Una política decente para una economía decente

Me interesé por el estudio de la economía con Los filósofos mundanos de Robert Heilbroner. Desde sus inicios, la nueva ciencia que nació de la filosofía tuvo que abordar los temas de la ética y la moral. John Stuart Mill, tratado en el capítulo de los utópicos, fue quien introdujo la concepción del juicio moral en la distribución de los beneficios del trabajo social. La ciencia económica determina qué y cómo se produce, pero a quién se distribuye, corresponde a decisiones de la política, de la ética, de la moral. Esta fue la principal contribución de Mill a las ciencias económicas. Defendió los impuestos, incluidos los de las herencias, como decisiones sociales que deberían, por decirlo en términos contemporáneos, corregir los resultados del mercado. También fue el primer parlamentario en defender, sin éxito, el voto para las mujeres.

En la actualidad, cuando el rechazo a la desigualdad ha llegado a ser parte del sentido común de las sociedades, economistas y políticos deben abordar nuevamente la cuestión de la distribución desde la perspectiva ética y dejar de arropar, en supuestas leyes impersonales y automáticas del mercado, los deplorables resultados distributivos del juego económico que concentra el producto social en cada vez menos manos. Según Oxfam, en 2017, 43 individuos poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas que componen la mitad de la humanidad. Solo un año más tarde, ese número de individuos se había reducido a 26. Siendo Colombia uno de los países más desiguales sobre la tierra, no sería de extrañar que menos de 26 personas posean más riqueza que 25 millones de colombianos.

Lo primero que debe hacerse es desenmascarar el papel que juega el poder económico concentrado en las decisiones distributivas de la sociedad que son eminentemente políticas y no económicas. Un ejemplo reciente se encuentra en los impuestos. Haciendo gala de teorías no sustentadas, Gobierno y Congreso rebajaron por tercera vez consecutiva los impuestos a la renta de los más poderosos, aduciendo que ello beneficiaba a la mayoría, pero el empleo que se debió generar no aparece por ninguna parte. Ahora la ANDI propone, con el mismo propósito de generación de empleo, flexibilizar aún más, las normas de contratación laboral lo que consiste en rebajar los salarios y las garantías laborales. Ambas son decisiones sobre cómo distribuir el pastel económico y no sobre cómo producirlo y como tales, comportan escogencias que trascienden lo económico.

La pregunta es a quienes representan quienes toman esas decisiones. A juzgar por los resultados, la perversión del sistema político ha consolidado el mando de las minorías. Al lado de esta crisis de representación, muchos escritores identifican una crisis gemela en el capitalismo. Democracia liberal y libre mercado están siendo objeto de severo juicio, tanto en la academia como en los medios de comunicación y en las calles abarrotadas de movilizaciones ciudadanas.

Ante esta disyuntiva, cabe un llamado a regresar por los orígenes filosóficos de las ciencias económicas cuando las consideraciones éticas eran parte de su instrumental. No deja de ser paradójico, como lo explica Stiglitz que el fundamentalismo de mercado se haya apoderado de las élites precisamente cuando las investigaciones de Kenneth Arrow y Gerard Debreu demostraban los límites de los mercados. En esencia, la llamada “mano invisible” sencillamente no existe pues ninguna economía puede obtener la eficiencia de Pareto debido a asimetrías de información y mercados incompletos, como lo analiza con originalidad Eduardo Sarmiento Palacio en su reciente libro, Teorías del crecimiento y la distribución para una nueva era.

Corresponde a la política responder dónde la economía no puede o no debe llegar. No se trata de derogar las leyes de la oferta y demanda, ni de negar el motor del ánimo de lucro, ni de eliminar la propiedad privada. Se trata de devolverle al Estado en democracia su función distributiva a través de un efectivo control al poder monopólico y de un sistema tributario y de gasto público social capaz de evitar que se consolide una heredocracia. Debemos abogar por una política decente para conseguir una economía decente.