Home

Opinión

Artículo

Un compromiso con el futuro

Las recientes recomendaciones de la Comisión de Reparación ya dejan entrever cuán incierto y culebrero es el camino que nos espera para alcanzar la debida reparación de las víctimas del conflicto armado. Pero, a la vez, revelan la gran oportunidad que tenemos.

Semana
12 de mayo de 2007

A un grupo de desmovilizados de la AUC en Medellín se le ocurrió convertir una pequeña quebrada del barrio donde antes fumaban marihuana y amedrentaban a los niños que debían pasar por allí camino a la escuela, en un sendero ecológico. Tumbaron el tenebroso cambuche que allá tenían, limpiaron la basura y construyeron un puente. Fue un aporte a la reparación de la comunidad. Sanaron simbólicamente una herida que habían abierto. El gesto ayudó a que la gente del barrio empezara a reconciliarse con ellos.

Este modesto ejemplo revela la enorme oportunidad que abre para la sociedad colombiana poder reparar a centenares de víctimas del conflicto armado y sembrar así una reconciliación duradera. Pero, a la vez, este ejemplo deja ver la complejidad que tiene una reparación: que los victimarios tengan la humildad de reconocer el perjuicio que han causado y estén dispuestos a resarcirlo; que una comunidad lo comprenda y pueda perdonar; que el Estado supervise para que esos actos sean legítimos.

Ahora que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) acaba de hacer públicas sus recomendaciones sobre cómo se debería reparar a las víctimas del conflicto, se podría decir que arranca oficialmente la tarea de la reparación. La Comisión definió las reglas del juego. Primero, que sólo podrán ser reparadas por vía judicial las víctimas de quienes estén inmersos en la Ley de Justicia y Paz. Es decir, ni las víctimas de las Farc, ni las de los grupos guerrilleros que fueron indultados o amnistiados hace 15 o 20 años, ni las de personal del Ejército o la Policía, pueden pedir legalmente que las reparen. ¿Por qué esa limitación? Porque se requiere que sean los victimarios cobijados por la Ley de Justicia y Paz los que principalmente asuman la reparación, para poder obtener los beneficios judiciales, como penas cortas por crímenes atroces.

Es que reparación no es sólo una compensación económica por los daños causados físicos o morales o por lo que dejó de ganar la víctima debido a la agresión (dejar su tierra, abandonar su trabajo, la muerte de la cabeza de la familia, etc.). Esta indemnización es apenas uno de los cinco aspectos de la reparación, según la define la Cnrr. Los otros son la restitución, que implica devolverle a la víctima sus tierras u otras pérdidas que sean recuperables. La rehabilitación, que implica ayudarle a la víctima a recuperar sus habilidades físicas o mentales traumatizadas por los agresores. La satisfacción, que implica restaurarle la dignidad a la víctima, que sepa la verdad de quienes y por qué la perjudicaron, que le devuelvan su buen nombre si lo ensuciaron (le dijeron que era guerrillero y no lo era), y que le pidan perdón. Y la garantía de la no repetición, es decir, que esa víctima no va a volver a ser sujeto de agresiones.

Son los ex paramilitares los principales responsables de la reparación judicial. Si entregan sus bienes para indemnizar y rehabilitar, devuelven las tierras usurpadas para restituir, cuentan toda la verdad de lo que hicieron, piden perdón y no vuelven a ser violentos, entonces la sociedad les da el beneficio de una pena corta y la posibilidad incluso de que participen democráticamente en política. En un mundo ideal, ni el Estado ni la Justicia les darían beneficio alguno si no cumplen todos estos requisitos.

Ahí viene la primera gran complicación: ¿Tiene el Estado colombiano el suficiente poder político y militar para hacerlos cumplir la ley? Y lo que es todavía más preocupante: ¿Están la Fiscalía y los magistrados de Justicia y Paz dispuestos a quitarles los beneficios a aquellos jefes de las AUC si se prueba que no cumplieron con sus víctimas? Se desprende de las recomendaciones de la Cnrr que así de claro debería ser el mensaje a los victimarios, y así de firme la defensa de las víctimas. No es un radicalismo. Es la única forma de conseguir una reconciliación duradera.

Claro que la Comisión también le da un rol muy importante al Estado en la reparación de las víctimas. Debe contribuir al fondo de reparación si los bienes aportados por los desmovilizados son insuficientes; debe contemplar indemnizar a las víctimas con pérdidas irreparables con pensiones o con capacitación; debe encontrar mecanismos para restituir tierras que no tienen títulos, entre otras medidas. Es más, la Cnrr anuncia que presentará un Programa Institucional de Reparación Colectiva, que espera se vuelva ley, para atender a las víctimas que no consigan sus reparaciones en forma individual en los tribunales. Y ese programa administrativo, que pretende cubrir a todas las víctimas y no sólo a las asociadas a la Ley de Justicia y Paz, necesita convertirse en política pública y contar con las asignaciones de presupuesto debidas durante varios años.
A la Justicia le pide investigar con “diligencia y seriedad” para encontrar la verdad, tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de las víctimas y no exigirles pruebas imposibles, y crear condiciones especiales para recibir y evaluar los testimonios de las mujeres vejadas, entre otras.

Asegura además la Comisión que no será posible garantizar que los crímenes no se repitan, si no se reconstruyen los organigramas de los grupos ilegales, se identifican a los integrantes, y “poner de manifiesto, si fuese el caso, los vínculos ocultos que hayan mantenido con funcionarios activos, en particular, los pertenecientes a los organismos de información y seguridad”.

Las recomendaciones de la Cnrr pueden quedar en un catálogo de intenciones loables, con algunas pocas buenas ideas mal llevadas a la práctica. Son muchos los riesgos. El principal, por supuesto, que los victimarios no cumplan con las víctimas y aun así obtengan los beneficios jurídicos. Pero también que unos jueces malintencionados hagan negocio con los abogados para otorgar indemnizaciones enormes de las cuales las víctimas verán poco; que las víctimas sean vueltas a victimizar por los funcionarios que les piden cientos de papeles imposibles; y que quienes se atrevan a hablar sufran retaliaciones (ya van varios líderes de víctimas asesinados). También que el Estado no asuma la reparación por vía administrativa con políticas concretas y recursos. No es pesimismo, es la historia que hemos visto repetirse muchas veces en Colombia, cuando se trata de cumplirle al ciudadano de a pie y sin poder.

Sin embargo, si la sociedad colombiana –empezando por nosotros, los medios de comunicación– hace un esfuerzo grande por vigilar el proceso de reparación, hacerlo transparente y visible, por potenciar las voces de las víctimas, habrá una mayor probabilidad de que éstas sean reparadas debidamente. También abrirá la puerta para lograr la desmovilización de los grupos que siguen armados y la reparación de sus víctimas.

No es una misión imposible. Cuando Colombia ha resuelto que algo es urgente y prioritario, lo ha sacado adelante en forma eficaz y exitosa, por ejemplo, la reconstrucción de Armenia después del terremoto. Hoy lo urgente y prioritario es hacer bien esta reparación. No podemos dejar pasar esta oportunidad única. Es el compromiso que tenemos con las generaciones futuras: dejarles un país con una paz verdaderamente sostenible.


Noticias Destacadas