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Tirando la papa y escondiendo la mano...

El cine debe financiar al cine, así lo estipula la nueva ley y lo recuerda en su columna Felipe Aljure, director de películas como La gente de la Universal, quien además critica la demanda impuesta por la Secretaría de Hacienda del Distrito, que considera inconstitucional la derogación del impuesto de espectáculos públicos que le cobran al cine. Ésta, según el director, "es la única lógica en donde la pobreza del cine debe financiar la pobreza de la ciudad".

Semana
29 de febrero de 2004

... Es la nueva película escrita por el antiguo secretario de Hacienda de Bogotá, que al asustarse frente a su propio guión le tiró la papa caliente a la nueva administración y escondió la mano derecha, o tal vez la sacó, dejando a la izquierda estrenando el segundo mejor puesto del país y teniéndose que enfrentar con la vergonzosa tarea de torpedear la ley de cine más importante en la historia de Colombia, con argumentos aritméticos superficiales que defienden la papita de la Secretaría de Hacienda Distrital pero devoran con tributante voracidad la posibilidad de todo un país de entrar por fin, con un retraso de cien años, a hacer parte del cerebro social planetario cuyas neuronas son los países con poderosos aparatos de representación que a través de sus películas han sido capaces de modificar los comportamientos y formas culturales de nosotros, los países débiles, o miopes, e imponernos su visión del mundo para luego llevarnos sin resistencia alguna a comprarles masivamente todos los elementos tecnológicos y superfluos que sus industrias producen y nosotros consumimos, con lo que se consolida la relación entre colonización cultural y conquista comercial que todos los países con cine propio entendieron desde comienzos del siglo 20, pero que nuestra capital no ha logrado comprender ya a comienzos del siglo 21.

Esta incomprensión, traducida en demandas jurídicas, amenaza con devolvernos del recién descubierto cerebro social al aparato digestivo del planeta Tierra, al cual pertenece el país así el Distrito se niegue a mirar más allá de las fronteras de nuestra hermosa y querida sabana de Bogotá.

Qué vergüenza y qué mal ejemplo el que da la capital al resto de las ciudades del país, pues su pelea es por plata y no por el bien común: pelea el Distrito por un 10 por ciento que antes de la nueva ley de cine se cobraba como impuesto a espectáculos públicos sobre el valor total de la boleta de cine, de la misma forma como se cobraba en todos los municipios del país que tienen salas de cine, y sin embargo la única que no entendió fue la capital y claro, siendo el centro de la cultura y el pensamiento nacional decidió dar ejemplo y ser la única ciudad, y tenemos más de mil municipios, que demandó la nueva ley de cine.

Pero los colmos continúan, porque además el 10 por ciento en cuestión nace como un impuesto nacional, y no como uno territorial según lo entiende el Distrito, que se creó por ley para financiar la guerra contra el Perú, la cual se terminó en el año 1932.

Y como si fuera poca carga para nuestro cine el haber tenido que financiar durante 72 años de más una guerra inexistente, también le hemos financiado al distrito durante 86 años otro impuesto del 10 por ciento, distinto del anterior, que desde 1918 se cobra bajo el pomposo título de impuesto contra la pobreza, que debió haber sido justificado por el secretario de Hacienda de aquella época con los mismos argumentos altruistas con los que la Secretaría de Hacienda actual, o la saliente, pretende hacer ver como loable el haraquiri cultural y económico que comete atentando contra la nueva ley de cine.

Este segundo impuesto sí es territorial, sigue vigente a favor del Distrito, es la única ciudad del país que lo cobra, y se lo cobra sólo al cine, lo cual por supuesto nunca dice Hacienda distrital en sus declaraciones públicas, como tampoco dice que aun después de la demandada ley de cine, puede continuar cobrando el impuesto de la guerra contra el Perú a todos los espectáculos públicos distintos al cine.

Es decir que en la lógica distrital es inaceptable que el cine financie al cine, como se ha logrado en la ley que demandan, pero es aceptable que durante 72 años haya financiado una guerra inexistente y que durante 86 años haya pagado, y continúe haciéndolo, un impuesto contra la pobreza.

Es la única lógica en donde la pobreza del cine debe financiar la pobreza de la ciudad.

En mi lógica en cambio, el Distrito no sólo debería estar avergonzado por demandar la ley de cine; desafortunadamente, la administración distrital actual ya no puede desistir, sino que debería ceder en favor de las películas colombianas este impuesto contra la pobreza que continúa cobrando después de casi un siglo de hacerlo.

Si el problema fuera de plata, que no lo es, le debe más plata el Distrito al cine que el cine al Distrito.

La actual ley de cine es el logro más importante que el país ha tenido en su historia frente a este importante fenómeno cultural que transformó la cultura colombiana y universal durante el siglo XX y que inicia el siglo XXI consolidado como el formato de representación más importante de la civilización actual, y quien tenga dudas que mire cien años atrás las calles de nuestras ciudades y que se venga en fast forward hasta hoy para ver cómo han sido transformadas en su fondo y en su forma por las películas de las culturas con aparatos de representación cinematográficos poderosos. Menos mal la nación ya lo entendió y para que no le quepa la menor duda al Distrito demandante, los ministros de Hacienda y de Cultura contestaron conjuntamente la demanda ante la Corte Constitucional poniéndose a favor del cine y en contra de la visión corta del Distrito, y como si fuera poco, los mismos dos ministros y además el Presidente de la República expidieron, tras la demanda, el decreto que reglamenta esta importante ley de cine, lo que envía el mensaje inequívoco de que el bien general de la nación prima sobre el mal concebido -bien- particular del Distrito.

Me niego a creer que mentes humanistas como las de Lucho Garzón o Antanas Mockus compartan la posición menor de esa demanda y que la gestión cultural extraordinaria que se adelanta desde el Instituto Distrital de Cultura y desde la Cinemateca Distrital sea herida en su credibilidad por una demanda soterrada y de última hora. Sería enriquecedor para la opinión pública del país conocer sus opiniones.

Que no se llamen a engaño aquellos que argumentan sin conocimiento de causa que nuestro país no quiere ver cine colombiano pues tendrán que enfrentar su ignorancia con los resultados de una investigación sobre el comportamiento del cine colombiano en los últimos 10 años, contratada por el Ministerio de Cultura y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica con Fedesarrollo y actualizada por la Secab. En ésta se establece que en los últimos diez años, la asistencia promedio a una película extranjera es de 100.000 espectadores, mientras que a una película colombiana en el mismo período asistieron en promedio 230.000 espectadores. Esto quiere decir que una película colombiana lleva más del doble de espectadores a las salas de cine que el predominante cine extranjero.

El problema radica en que mientras en el país se estrenan en un año entre 160 y 200 títulos extranjeros, tan sólo estrenamos entre 2 y 3 títulos colombianos.

Entonces la respuesta es producir más cine colombiano y esto es algo que la ley viene a apoyar, si es que la dejan nacer.

Que mire la Secretaría de Hacienda distrital las cifras está bien, pero que no sólo mire las que cuentan pesos colombianos sino también las que cuentan seres humanos colombianos. Nuestro país lleva entre 16 millones y 20 millones de espectadores al año a sus salas de cine, de los cuales más del 40 por ciento los pone Bogotá.

Es decir que mientras en un año de alta asistencia al cine, los seis millones de bogotanos hacemos alrededor de ocho millones de entradas al cine, los restantes 33 millones de colombianos que habitan fuera de Bogotá hacen las restantes 12 millones de entradas.

Siendo Bogotá la ciudad que abrumadoramente hace más asistencias al cine por habitante al año, es imperdonable que su Secretaría de Hacienda no entienda la magnitud del impacto del fenómeno cinematográfico en su ciudad.

Ya para cerrar, y sin entrar en terrenos jurídicos, argumenta el Distrito en su demanda que se derogó un impuesto en favor de unos pocos pero olvida decir por supuesto que en la misma ley se crea un impuesto nuevo que deja a exhibidores, distribuidores y productores pagando en favor del cine la misma plata que antes se iba a financiar la histórica guerra con el Perú. Aquí pues el único beneficiado es el cine y por consiguiente el país. O es tan difícil ver que los beneficiarios de que se desarrolle una industria y una cultura cinematográfica propia no son sólo los que hacen el cine sino el país entero. O piensa el Distrito que los beneficiarios de las obras viales y los parques bogotanos son los contratistas y no la ciudadanía entera...

Además de los innegables beneficios nacionales de hacer nuestro propio cine, debemos entender el enorme potencial exportador que se está gestando para esta industria en el corto y mediano plazo, pues existen cadenas de televisión continentales que emiten 24 horas al día largometrajes a todos los países de habla hispana y necesitan gran cantidad de material para cubrir la elevada cantidad de horas de emisión de su parrilla. Una cuenta superficial es que una cadena que emita largometrajes las 24 horas debe tener por lo menos 10 películas al día, y esto en 365 días al año daría 3.650 títulos por cadena al año, lo cual es una demanda enorme así se emitan muchas repeticiones y títulos de años anteriores, pues la totalidad del mercado de los Estados Unidos por ejemplo produce tan solo alrededor de 600 largometrajes al año en un buen año. Esto en un solo canal, pero hay varios como HBO, Movie City, Cinemax, CineCanal, Fox, Warner, Hallmark, etc...

Además de la desesperada necesidad de producto, esos canales también están en la carrera de conquistar el mercado de la TV prepagada en Latinoamérica, que es un mercado privilegiado en el mundo occidental, junto al de habla inglesa, pues contamos con 450 millones de hispanoparlantes que han sido unidos por la tecnología satelital que permite precisamente que estos canales emitan su señal simultáneamente por todo el continente latinoamericano, uniendo lo que antes eran mercaditos aislados en sus propias fronteras y burocracias. Divididos fuimos los parias y unidos tenemos la oportunidad de ser reyes. Ojalá la demanda del Distrito no prospere en el terreno jurídico, pues la ausencia de Colombia en este cambiante mercado de la televisión continental solo nos perjudicaría a nosotros, incluido el Distrito, y tendríamos que sentarnos a ver cómo los venezolanos, argentinos, peruanos, brasileños, mexicanos y todos nuestros hermanos continentales se devoran ese gigante ponqué a manteles, avalados por sus leyes cinematográficas locales.

Esto por supuesto, sin contar con la ventana de televisión libre continental en donde hay también grandes oportunidades para el largometraje y que se está consolidando alrededor de las alianzas de los gigantes continentales Univisión y Telemundo con los canales RCN y Caracol respectivamente en Colombia, así como con los canales más importantes de Venezuela, México, Brasil, Argentina, etc...

Qué pena que en un siglo que se abre con TLC y Alca, nuestro Distrito siga encerrado en nuestro fértil páramo.

Aunque mi tesis sería que no todo es plata en la vida pues también hay que darle de comer al alma, la injustificada posición del Distrito se las arregla para quitarle más comida al cuerpo que al alma.

P. S. Como si fuera poco todo lo que lidera la secretaría de Hacienda del Distrito contra el cine, un señor de apellido Freyre de 29 años de edad y sin una relación directa con el cine probablemente se desveló y decidió demandar de nuevo la ley de cine con argumentos aún más personales e irrespetuosos del bien común que los del Distrito, pues curiosamente arguye que la ley de cine es un tema fiscal y no uno cultural. ¿Quién está detrás de Freyre?

*Director de películas como 'La gente de la Universal'.