Una Ley de sometimiento para la justicia

El proyecto de ley sometimiento, con el que el Gobierno Petro busca “desmantelar” las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, inició su trámite en el Congreso de la República. En otras palabras, inicia el proceso de aprobación de una herramienta jurídica para que estructuras como el Clan del Golfo y carteles del narcotráfico, entre otros, reciban beneficios sin precedentes a pesar de haber asesinado, violado, secuestrado y llenado nuestros territorios, ciudades y comunidades de drogas, extorsión, violencia y zozobra.

En pablaras del ministro de Justicia, “(…) Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano, el Estado les otorga a las estructuras un tratamiento penal más benigno que el ordinario”.

Es así como con esta “generosa” ley, sin importar la gravedad o magnitud del delito cometido por los miembros, patrocinadores o gestores de un Grupo Armado Organizado (GAO), su pena máxima será de ocho años. El secuestro, homicidio, violación y terrorismo que fácilmente en el sistema penal ordinario enfrentarían penas superiores a los 30 años de cárcel; quedarían reducidos a esta bondadosa pena.

Esto quiere decir que en la práctica, en Colombia, será más grave falsificar un documento privado cuya pena puede ser de hasta nueve años, o cometer un hurto calificado cuya pena podría llegar hasta 14 años, que ser un homicida, torturador, secuestrador y terrorista; eso sí, con la condición de pertenecer a un GAO.

Estas situaciones fácticas, por sí solas, deberían ser suficiente para prender las alarmas de todo un país que ya ha conocido las consecuencias de la impunidad. Sin embargo, lo más grave es que estas penas -máximas de ocho años- serían la excepción.

La regla general de este proyecto de ley, tal como lo establece el artículo 15 y 16, es que los miembros de estas organizaciones criminales gozarían de la aplicación del principio de oportunidad, cuando se trate de delitos como concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal.

En otras palabras, el Estado estaría renunciando a la persecución penal conllevando a que la gran mayoría de estos bandidos se vayan para la casita, a disfrutar de las bondades del ‘gobierno del cambio’, con impunidad total.

No deja de sorprender que este proyecto surge por iniciativa de los mismos que en su momento criticaron y denunciaron el proceso de Justicia y Paz, por considerarlo exageradamente beneficioso para los paramilitares. Personas como Iván Cepeda o el mismísimo presidente Petro,construyeron una narrativa de impunidad y favorecimiento hacia estos criminales, porque para ellos –en ese entonces, claro está- ocho años de cárcel para los jefes paramilitares no sólo eran insuficientes, sino casi la confesión de una conspiración criminal para beneficiarlos.

Pero ahora a estos defensores de la justicia y la igualdad, ¡una pena entre seis y ocho años de cárcel les parece maravilloso, generoso, benigno y adecuado, sin contar los que nunca serán siquiera condenados a cárcel al acogerse al principio de oportunidad. Esta es la indignación selectiva a la que nos tienen acostumbrados quienes hoy gobiernan a Colombia. Exigen justicia, pero son los primeros que salen a darles beneficios y gabelas a los delincuentes.

Basta una leída juiciosa del proyecto de ley para entender que estos artículos consagran el sometimiento de la justicia ante los criminales y no al revés. Colombia viviría la capitulación del Estado a judicializarlos y la impunidad total a sus crímenes. Su aprobación impedirá a fiscales y jueces solicitar e impartir penas justas y necesarias para quienes han causado tanto daño a nuestro país y sería, sin dudad alguna, un golpe devastador para una fuerza pública que ya ve limitada su capacidad para garantizar la libertad y el orden en el territorio nacional.

Hacen bien la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en alertar al país sobre las consecuencias de esta nefasta norma, que somete a la justicia y pone en riesgo el equilibrio del sistema penal, pues habría, por un lado, beneficios exagerados para los peores criminales y, por el otro, penas severas para el delincuente común, lo que acabaría sin duda alguna las bases de nuestro sistema penal, pues los únicos sometidos serán los jueces.

El Congreso y los colombianos estamos advertidos, las consecuencias de su aprobación debilitarían de manera irreparable nuestra justicia y la capacidad del Estado de impartir justicia y ejercer la autoridad ante quienes pretenden a través de la ilegalidad lucrarse y sembrar el terror. Si existe un proyecto de ley que no debe prosperar en su trámite, honorables congresistas, es este. Ojalá estén a la altura de semejante responsabilidad, defender la capacidad de nuestro Estado de impartir justicia está en sus manos.

La Ley de sometimiento Petro es generosa y benévola con los carteles de la droga y los delincuentes más peligrosos de nuestro país. Parecería acomodar los deseos de las organizaciones criminales, pues su tratamiento penal sería desproporcionadamente favorable.

Con esta propuesta, cualquiera pensaría se produce bajo el amparo de algún tipo de entendimiento con estos criminales. Cualquier similitud con los supuestos acuerdos que salieron a la luz pública durante la campaña, mera coincidencia. Menos mal en su momento el hoy presidente negó un pacto clandestino o de La Picota para beneficiar delincuentes, seguramente eso nos debería bastar... ¡Qué tranquilidad!