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Opinión

  • | 2006/04/22 00:00

    Sobre la venta de Telecom

    En medio de la fiesta por la venta de la estatal de comunicaciones, el representante Rafael Amador, formula preguntas amargas.

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Finalmente quedó decidida la suerte de Telecom, por la cual se pagaron 371 millones de dólares por el 51% de la empresa. Con esta operación se privatiza una nueva empresa estatal y el gobierno sigue reduciendo el stock de entidades a su favor, muchas de las cuales fueron saneadas para presentarlas a los capitales internacionales.

Lo cierto es que finalmente el gobierno logró 20 millones de dólares adicionales a los que habían sido inicialmente planeados (en la primera aproximación Telmex había ofrecido 350 millones de dólares), aunque la puja comenzó cerca de 100 millones por debajo del precio finalmente pagado.

Sin embargo, sería interesante recordar un par de hechos en la privatización de Telecom, de la cual aún quedan por responder un par de preguntas. En 2003 el actual gobierno decidió liquidar la Telecom existente, creando una nueva empresa (Colombia Telecomunicaciones) con sus cuentas en cero. A cargo del Estado quedó el pasivo pensional de Telecom y por dos años los equipos y redes de Telecom iban a ser arrendados a Colombia Telecomunicaciones.

Los resultados de esta maniobra fueron una nueva Telecom que el primer año de existencia registró una utilidad cercana al billón de pesos, pero las finanzas públicas incrementaron su pasivo por cuenta de las pensiones no pagadas de Telecom. En 2005 la historia no cambió, y la nueva empresa continuó siendo una empresa rentable para el gobierno y atractiva para los inversionistas internacionales.

Con la operación realizada el viernes, se alivia la carga pensional de Telecom (esperando que realmente esos recursos se constituyan en la fuente de pago del pasivo pensional) y por ahora sería un tema menos de preocupación para las finanzas públicas.

Pero no todo queda solucionado. Se abren nuevas preguntas de las cuales nadie parece haber tomado nota aún. La primera es cuál ha sido la evolución de los contratos de joint venture que tenía la antigua Telecom, y que pueden llegar a costar cerca de 1.000 millones de dólares. Lo lógico es que parte de esos contratos fueran cubiertos con la venta de Telecom, pero parece que no es así y que el pago de los mismos va a quedar con cargo a las finanzas públicas.

La segunda es si realmente el precio pagado es consistente con los flujos de utilidades esperados por la empresa. Si las utilidades realmente fueron tan grandes los años anteriores, se podría pensar que el precio pagado por Telefónica pudiera haber sido aún mayor o, por lo menos, el precio base debería haber rondado el precio finalmente pagado. Esto va a ser una labor que la Contraloría General de la República va a tener que realizar en los próximos meses.

La tercera es qué sucedió finalmente con los equipos y redes de la antigua Telecom. Estos quedaron en el contrato con Telefónica o están en poder del gobierno y cuál será finalmente el destino que se le dará a esta red, que algunos habían avaluado en más de un billón de pesos cuando se escindió la empresa en 2003.

Con esta privatización de Telecom el gobierno cumple la meta de deshacerse lentamente de las empresas estatales y el ministro Carrasquilla de cuadrar las finanzas públicas antes de que posiblemente deje el cargo al finalizar el presente gobierno, como ya lo ha expresado en algunos círculos económicos.

* Representante a la Cámara
rafaelamador_2002@yahoo.com
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