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Opinión

  • | 2018/09/19 16:43

    A defender la tutela y la independencia de la Fiscalía

    Presentaron las ministras del Interior y de Justicia su Proyecto de Reforma a la Justicia, que tiene algunas buenas ideas, otras regulares y francamente malas otras como todo lo que se refiere a la acción de tutela y a la elección del fiscal general de la Nación.

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En cuanto a la tutela es claramente inconstitucional porque ataca uno de los ejes definitorios de la identidad de la Constitución de 1991.

El señor procurador, doctor Fernando Carrillo, compañero en la constituyente, ha salido en defensa de esta arma jurídica poderosa en manos de los colombianos para la defensa de sus derechos constitucionales fundamentales. No estará solo en esta cruzada. Hago mías sus palabras:

“La tutela es el último bastión que tienen los colombianos en la defensa de sus derechos  y no vamos a permitir que la restrinjan”.

 “Yo quiero saber cuál es la base de la propuesta del gobierno en términos de evidencia, sobre la disminución en la congestión o racionalización de la tutela; lo que creo es que admitir su restricción, es admitir un retroceso en la democracia colombiana y por eso vamos a estar a la defensa de la tutela”.

Estamos en presencia de un ataque a la Carta de Derechos y al instrumento por excelencia en manos de las personas, mayores o menores de edad, para hacerlos valer ante el desconocimiento de ellos por las autoridades, en la mayoría de los casos, y por los particulares encargados de la prestación de algún servicio público “o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

Es igualmente un ataque a la convivencia ciudadana pues es el recurso privilegiado para lograr que se respeten los derechos fundamentales cuando son amenazados o están siendo violentados. Como lo dijo Benito Juárez, el Benemérito de Las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un principio consagrado en el a.95 de la Constitución según el cual son deberes de todas las personas “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Pero resulta que uno de los grandes violadores de los derechos humanos es el Estado a través de sus autoridades, y como ya lo dije, en ciertas circunstancias también los particulares. Atacar la tutela, como lo hace este proyecto es atacar los fundamentos de nuestra convivencia.

No se quiere que haya muchas tutelas en los juzgados, cuando el énfasis debería ser puesto en que no haya violaciones a los derechos humanos en la sociedad y en el Estado. La causa de que haya muchas tutelas es porque hay muchas violaciones a los derechos humanos.

Y que no se hable para justificar algunas de las iniciativas de este proyecto de reforma, de que se abusa de la acción de tutela, razón por la cual habría que restringirla, limitarla a ciertos casos. Este no es un buen argumento porque prueba demasiado y por tal razón no prueba nada. Aquí en este país se abusa de casi todo. Por ejemplo, de la Libertad, a la cual no faltará quien la acuse de ser responsable de que se cometan todos los delitos del Código Penal, razón por la cual habría que restringirla o eliminarla con el argumento de que por cuenta de ella “el hombre es lobo para el hombre”. También se abusa de todas las acciones judiciales. Pero no por eso eliminaremos la libertad. Tampoco las otras acciones judiciales.

Como es tan frecuente entre nosotros, alteramos el orden de los factores y tomamos como causa lo que es efecto y como efecto lo que es causa. El país ha perdido el sentido de la lógica. Combatamos eficazmente la violación de los derechos humanos en materia, por ejemplo, de salud, para que los jueces no tengan que ocuparse de muchas tutelas por esta causa.  

La tutela existe, pues, porque existe la violación a los derechos humanos y ella trata en unos casos de que las amenazas de violación no se concreten, y en otros, de ponerle remedio a la vulneración que se está consumando.

Si tuviéramos una sociedad y un Estado en que no existieran violaciones a los derechos humanos no habría tutelas, por sustracción de materia. Si las providencias judiciales, aún de las Altas Cortes, no violaran, ellas también, aunque ocasionalmente, hay que decirlo, derechos constitucionales fundamentales, por ejemplo, el del debido proceso, no existiría la necesidad de la tutela respecto de las decisiones judiciales.

La tutela es una institución que no es fácil atacarla frontalmente. Por eso la manera sesgada como lo hace la propuesta presentada al Congreso por las ministras. Pero hay algo inadmisible: el que se diga que se quiere “fortalecer” esta acción judicial, cuando realmente se busca debilitarla.

Otro punto desastroso en el proyecto de reforma a la justicia es el intento de introducir por la puerta de atrás, dentro de la misma estrategia de disimulo, la elección del fiscal general de la Nación por el presidente de la república, vieja aspiración del expresidente Uribe, y que garantizaría impunidad absoluta  para los protegidos del régimen, pues sería una institución bajo la autoridad del gobierno, como la Policía, llamada “chulavita” lo era en los años de “La Violencia”, con los resultados conocidos.

Sería la manera de que surgiera el derecho a la impunidad que cobijaría a los devotos, y quizá principalmente a sus ministros delincuentes, que los ha habido, como le consta a la opinión pública. Actualmente tenemos una “Comisión de Acusaciones”, que es una garantía de impunidad para los aforados, de donde se desprende la posible comisión de delitos que se sabe no se castigarán, que ni siquiera se investigarán, lo que constituye un estímulo para seguir delinquiendo. Podría quedar vacío de contenido el siguiente artículo constitucional:

“Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: …

4.Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen”. (Negrillas, mías)

No queremos una Fiscalía al servicio de intereses políticos o de causas de este género, sino al servicio del Estado de derecho, aunque nunca es posible precaverse completamente de esta amenaza, como lo prueba la experiencia. Pero es una circunstancia susceptible de agravarse con esta iniciativa.

Debemos organizarnos para defender la acción de tutela y la independencia de la Fiscalía. En buena hora ha dado un paso al frente el procurador general de la Nación.

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