En una tarde de tertulia llegaron los recuerdos de cómo transcurrió nuestra niñez e inclusive de cómo disfrutamos la juventud; el común denominador nos llevó a reconocer lo bello de nuestro país, lo orgullosos que nos sentíamos con los logros personales, familiares y de muchos compatriotas dentro y fuera del territorio nacional. Se nos hinchaba el pecho al izar bandera y reconocer que éramos colombianos, no cabíamos de alegría cuando nuestros ciclistas y boxeadores comenzaron a figurar en el escenario internacional y, más adelante, cuando otros grandes deportistas, atletas y futbolistas brillaban con sus propios méritos.

Era una época en que el respeto hacia los símbolos patrios, hacia los mayores, hacia la autoridad y hacia nuestros congéneres formaba parte integral de nuestro diario comportamiento, así como se expresaba la admiración hacia los hombres de la fuerza pública que defendían nuestra libertad; la Urbanidad de Carreño y la Educación Cívica fortalecían los principios y valores inculcados en el hogar y la corrupción; la droga, el empleo de la violencia no formaban parte del proceder social de la población. Pero es una realidad que debemos enfrentar, pues la mala interpretación del artículo 16 de la Constitución Política que habla del libre desarrollo de la personalidad, sumado a la ausencia de una justicia real y oportuna han permitido los desmanes y vandalismos que hemos tenido que soportar, especialmente motivados por cabecillas irresponsables que buscaban cosechar dividendos políticos.

Colombia es un país sui generis, donde en términos generales se puede decir que en dos siglos de vida republicana no ha existido la paz ni la tranquilidad que esperan gozar los ciudadanos de bien; somos el orgulloso mestizaje en una fusión de razas que han dado origen al hombre emprendedor, trabajador y de una brillante iniciativa, pero al mismo tiempo hay quienes, escudándose en sus orígenes, viven esclavos del color de su piel para obtener beneficios y para sembrar odios tratando de recoger tempestades. Todos somos colombianos y se supone que somos iguales ante la ley.

Otros, que han vivido en la violencia y en el delito, cubriéndose de una falsa piel de mansos corderos, tratan de convencer al país y al mundo de que son víctimas de la persecución del Estado y por ello justifican el que se hayan dedicado a asesinar, secuestrar, robar, boletear, violar niños, traficar drogas y corromper la sociedad. Qué cinismo; están tratando de invertir los valores para que los victimarios sean las víctimas y sus víctimas sean procesados por una justicia que deja mucho que desear.

El país está terriblemente polarizado y cada día se aumenta más la brecha entre quienes quieren un cambio ‘a la brava’ hacia la izquierda, mientras que los más conservadores, que aceptan cambios pero que desean progreso, libertad y democracia, están observando con temor y recelo cómo el socialismo quiere arrebatarles lo que han conseguido con gran esfuerzo a través de muchos años de trabajo, preguntándose con insistencia cuál será el futuro que nos depara la actual tendencia política.

No he escuchado a nadie que no quiera mejorar sus condiciones de vida; todos desean un mejor futuro para su familia y para sí mismos y eso se aplaude y se apoya. Para lograr ese progreso, el Estado representa un papel vital, pues dentro de sus funciones está el servir a la comunidad, promover la prosperidad, mantener el orden y hacer cumplir las leyes por todos los ciudadanos, pero lo más importante está en que debe establecer políticas públicas equilibradas para dar solución a los problemas de toda la sociedad.

El borrador al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que espera presentar el Gobierno para análisis y aprobación del Congreso, sin lugar a duda cubre temas muy importantes para favorecer a los hogares con menores ingresos, lo cual es muy significativo para el progreso de la sociedad y menciona en muchos apartes la igualdad y la equidad; dentro de este PND se destaca el interés por titular millones de hectáreas haciendo referencia al beneficio solo de diversas comunidades, demostrando que no hay ni igualdad ni equidad con los 50 millones de colombianos.

Llama la atención que el PND no habla en ninguna parte de exigir que los millones de hectáreas entregados a las diversas comunidades por los diferentes gobiernos sean empleados solo para cultivos lícitos, así como tampoco prevé que haya la expropiación de los que se dedican al cultivo de coca o amapola, pues más bien se ha escuchado del Gobierno mensajes confusos que se pueden interpretar como el deseo de legalizar estos alucinógenos en el futuro. ¿Iremos hacia una narcocracia?