Solo hay democracia si se respeta la separación de poderes

Muchos podrían pensar que la situación más difícil que atraviesa nuestra democracia en los últimos tiempos es por un tema electoral; sin embargo, fundamentalmente, es porque se está gobernando pensando que, estableciendo políticas en que el ejecutivo quiere imponer solo sus decisiones por encima de las instituciones de otras ramas del poder, está bien y creen que una ciudadanía demócrata las va a pasar por alto.

Este hecho va a llevar a nuestro país a situaciones muy difíciles de mitigar, tal y como está ocurriendo en otros países del continente que siguen, al pie de la letra, las órdenes del foro de Sao Paulo.

No siempre nos podemos poner de acuerdo en absolutamente todos los puntos de un gobierno, eso sería lo más antidemocrático; el disenso y el debate es lo que fortalece un sistema así y es permitido y factible que existan puntos y posiciones en los polos contrarios.

Pero una cosa en la que sí no se puede entrar ni siquiera en discusión es en la independencia de las tres ramas del poder público en Colombia: la ejecutiva, representada por el Gobierno nacional; la legislativa, por el Congreso de la República, y la judicial, por las Altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación.

Desafortunadamente, y pisoteando la Constitución, esto se está violando en nuestro país, en tanto el ejecutivo, en cabeza del presidente Petro, ha intentado, en repetidas ocasiones, invadir temas de las rama judicial con sus actuaciones políticas y discursos en los que pareciera no medir sus consecuencias.

Como sabemos, la principal apuesta del Gobierno Petro es la Política de la ‘paz total’ y, como lo he mencionado en otros artículos, creo que ninguno de los 50 millones de colombianos estamos en contra o no anhelamos que esta idea se pueda concretar de una manera apegada a la ley y a la justicia.

Sin embargo, el Gobierno y sus ministros han cometido unos errores gigantescos en la manera que han pretendido comunicar las bases de esta densa propuesta.

Estos errores van encaminados, principalmente, en tratar de cooptar espacios que competen exclusivamente a la rama judicial generando un choque de trenes que ha traído como consecuencia una inestabilidad total en nuestra democracia.

Y eso que no podemos dejar de exponer lo que está pasando con nuestras Fuerzas Militares, que las han convertido en unos sujetos pasivos de lo que debe ser su razón de ser y es la defensa de la seguridad de todos los colombianos. Pero ese será un tema que trataré en una próxima columna.

Uno de los muchos ejemplos de choque de trenes ocurrió cuando el fiscal general de la nación rechazó contundentemente la decisión del Gobierno de solicitar suspender las órdenes de captura de ciertos líderes de las bandas u organizaciones delincuenciales y de narcotráfico.

Esta solicitud fue rechazada, de inmediato, también por el defensor del Pueblo y por la procuradora general de la nación, pero el Gobierno, en vez de intentar sostener un diálogo con los Órganos de Control, manifestó que “en cuestión de horas o días se solicitará de nuevo ese requerimiento”. Una actitud desafiante y con tintes despóticos, nada pertinente para una democracia.

El Gobierno, por su parte, insiste que la Ley 2272 de 2022 les da las facultades para solicitar esas suspensiones. Pero para los entes de control esto es solo aplicable para procesos de negociación y diálogo con grupos organizados con algún tipo de estatus político, dejando muy en claro que no aplica para organizaciones de narcotraficantes.

Debemos recordar que esta no ha sido la única actuación del Gobierno en términos de inmiscuirse en funciones de otra rama. Meses atrás, la juez Bastidas puso en libertad a dos miembros de la primera línea por solicitud expresa del Gobierno nacional de acuerdo con su interpretación de la ley.

Este hecho prendió las alarmas en la Procuraduría y conllevó a que este ente denunciara a la juez Bastidas por prevaricato; además, no faltaron los comentarios de directivos de organizaciones judiciales, como el señor Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia de la Justicia, que calificó esto como “una intromisión indebida en los procesos judiciales”.

Ante esto, miembros respetables del Congreso de la Republica manifestaron su oposición en igual sentido en que el Gobierno “está avalando una impunidad total, la cual se está promoviendo erróneamente”.

Como podemos evidenciar, hoy en Colombia estamos inmersos en un caos institucional total. Este caos no va a permitir que la política de ‘paz total’, y otras que quiere imponer el ejecutivo, se lleven a cabo. No respetar a los demás poderes constitucionales va a socavar cualquier posibilidad de realizarlas.

Tal y como lo hago en la mayoría de las columnas que escribo, no me puedo solo quedar en la crítica de cada una de las situaciones que se dan en nuestro país, sino que es mi deber aportar algunas salidas que creo podrían ayudar, para que, como en este caso, la ‘paz total’ tenga los resultados que todos queremos, eso sí, dentro del marco de la Constitución y la ley.

En este sentido, debemos reconocer que este gobierno ha demostrado que tiene, no solo la voluntad de diálogo con los grupos al margen de la ley, sino que también es capaz de buscar soluciones a las situaciones que se presentan en estos procesos. Se deberían aprovechar aún más las fortalezas que tienen y comenzar un diálogo con los miembros de la rama legislativa, por ejemplo, los directivos de los partidos políticos, sean o no de coalición, los presidentes de las Altas Cortes y representantes de los órganos de control.

Entre todos pueden acordar una metodología que permita sacar adelante los proyectos del Gobierno, sin tanta polarización y con todas las bases legales como principio fundamental del acuerdo.

Estoy seguro de que si convergen todos los sectores, va a ser mucho más fácil y ágil conseguir los resultados positivos que todos, como país, esperamos se den.