Uribe y su Corte de bolsillo

Crear una supercorte que juzgue al Presidente y a los congresistas parapolíticos. Y, de paso, a los magistrados que los están investigando y encarcelando. Esa es la perla que surgió de la última reunión de la coalición de gobierno como solución a la crisis política.

Ahora que se armó el escándalo, todo el mundo dice que no fue el de la idea. Pero el asunto no se puede olvidar tan fácilmente por varias razones. Primero, porque ya se reencarnó en una propuesta formal de un congresista al gobierno. Pero sobre todo, porque está lejos de ser una “idea descabellada” y suelta, como lo dijo Humberto de la Calle, asesor jurídico de Palacio. Por el contrario, es el desenlace lógico de la novela por capítulos que el gobierno viene armando para minar la incomodísima independencia de las cortes.

El primer capítulo de la novela fue la eliminación del Ministerio de Justicia y su fusión con el ministerio político por excelencia –el del Interior. En la euforia del arranque del primer gobierno de Uribe, nadie quiso oír que semejante monstruo de dos cabezas terminaría partiéndose por su lado más flaco: el de la justicia.

Por eso hoy asistimos al espectáculo de un Ministro del Interior y de Justicia que, para cumplir su primera función (representar los intereses políticos del gobierno), acaba con la segunda (fortalecer el sistema judicial independiente). Con razón se queja la Corte Suprema de que los ataques por la parapolítica vengan del Ministro que la debe defender.

El segundo capítulo fue largo y seguramente va a tener “replay”. El malo de este episodio no era la Corte Suprema, sino la Constitucional. Todavía están frescas las imágenes del ex ministro Londoño yéndose lanza en ristre contra la tutela y los poderes de la Corte Constitucional ante los medios y ante el Congreso, donde intentó dos veces reducirla a un tribunalito de segunda.

Cómo es la vida: en ese entonces, el bueno de la película era justamente la Corte Suprema, que los críticos de hoy exaltaban como la encarnación de la prudencia judicial y contrastaban con la supuesta politización de la Corte Constitucional. Digo que el episodio sigue abierto y se va a poner interesante de nuevo al final de año, cuando venga la elección de los seis nuevos magistrados constitucionales con los que el gobierno buscará controlar la Corte que no pudo desmontar.

Así que el episodio de la semana pasada, el de una supercorte de bolsillo, no tiene nada de raro. Todo lo contrario: es una película cuyos cortos ya habíamos visto y que ha dado gira en muchas partes del mundo en los que los gobiernos populares han reformado las cortes que se atraviesan en su camino. En la versión argentina –la de Menem en los noventa—, el truco consiste en aumentar el número de jueces de la Corte para lograr una mayoría favorable al gobierno. En la venezolana de Chávez, el guión es “purgar” a la Corte para nombrar magistrados afectos al régimen. En la versión asiática –digamos, la de Rusia o Paquistán— la trama incluye carcelazos a magistrados y juristas independientes.

En Colombia, por aquello del respeto a la institucionalidad y la estabilidad laboral, la propuesta no es dejar sin trabajo a los magistrados de la Corte Suprema, sino ponerles encima otra corte que les revise los fallos. Y que tenga el poder de juzgarlos y encarcelarlos si, como ahora, esos fallos no convienen al poder político. No es que el sistema que tengamos sea perfecto, comenzando por la Comisión de Acusaciones del Congreso (mejor conocida como “Comisión de Absoluciones” por pasarle todo a los que juzga). Pero nadie es tan ingenuo como para creer que, en este momento, una reforma buscaría algo distinto que ponerle freno a la tarea de la Corte Suprema.

Esperemos qué propone la anunciada “comisión de notables” que analizará salidas a la crisis de la parapolítica. Aunque deseche la idea de la supercorte, dudo que resista la tentación de resolverle el problema a la coalición de gobierno que la nombrará, mediante alguna nueva versión de la película.

Versión que dará al traste con la misma seguridad jurídica que tanto defiende el gobierno. Porque así como los inversionistas necesitan seguridad jurídica, los colombianos de a pie (incluyendo las víctimas de los parapolíticos) necesitamos que no nos cambien las reglas de juego en mitad de partido, y que la Corte Suprema pueda terminar el trabajo jurídico valiente que ha iniciado.

De lo contrario, ya veo venir una caricatura parecida a la que hizo un famoso humorista argentino cuando Menem reformó la Corte Suprema para convertirla en un apéndice de su gobierno. En ella, un juez con toga y peluca es interrogado:

--¿Usted cree, Su Señoría, que hay inseguridad jurídica en la Argentina?
--Un momento, que voy a consultar con el Poder Ejecutivo—responde el juez desde su estrado.