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Opinión

  • | 2007/05/05 00:00

    Un modelo inviable

    A propósito del escándalo ocurrido en Bogotá, Ernesto Parra Lleras va más allá y explica por qué el actual sistema catastral en Colombia no es el adecuado para el país del siglo XXI.

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La actualización del catastro de 700.000 predios y el aumento de los avalúos provocaron la reacción adversa de la sociedad bogotana. Como suele suceder cuando se incrementan los avalúos, el desconocido catastro se vuelve noticia, motivo de controversia y presa fácil de políticos en vísperas de una campaña electoral. Además, es bien sabido que generalmente los gremios aprovechan para lograr ventajas tributarias mientras las entidades catastrales revisan el proceso de actualización.

Lamentablemente, en esta ocasión la Contraloría Distrital encontró graves errores en las diferentes etapas del proceso de actualización, comoquiera que la información física, económica y jurídica que soportaba el proceso no era confiable.

El alcalde Garzón no pudo, como en otras ocasiones, defender la institución catastral cuando el proceso estuvo bien hecho, lo que llevó a un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación en el sentido de aplazar el proceso de actualización en su integridad, lo que supone un detrimento patrimonial para las arcas del Distrito en cerca de 50.000 millones.

El punto crítico radicó en la revisión de la actualización catastral de 461.746 predios contratada con la firma consultora Consorcio Actualización 2006. La decisión del aplazamiento dificultará el proceso de conservación del catastro en toda la ciudad, pero es dable pensar que, adicionalmente, habrá otros efectos, como los costos en pleitos jurídicos para recuperar los dineros que pagó al contratista por un trabajo que no sirvió, y los costos no cuantificables representados en repetir el proceso y las incomodidades que ello supone para el contribuyente.

No se entiende por qué la actual administración del catastro distrital contrató con una firma la actualización del catastro, si las anteriores administraciones habían llegado a la conclusión de que esto no era conveniente bajo ninguna circunstancia. Las últimas actualizaciones del catastro de la ciudad las había hecho directamente el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, contratando y supervisando el personal técnico, operativo y administrativo necesario. A pesar de las malas experiencias que se tuvieron en su momento con firmas contratistas encargadas de hacer el trabajo que correspondía a Catastro Distrital, amén del alto costo en que se incurrió, la actual administración del Catastro contrató con una firma sujetando el proceso de seguimiento y supervisión a funcionarios de la entidad, cuando lo que procedía era una interventoría especializada.

Pero quizá la causa principal de los errores fue un programa de actualización mal diseñado. No era necesario visitar, revisar y actualizar la información de todos los predios, sino la de aquellos que habían cambiado de uso, o tenían modificaciones sustanciales en su construcción, variables que se habrían podido detectar con imágenes de satélite o fotografías aéreas, lo que hubiese simplificado y disminuido el costo de los procesos de actualización catastral.

Todos estos problemas que ejemplifican el fracaso de la actualización del catastro de Bogotá ponen en evidencia que el actual sistema catastral en Colombia no es el adecuado para el país del siglo XXI. Desde 1992, la política neoliberal disminuyó el tamaño del Estado, redujo las plantas de personal de las entidades y dejó las mismas funciones con una complejidad y un universo creciente. En 1985, Bogotá era responsable del catastro de 904.042 predios, y el Igac, de 4.298.397. Para el año 2006, tenían 1.885.961 y 8.348.397 de predios, respectivamente, pero su personal técnico se había reducido a la mitad, todo lo cual condujo a que las entidades catastrales tuvieran que verse avocadas a contratar sin supervisión eficaz y eficiente sus actividades.

El problema del catastro en Bogotá es un campanazo de alerta al gobierno nacional y al Congreso de la República para que, antes de que se destruya por completo el sistema nacional de catastro, se diseñe e implemente un modelo para el país del siglo XXI. El modelo que hoy rige es el mismo de 1935, con algunas modificaciones introducidas en 1983. Pero, a partir de 1995, las actividades catastrales se hacen por contrato con terceros, el Estado no tiene capacidad de control sobre sus contratistas, y el Igac sólo las lleva a cabo en aquellos municipios en que pueden financiarlas.

Si el gobierno nacional no da un viraje en esta materia, la experiencia de Bogotá estará condenada a repetirse, para beneficio de políticos inescrupulosos y sectores de los gremios, siempre prestos a pescar en este río revuelto.

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