La revocatoria de los elegidos

Considero que para que el Consejo Nacional Electoral admita un proceso revocatorio –con excepción de las inhabilidades establecidas por ley–, además del número de firmas requeridas, debe hacer más rígida esta acción popular para evitar que caiga en manos de politiqueros y charlatanes que lo único que tienen son apetencias burocráticas y politiqueras.

Si nos referimos al caso revocatorio del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, concluimos que quienes la están promoviendo lo hacen más por las ansias de poder y fines burocráticos que por corregir vicios administrativos; hasta la presente fecha al comité promotor no se le ha visto un cronograma de gobierno donde explique las razones de las actuales fallas administrativas y demás inconsistencias.

Es vergonzoso que los partidos y movimientos políticos sean los responsables de semejante debacle electoral que, como en el caso de La Guajira con la revocatoria de Oneida Pinto y la convocatoria a elecciones atípicas donde se eligió al señor Wílmer Gonzalez Brito, resultó peor el remedio que la enfermedad; el Consejo Nacional Electoral debe hacer un pronunciamiento de fondo puesto que quedó plenamente demostrado que para ambos casos no medió ninguna investigación para establecer la idoneidad y la capacidad moral de los candidatos.

Esperamos que en la nueva reforma política todos estos vicios que avergüenzan la actividad política y administrativa sean corregidos en forma eficaz y contundente; es preocupante que en los actuales momentos existan casi 50 solicitudes de revocatoria de mandatos, con graves implicaciones para la vida administrativa de departamentos y municipios afectados.

Cuando un departamento o municipio cae en la jurisdicción de la revocatoria certificada o admitida por el Consejo Nacional Electoral, sus funcionarios entran en un estado de interinidad y de zozobra, la ejecución de planes y programas de desarrollo se frenan, quienes pretendan hacer inversión se limitan a esperar qué vaya a pasar con la administración y los funcionarios sub judice.

Los partidos y movimientos políticos que avalen candidatos que después de elegidos resulten inhabilitados deben ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral y obligados a responder por los daños y perjuicios causados a las regiones; los dineros de reposición no deben ser cancelados hasta tanto se compruebe la idoneidad de la elección.

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