Un pleito educativo

La pelea entre las Cortes por la reforma de la justicia va a embolatar la reforma pero en cambio está aclarando por qué no existe justicia.

De entrada, no hay justicia porque cada uno de los altos tribunales invocó aquellos ''principios'' que por pura coincidencia les servían a sus propios intereses. La prueba de tamaña mezquindad es sumamente

simple: las opiniones de cada tribunal fueron adoptadas por unanimidad, como si en temas tan complejos no fueran casi obligados los salvamentos de voto.

Lo que hay pues es una lucha de poder entre las Cortes -y por supuesto entre ellas y el gobierno, cuya intención es librarse de sus estorbos-. Pero eso no implica que el pleito no tenga fondo ni que las cosas estén bien como están.

De hecho, las principales culpas que se achacan a la Corte Constitucional no son culpas de la Corte sino de la Carta. Esto vale respecto de la justicia y de la política económica -que son las dos manzanas en discordia-:

-La Carta, para empezar, puso cuatro cabezas al frente de la justicia; lo mismo hicieron varios países vecinos, y en todo ellos el resultado ha sido la confusión. Más peculiar fue la idea de tutelar ''los derechos fundamentales mediante un procedimiento preferente y sumario ...(en un plazo) de 10 días'' (art. 86); esto en la práctica ha hecho que la tutela sea el único medio de acceder a la justicia, o sea que entre nosotros la tutela es la justicia. De aquí el recargo, el exceso y -también- el peligro de ponerle cortapisas.

-Las sentencias costosas para el ISS y similares se deben, casi todas, a que la Constitución -no los jueces- manda que se pague así. La prohibición de congelar salarios oficiales o la de ponerles tope a las pensiones no son inventos de la Corte, sino mandatos expresos de la Carta. Y es que en 1991 hubo tanto optimismo en los derechos que, más que una Constitución para cumplir, se proclamó una lista de aguinaldos.

Y aunque suene zumbón debo añadir que acá no faltan empleadores y clínicas que violen los derechos mínimos de la gente, ni ministros y Congresos que se salten bonitamente un trámite en la ley del plan o en la de presupuesto. De eso no tiene culpa la Corte.

Es más: aunque en derecho todo es discutible (o por lo menos eso piensan muchos) dice la Carta que la Corte Constitucional sí prima sobre los otros tribunales, pues a ella ''le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución''(art. 241). Y sin embargo esto tampoco implica que la Corte esté libre de pecado:

-Primero porque, importando doctrinas posmodernas, se ha metido a legislar y a menesteres que no le corresponden (vía, digamos, ''sentencias integradoras'', audiencias claramente políticas, o revisión de cosa juzgada).

-Segundo porque, aunque todo es discutible, hay casos creo yo bien claros, en que la Corte se salta la Constitución. Para citar uno de actualidad, es el caso del decreto que declara un estado de excepción, cuyo fondo revisa la Corte sin tener facultad, porque ésta expresamente se reduce a los ''decretos legislativos'' esto es, a aquellos que se expidan bajo el estado de excepción.

-Tercero (y de gran actualidad) porque la jurisprudencia colombiana no ha incorporado el criterio de las ''externalidades'', es decir, del costo que para alguien distinto del demandado puede tener el fallo del tribunal. Por ejemplo: lo que el ISS gasta en atender una enfermedad catastrófica es un costo que en efecto no recae sobre el ISS sino sobre los pacientes del futuro.

Y sin embargo en un Estado de derecho, todos, hasta la Corte Suprema, debemos acatar la interpretación que de la Carta haga la Corte Constitucional. Es la regla de oro en una democracia: jugar el juego según las reglas preestablecidas, y por mucho que a uno le disguste el resultado.

Y eso, lamentablemente, es lo que no hace la Corte Constitucional cuando se mete, no a interpretar la Constitución vigente, sino a opinar a favor o en contra de su reforma. Cambiar la Constitución, aun de manera drástica, es un asunto estrictamente político donde la Corte, salvo en aspectos de forma, nada tiene que decir.

A mí, como a los magistrados de la Corte, el proyecto de Sabas me parece malito. Pero ese no es el punto: el punto es que somos los ciudadanos y los congresistas quienes debemos dirimir el asunto. A la Corte le cabe cumplir y hacer cumplir las reglas de juego actuales.