¿Un magistrado vasallo?

A no ser que ocurra un imprevisto de última hora, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional que va a reemplazar a Humberto Sierra Porto, será Alberto Rojas, un ‘lobista’ del Congreso bastante gris y con alma de vasallo.

No se le conoce trayectoria como jurista y aunque varios congresistas liberales me dijeron que lo apoyaban porque era un hombre con tesis liberales en aspectos como el aborto y los matrimonios gays, en realidad a Rojas no se le conoce ninguna declaración en un sentido ni en otro. En cambio lo que sí se sabe de él es que es un hábil politiquero y cuidadoso manzanillo. Esta columnista ha podido establecer que tras su paso por la Procuraduría de Edgardo Maya, donde fue procurador y viceprocurador encargado, se dedicó a ofrecer sus servicios gratis a los congresistas con procesos por pérdida de investidura en el Consejo de Estado a cambio de que lo postularan a cuanto puesto estuviera vacante. 

Sus servicios fueron retribuidos y en el Congreso son muchos los congresistas que están en deuda con él. Sobre todo en el Partido Liberal, que desde hace diez años lo tiene como candidato para todo. Obviamente Rojas no abreva solo en el liberalismo. Cuando fue postulado por el Consejo de Estado en la terna para contralor, su jefe de campaña fue Zulema Jattin vinculada al escándalo de la parapolítica y su protector, Mario Fernández, un notario muy influyente, goza de fuertes relaciones con el expresidente Álvaro Uribe. En la pasada elección de contralor, Rojas comenzó como favorito y según varios congresistas hizo una campaña en la que les ofreció a los políticos todos los puestos de la Contraloría, si le daban su voto, pero perdió a último momento contra Sandra Morelli.   

Ahora entra en esta recta final nuevamente como favorito y por lo que se ve en esta ocasión luce imbatible. Santos no le ha dado el guiño, pero su silencio es elocuente y se ha entendido como una señal de que lo apoya tras bambalinas. 

Los otros dos ternados no tienen la ascendencia que Rojas posee en el Congreso a pesar de que pueden mostrar una trayectoria que envidiaría Rojas. Martha Lucía Zamora, quien se desempeña como jefe de fiscales ante la Corte, es frentera y no le tiembla la mano a la hora de enfrentarse a los poderes de facto. En la Fiscalía estuvo detrás de casos como el de Dragacol y, como magistrada auxiliar de la CSJ, ayudó a sustentar el proceso por la masacre de Segovia que hoy tiene tras las rejas a varios militares y a políticos como César Pérez García. 

Su único lunar es del tamaño de la catedral: fue la fiscal que insistió en tener tras las rejas al exdiputado del Valle Sigifredo López una vez se cayó la prueba del video aportada por la Dijin. La Zamora le dio validez a una serie de testigos que empezaron a aparecer y que posteriormente resultaron ser falsos. Errores de esta magnitud no los puede cometer un magistrado de la Corte Constitucional porque los efectos podrían ser letales para la institucionalidad. 

Alejandro Linares tiene la trayectoria que amerita el cargo, pero de los tres, es el menos conocido. Sin embargo, esa falta de visibilidad paradójicamente podría convertirlo en el mejor candidato: no viene de ese mundo incestuoso en que se ha convertido la rama jurisdiccional, del que sí viene la Zamora, y tampoco tiene amarras con el Congreso, como las tiene Rojas. 

No hay duda de que Linares es el candidato más independiente de los tres, pero no lo van a elegir porque no les conviene.    

Si el Senado elige a Rojas, como parece, quedará demostrado que para llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional no se necesita ser un gran jurista sino un politiquero. Significará también que al presidente Santos no le importa que la discusión constitucional que se va a dar en la Corte sobre esa nueva Colombia que tendría que surgir si se llega a firmar la paz en La Habana, la terminen dando los peores constitucionalistas y no los mejores. Y quedará claro, igualmente, que en materia de candidatos a puestos de gran importancia institucional el Partido Liberal prefiere pensar en su propio peculio que en el país. Ese partido llevó a la Defensoría del Pueblo al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Jorge Armando Otálora, y desde que él entró a su despacho sus esfuerzos los ha invertido no en el fortalecimiento de la política de derechos humanos de cara a las víctimas, sino en repartición de las  defensorías regionales a los políticos que votaron por él, con miras a las elecciones de 2014. 

Probablemente esas sean las mismas razones por las cuales Rojas va a ser elegido: porque la mayoría de los congresistas no quieren un jurista en la Corte Constitucional sino un vasallo.