Una mirada equilibrada a la resistencia civil

La resistencia pacífica de la población civil frente a la violencia política y el crimen organizado es un tema cargado de relevancia al mismo tiempo que envuelto en la polémica. De hecho, existe un amplio consenso sobre la importancia política de las movilizaciones populares como instrumento para estimular el respaldo a un gobierno que confronta una grave amenaza al orden público. Pero al mismo tiempo, el peso estratégico de las respuestas no violentas al terrorismo y la criminalidad ha sido objeto de fuertes controversias. Desde algunos puntos de vista, la resistencia civil es solo una forma de acompañamiento de los civiles al Estado incapaz de provocar por sí mismo un vuelco definitivo al desarrollo de un conflicto interno. En este sentido, las manifestaciones de los civiles generarían un clima favorable al Estado; pero sería únicamente este, a través de sus fuerzas de seguridad, quien tendría la responsabilidad y la capacidad de enfrentarse a los grupos al margen de la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Desde una visión contrapuesta, ciertas opiniones otorgan a la resistencia pacífica un papel central como instrumento para garantizar la vida y los derechos de la población civil, por encima incluso de las agencias de seguridad estatales que el ordenamiento constitucional designa para cumplir esta tarea. En su versión más extrema, este tipo de planteamientos llega a considerar que la resistencia pacífica ofrece a los ciudadanos el único camino para salvaguardarse de la violencia en la medida en que el Estado no cuenta ni con la legitimidad, ni con los recursos para constituirse como un garante creíble de vidas y propiedades. En tales circunstancias, continúa este argumento, la única alternativa de los ciudadanos es la movilización pacífica que rechace la violencia de criminales y terroristas sin tomar partido por unas autoridades que son vistas con desconfianza.

En realidad, ambas visiones extremas sobre el valor de la resistencia civil parecen igualmente erróneas. No se puede subestimar el valor de las movilizaciones populares contra la violencia. El mantenimiento del orden público es un esfuerzo de seguridad que necesita la colaboración activa de la ciudadanía. Más en particular, cuando se trata de la lucha contra el terrorismo, el esfuerzo militar y policial del Estado solo puede tener perspectivas de éxito cuando tiene el respaldo de la población civil. En realidad, el enfrentamiento entre Estado y terroristas es por encima de todo una batalla por la legitimidad en la que las autoridades tratan de reafirmar su carácter de poder legalmente constituido mientras los insurgentes pretenden demostrar a la población la naturaleza injusta y tiránica del gobierno que confrontan. El desenlace de este choque determina si es el Estado o la organización terrorista quien conquista los corazones y las mentes de la población. Unas simpatías populares que pueden proporcionar al Estado la información y el respaldo público para derrotar definitivamente al terrorismo o asegurar a los terroristas una base social que les asegure los recursos para perpetuarse en la práctica de la violencia. De este modo, subestimar la resistencia civil como únicamente gestos de acompañamiento político de la estrategia de seguridad del Estado es ignorar una de las reglas básicas de la lucha antiterrorista: qué la derrota de la violencia es un esfuerzo social que el Estado es incapaz de culminar con éxito cuando actúa como una maquinaria burocrática aislada del entorno social.

Al mismo tiempo, también son desajustadas las visiones que convierten la resistencia civil en el recurso central y prácticamente único con el que la sociedad puede enfrentarse a los violentos. Muy en particular, resultan escasamente realistas y poco coherentes aquellas visiones de la población civil como un actor neutral en el conflicto que responde con movilizaciones pacíficas a los terroristas al mismo tiempo que se mantiene al margen del esfuerzo de seguridad del Estado. Semejantes planteamientos parten de una visión falaz sobre la supuesta equidistancia de la violencia practicada por los grupos al margen de la ley con el uso de la fuerza por parte de las agencias estatales dentro de un marco legal definido constitucionalmente. De hecho, la naturaleza política del esfuerzo de seguridad desplegado por un Estado democrático resulta incomparable con el ejercicio del terrorismo por un grupo ilegal con independencia de cuales sean los objetivos y la ideología de este último. Sencillamente, en un caso estamos hablando de un uso de la fuerza legitimado por un consenso político construido sobre el voto de los ciudadanos y en el otro de una apuesta totalitaria de un grupo radical impulsada a través de un chantaje violento a la mayoría. En consecuencia, la posición de la población civil necesariamente tiene que ser diametralmente opuesta en uno y otro caso. Así, la opinión pública parece llamada a sentirse protegida y ofrecer su respaldo a un uso de la fuerza proporcional por parte del Estado con el objetivo de defender el orden. Sin embargo, la población no puede sino verse empujada a movilizarse activamente contra una violencia ilegal que amenaza sus derechos más esenciales.

En este sentido, la resistencia civil a la violencia no puede ser vista como una alternativa al esfuerzo de seguridad desplegado por las autoridades y menos aún como una opción contrapuesta al papel esencial del Estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, es un complemento, desde luego esencial, si se quiere defender la convivencia social al coste humano y material más bajo posible. Pero es que además, la resistencia civil frente al terrorismo es inviable sin la presencia de un Estado que cree las condiciones para que los ciudadanos puedan organizarse para manifestar su rechazo a la violencia. Por su propia naturaleza, el terrorismo es una forma de violencia indiscriminada puesta en práctica para impulsar una agenda política totalitaria. Desde esta perspectiva, si los grupos que practican esta estrategia armada no encuentran la oposición efectiva de un Estado democrático, están en condiciones de emplear una fuerza indiscriminada y masiva para acabar con cualquier atisbo de resistencia civil a sus propósitos. Dicho de otra forma, solo cuando el accionar bélico de los terroristas es contenido por las fuerzas de seguridad, pueden los civiles encontrar la oportunidad para articular formas de protesta pacífica contra la violencia. De lo contrario, los grupos armados ilegales terminan haciéndose con el poder y aplastando cualquier forma de resistencia pacífica. En resumen, la resistencia civil solo es posible mientras existen instituciones democráticas con alguna vigencia, y la defensa de estas necesita un Estado dispuesto a hacer uso de una fuerza legal y proporcional; pero también eficaz y determinante.

Dicho esto, el debate sobre el valor de la resistencia civil en Colombia ha tomado algunas formas peculiares fruto de la naturaleza del conflicto que vive el país. De hecho, el elevado nivel de violencia con que los grupos armados y las organizaciones criminales castigan a los colombianos ha creado sentimientos contradictorios sobre el valor estratégico de la resistencia civil. Así, ciertos sectores han rechazado esta forma de acción colectiva juzgándola irrelevante en el contexto de una confrontación donde los grupos armados ilegales han ignorado sistemáticamente las diferencias entre combatientes y no combatientes haciendo uso de un terrorismo indiscriminado. Al mismo tiempo, la dureza del conflicto ha estimulado en otros ámbitos sociales la fantasía de que los civiles podían mantenerse al margen de la confrontación entre los violentos y el Estado. Lo cierto es que este tipo de planteamientos ignoran el hecho de que los ataques contra la población civil forman parte imprescindible de las estrategias desarrolladas por los grupos armados, sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Pero en cualquier caso, este planteamiento ha alimentado la valoración de la resistencia civil como una herramienta que dejaría a la sociedad al margen de la guerra y convertiría el conflicto en un enfrentamiento entre Estado y organizaciones ilegales. Una pretensión que la propia dinámica del conflicto se encarga de demostrar inviable cada día.

Por otra parte, la percepción sobre la resistencia civil también se ha visto modulada por la desigual forma en que la violencia se ha repartido sobre la geografía y la sociedad colombiana. De hecho, el conflicto colombiano ha adquirido unos notables tonos de ambigüedad en la medida en que ciertas regiones y determinados estratos sociales han permanecido relativamente poco afectados por las formas más crudas de violencia, mientras que otras áreas del país y otros grupos sociales se han visto sumergidos en un permanente clima bélico. En este contexto, los intentos de resistencia civil han tenido distinta naturaleza, distintos objetivos y distinta viabilidad según donde se desarrollase y quienes fuesen sus protagonistas. Así, pocas similitudes han tenido las manifestaciones contra el terrorismo en Bogotá tras el atentado contra el club El Nogal con las movilizaciones de las comunidades indígenas para evitar la penetración de actores armados ilegales en sus territorios. En consecuencia, esta diversidad dentro de las muestras de resistencia civil en Colombia ha complicado notablemente la elaboración de un juicio ponderado sobre el verdadero valor de este movimiento y su auténtico potencial para contribuir a la pacificación del país.

*Profesor e investigador en temas de seguridad, del Grupo Paz Pública-Cede, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.