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Marco Tulio Gutiérrez

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Un buen principio

Celebramos la reforma a la justicia que por estos días pasó el Gobierno nacional, era un capitulo inaplazable, mejorar nuestra justicia es una deuda irredimible con nuestra sociedad.

22 de junio de 2021

El Gobierno nacional logró consolidar tal vez uno de los más complejos desafíos que tenía pendientes en la agenda legislativa, se trata de la reforma a la justicia que enhorabuena se implementa como una especie de salvavidas para nuestra tan lacerada y compleja justicia, aparato jurisdiccional que durante las últimas décadas ha sido objeto de la más compleja problemática: jueces investigados, fiscales con detenciones domiciliarias, magistrados sentenciados y declarados indignos, todo esto en medio de los más nauseabundos escándalos de corrupción que el país haya visto. De ahí que la necesidad de implementarse como una especie de medida de emergencia era más que necesaria, el esfuerzo del ministro Ruiz dio resultado, una apuesta sin duda que a toda luz busca la modernización de la administración de justicia en nuestro país, la cual lleva años condenada al oprobio y al abandono, basta con visitar algunos despachos judiciales en donde el polvo y las telarañas, al mejor estilo de una mansión embrujada retuercen la tranquilidad de cualquiera de los usuarios, esto sin mencionar que no solo es un problema de infraestructura, sino que lo realmente dramático es la dinámica propia de nuestra administración de justicia, la cual per se ha sido la responsable de la absurda mora judicial y la absoluta inoperancia de algunas jurisdicciones, recordemos la dinámica de la justicia contenciosa administrativa, la cual está prácticamente diez años atrasada con relación a los fallos que está emitiendo el Consejo de Estado, así las cosas era menester darle una solución inmediata a las imperiosas necesidades que nuestro aparato requiere, en este sentido la reforma básicamente parte de un principio fundamental y a la vez rector, darle a la justicia un carácter de servicio público esencial en el que toda la ciudadanía obtenga la posibilidad material de acceder a ella tal y como acontece con derechos análogos que por su especial connotación se hacen esenciales para todo ciudadano, como son los servicios públicos básicos del agua, la luz y el transporte, esta reforma entonces, parte de un supuesto filosófico trascendental y es precisamente calar en la conciencia colectiva mediante la universalización del acceso a la justicia, hoy en día desafortunadamente las circunstancias propias de nuestro entorno han alejado dramáticamente a la gente de la proximidad con la jurisdicción.

En este entender lograr materializar la universalidad de la justicia como un servicio público esencial parte de una premisa apenas elemental; se requiere financiamiento, es fundamental que para que se hable de un servicio general capaz de cubrir las necesidades fundamentales de protección de toda la ciudadanía se requiere un músculo financiero de marca mayor, por ello, la reforma prevé una financiación sin antecedentes en la rama judicial, y ante dicha situación la justicia estará dotada de herramientas de tecnología de la información, que no solo la harán más eficaz sino que a su turno la harán mucho más próximas a la gente, de ahí que es importante que aprendamos de las buenas prácticas y situaciones que nos ha traído la pandemia, la virtualidad se tornó en una nueva realidad en la administración de justicia, de ahí la importancia de seguir profundizando estos avances, es necesario entender que la ciudadanía ha percibido una absoluta mejoría desde el principio de la pandemia, con el tránsito a la virtualidad es incuestionable que muchos despachos adoptaron medidas más dinámicas y eficientes que han permitido que la ciudadanía se sienta satisfecha por la facilidad de presentar una demanda a través de correo electrónico.

Por otro lado, la reforma apuntó a resolver un asunto que llevaba años esperando a ser resuelto; el Consejo Superior de la Judicatura, la estructura de esta entidad ha estado empañada por diferentes interrogantes que la ciudadanía ha tenido en torno a su funcionamiento, pues a toda luz la Constitución le dio a la mentada entidad una cantidad de atribuciones que deambulaban de lado a lado sin que se lograra ver materializados sus principios, sin embargo, la reforma puntualiza en el perfil orgánico de la entidad consolidándola como el ente rector de gobierno y administración de la rama judicial, dotándolo con plena autonomía en pro de lograr una mejor y más próxima justicia para todos los colombianos, y en este entender, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá la capacidad funcional de crear, suprimir o fusionar despachos bajo un supuesto administrativo que obedezca a los principios de planeación y participación en donde lógicamente se obedezcan las necesidades sociodemográficas de los diferentes territorios de la geografía nacional, esto significa que a mayor demanda se podrán crear nuevos despachos, clamor que una ciudad como Bogotá que reclama a gritos desde hace décadas, en donde cada vez se hace más imperioso que las localidades de esta megaurbe cuenten con una administración de justicia autónoma y en especial sintonizada con la ciudadanía, con sus necesidades y en especial con su realidad. Para nadie es un secreto que aquel ciudadano que reside en Suba y debe incoar una demanda en la carrera 10 con calle 14, su acceso a la administración de justicia termina convirtiéndose en un complejo malabar en el que debe sortear el inclemente tráfico bogotano para lograr acceder a este servicio, de ahí que esta reforma puede consolidarse como una verdadera oportunidad de darle al ciudadano lo que más requiere; acceso fácil, gratuito y eficiente a una justicia que brille por su efectividad y no por la tardanza o mora.

En fin, se trata de una iniciativa sintonizada con las apremiantes necesidades que nuestro país requiere y que deben ser solucionadas cuanto antes, la participación parietaria de mujeres en las listas para las magistraturas, los incentivos al uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, la posibilidad de implementar herramientas flexibles para tomar medidas de descongestión y así lograr agilizar los procesos sobre la base del análisis del volumen procesal de ciertos despachos, la implementación de análisis estadístico y analítico que permitan tener bases de seguimiento en tiempo real sobre la administración de justicia, y lo más importante, la creación de un sistema de rendición de cuentas para que la ciudadanía esté enterada de la realidad de la rama judicial, de sus aciertos, de sus desafíos pero principalmente de su cotidianidad, era necesario hacer que la justicia llegare de nuevo a las manos de los más necesitados y modificar esa equívoca concepción en la que la justicia es un privilegio solo para algunos.

Celebramos el real empeño del Gobierno nacional y especialmente del ministro Ruiz de hacer esta reforma una realidad, claro que aún existen temas de vital importancia para ser evaluadas, pero al menos esto es un principio que a toda luz merece ser resaltado, Dr. Wilson es hora de dar prioridad a temas de vital importancia como el sistema pecuniario, su modernización y ampliación, la construcción de nuevas cárceles, un sistema de monitoreo para las detenciones domiciliarias eficaz y que le produzca rentabilidad a la rama judicial, tal y como pasa en Estados Unidos donde los brazaletes han de ser costeados por los mismos prisioneros. Hay todo un catálogo de necesidades que seguro serán revisadas, pero al menos este es un gran principio.