Las nuevas economías electorales

En este país no falta detalle. Se supone, y corre por las calles el rumor, que Colombia es una de las democracias más arraigadas y maduras de América Latina. Ese rumor se convierte en una aparente verdad y pocas voces prenden alertas tempranas, hacen notificaciones con preocupación o estudios que demuestran lo contrario. Lo que está en juego hoy en día es ni más ni menos que la preservación de un derecho fundamental: elegir y ser elegido.

En nuestra historia reciente, la democracia se ha visto amenazada por el constreñimiento al votante, situación en la cual literalmente corría peligro la vida del ciudadano al no votar por quien la mafia o el grupo delincuencial de turno determinara. En otras ocasiones, por la compra de votos a cambio de un pago monetario o en especie.

Este último caso es el que prevalece hoy. Aunque no es un fenómeno nuevo, se ha sofisticado. Ya no hablamos de clientelismo donde se aprovechan los altos niveles de pobreza y desigualdad, sumados a un ineficiente uso de mecanismos de control y vigilancia, falta de coordinación interinstitucional y debilidad partidista. Estamos hablando de que quien tenga la plata gana la elección. En muy pocas ciudades del país prevalece el voto libre de opinión. El clientelismo de antaño a derivado hoy en la llamada trashumancia o “trasteo de votos” a través de nuevas economías electorales.

Antes las propias candidaturas movían a los ciudadanos de un lugar a otro para inscribir las cédulas en un determinado puesto de votación. Pero hoy han surgido intermediarios entre las campañas y el ciudadano, y arman su propio negocio electoral, como quien prepara empanadas para vender en épocas de feria. El intermediario recoge cédulas (que por supuesto pertenecen a ciudadanos que están dispuestos a vender su voto), las inscriben en un punto de votación y arman paquetes de cédulas, paquetes que finalmente son vendidos a las campañas.

Ante éste fenómeno, y con la idea de contrarrestar ésta práctica ilegal y violatoria al derecho a elegir y ser elegido, por primera vez la Registraduría implementó mecanismos para hacer más transparente y verificable el proceso de inscripción de cédulas. La entidad estableció un sistema donde le dio acceso a la Fiscalía, a la Procuraduría, al Ministerio del Interior y a la MOE para poder verificar a diario la inscripción de cédulas. En esta operación se dieron cuenta de un fenómeno preocupante: uno de cada dos municipios presentaba problemas de trashumancia. Encontraron promedios altísimos frente al mismo departamento y frente al país.

El caso más emblemático fue el que se presentó en Puerto Colombia. Allí la registradora fue detenida por el CTI por suplantar ilegalmente al menos a 700 personas. Tras acceder a una base de datos de 2.455 cédulas inscritas en ese municipio, se encontró que solo 285 (11,6%) tenían inscrito en Puerto Colombia su registro en el Sisben y en el Fosyga, o votaron allí por última vez. El 88,4% restante lo constituirían casos de posible trashumancia.

De manera aparentemente sensata el Ministerio del Interior le dijo a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que cruzara las inscripciones de cédulas con las diferentes bases de datos del Estado. Para ello usaron las bases del Sisben, Fosyga, Anspe y ANI, pues efectivamente se trataba de bases que contenían la información de los ciudadanos que recibían algún servicio del Estado. El problema grande vino cuando se dieron cuenta de que dichas bases de datos estaban desactualizadas. Por ello algunos ciudadanos recibieron un mensaje de texto ratificando que “su cédula se encuentra en la base de datos de inscripciones dejadas sin efecto por trashumancia”, y como tal, el ciudadano deberá interponer, lo más pronto posible, un recurso de reposición ante la Registraduría municipal donde reside en caso de que hubiese cambiado de lugar de domicilio.
En Bogotá anularan dicha resolución de inscripción, pues en la mayoría de los casos se trataba de un cambio de residencia pero en el mismo municipio, en éste caso el Distrito Capital. La solución fue salomónica. La reflexión no va en contra de los ciudadanos de bien que tuvieron problemas en su inscripción de cédula. Las autoridades electorales están haciendo lo que pueden para subsanar el problema, el meollo del asunto está en cómo combatir esas nuevas economías electorales ilegales que mueven votantes como ganado al matadero.
Una de las posibles soluciones es implementar un verdadero sistema de empadronamiento. Es decir, que una vez una persona establezca su residencia en un determinado lugar, se registre ante las autoridades de dicha localidad. Eso no se ha podido hacer, principalmente, por temas relacionados con el conflicto: la gente se muere del susto de decir dónde y con quién vive.

Otra posible solución tiene que ver con el calendario electoral. Lo ideal sería adelantar los tiempos para las inscripciones de cédulas, de tal manera que las autoridades electorales tengan más tiempo para verificar y hacer una revisión exhaustiva del cruce de bases de datos. Este año las inscripciones terminaron el 25 de agosto y el 25 de septiembre se cerró el censo electoral. Estos cortos tiempos impiden un cruce adecuado. El problema de fondo es, sin duda, la falta de planeación.

Ante éste panorama, los graves inconvenientes vendrán durante y después de las elecciones. No nos asombremos si se presentan problemas de orden público en los puestos de votación y, posteriormente, venga una avalancha de demandas.

No podemos permitir que de este problema electoral –que tiene nefastas consecuencias para nuestra democracia– solo se sea consiente en épocas electorales. Es imperativa una reforma al código electoral y ésta solo se podrá hacer de manera juiciosa y coherente en épocas no electorales. Los elegidos no pueden permitir que sigamos en el statu quo. Solo ellos pueden hacer el cambio. ¡Merezcan nuestro voto!