Un Derecho sin respuestas

En Colombia contamos con más de 1.600 leyes vigentes de aplicación cotidiana. Hay unas 20.000 normas obsoletas que están en proceso de revisión pero que todavía siguen en pie en la mayoría de los casos. Existen 20 códigos que hablan de lo divino y lo humano y 16 Estatutos Nacionales que se ocupan de temas especializados, sin contar los miles de decretos que se han expedido desde la Independencia hasta hoy.

Cualquiera se imaginaría que, con semejante inflación legislativa, para cada controversia existe una solución jurídica clara y expresa. No obstante, la verdad parece muy distinta y el ordenamiento jurídico colombiano es la muestra fehaciente de que ‘más’ no siempre es sinónimo de ‘mejor’.

Ninguna de esas disposiciones legales que tenemos ha podido, por ejemplo, aclararnos si quien debe destituir al alcalde de Bogotá es el presidente o el procurador, o si las medidas cautelares que provengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son de inmediato y obligatorio cumplimento, o si una tutela puede echar por el piso una decisión del Ministerio Público.

Es verdad que el derecho es imperfecto e incompleto en cualquier latitud y que se debe ajustar a las dinámicas sociales que le demandan reformas de tanto en tanto. Nuestra normatividad, sin embargo, es enredada, ambigua y diseñada para hacernos la vida un poco más difícil de lo que ya es.

Si a esto le sumamos que quienes deberían interpretar las leyes o sacarnos de duda en caso de confusión padecen de un desprestigio descomunal, la tragedia colombiana se vuelve todavía peor.

El novelón frente a la destitución de Petro deja claro que en Colombia el derecho nacional no cumple su misión más importante: ofrecer certezas jurídicas y ponerles a las controversias puntos finales. Al contrario, se acude a él para embolatar más las cosas y frente a todas estas leyes inciertas se ha creado una indeseable multiplicidad de interpretaciones por parte de operadores judiciales que –ya lo hemos dicho– carecen de toda credibilidad.

El caso reciente del magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ayuda a entender por qué, según diferentes encuestas, más del 70 % de los ciudadanos no creen en la justicia.

Un funcionario judicial que calla sobre el empleo de su esposa cuando ese dato resulta absolutamente relevante para el caso que se encuentra bajo su estudio genera explicable desconfianza y escepticismo entre la opinión pública. Si quienes deben ayudarnos a entender la Constitución y la ley son tan controvertidos como Armenta, ¡apague y vámonos!

Pero quienes están al otro lado de la baranda judicial tampoco ayudan mucho. ¿A qué horas volvimos las herramientas del derecho formas de ganar tiempo y dilatar ciertas decisiones? Pero, más aún, ¿a qué horas permitimos que los abogados que hacen eso pasen impunes y nadie los discipline por temerarios e irresponsables?

Un derecho que ofrece más dudas que respuestas está condenado al fracaso y la Nación que vive con el alma prendida de sus incisos –como diría Alzate Avendaño– merece la suerte, y también los gobernantes y jueces que tiene. Pobre país.

En Twitter: @JoseMAcevedo