actitud que tenemos que tomar como país. Ir más allá de los canales institucionales sería un acto impulsivo o, aún peor, de oportunismo político, con consecuencias profundas que durarán, en el mejor de los casos, décadas.

Mil veces hemos oído que el país está al borde del colapso y mil veces nos hemos dado cuenta que las instituciones colombianas son más sólidas de lo que pensamos. Ni Néstor Humberto Martínez, ni la JEP, ni Jesús Santrich van a ser las fichas que pondrán en jaque al Estado de Derecho. Para un fallo hay una elección, para cambiar una ley está el Congreso y para resolver las diferencias existe el debate democrático.

Dejarse seducir por los cantos de sirena de quienes proponen vías peligrosas como la Constituyente sería irresponsable y su resultado incierto. Abrir la puerta a que se reforme la Constitución podría terminar volviendo permanente una crisis que es transitoria.