Venezuela después del referendo revocatorio

En Latinoamérica, a pesar de toda la retórica integracionista, sabemos muy poco sobre los países vecinos. Esta verdad se aplica también a los colombianos en relación con Venezuela. Nuestros conocimientos sobre los sucesos en ese país son precarios y los análisis están cargados de prejuicios. Precisamente, este escrito persigue brindar una visión de contexto y - en lo posible - equilibrada sobre los acontecimientos relacionados con el referendo revocatorio que se celebró recientemente en Venezuela, con el objeto de poder valorar la importancia y las repercusiones del mismo.

En los estudios políticos sobre Latinoamérica, Costa Rica y Venezuela fueron destacados durante muchos años como los países modelo de democracia en la región. El caso de Venezuela era el más llamativo, dado que su historia política había estado marcada por gobiernos autoritarios y largas dictaduras militares. Sin embargo, en el año de 1958 Venezuela inició una larga etapa democrática a través del llamado Pacto de Punto Fijo, acordado entre los partidos políticos más importantes.

Pero, desde los años ochenta, la democracia venezolana delataría un problema que caracteriza también a todas las democracias instauradas en la región a partir de la ola democratizadora y redemocratizadora que se inició en 1978, consistente en su indiferencia o incapacidad para mejorar las condiciones de vida de la población y combatir el empobrecimiento creciente. Esta situación ha producido el conocido desencanto con la política y las instituciones democráticas, y permitió - en Venezuela y en otros países - el surgimiento de líderes políticos con mensajes que han sido calificados como neopopulistas.

En 1992, el teniente coronel Hugo Chávez lideró un frustrado golpe de estado contra el Presidente Carlos Andrés Pérez. Luego, en 1998, fue elegido Presidente de Venezuela; en el 2000, obtuvo nuevamente el triunfo en las elecciones presidenciales que se convocaron con ocasión de la nueva Constitución de 1999; y, finalmente, el 15 de agosto de 2004, alcanzó una marcada victoria en el referendo revocatorio convocado a solicitud de la oposición, reunida en torno a la Coordinadora Democrática. En cada uno de sus triunfos, Chávez ha aumentado el caudal de sus votantes, pasando así de 3.673.685, en 1998, a 4.917.279 en las elecciones de este mes. El surgimiento de Chávez selló el hundimiento de los partidos políticos tradicionales en Venezuela.

El presidente Chávez tiene un estilo político incendiario, poco favorable para la construcción de acuerdos y compromisos políticos. Sus desafíos y provocaciones constantes a los opositores han incentivado los conflictos en la sociedad, lo cual ha conducido a una polarización sin precedentes en el país. Es por eso que muchos consideran que lo que se vive actualmente en Venezuela es una situación extrema de radicalización de la lucha de clases y que experimentados observadores electorales manifestaban que nunca habían asistido a unas elecciones tan complejas, dada la fractura social que percibían. Pero al mismo tiempo, es innegable que el presidente Chávez cuenta con un muy importante respaldo popular, el cual se ha incrementado a partir de los resultados de las misiones y los proyectos desarrollados por su gobierno para ofrecer educación, salud, alimentación y trabajo a los más pobres.

La oposición a Chávez plantea que él constituye una amenaza para la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Al respecto denuncian sus acercamientos con Cuba y con otros países que han sido aislados por la comunidad internacional; la exaltación de su condición de militar y el papel que juegan las Fuerzas Armadas dentro de su gobierno; el impulso que se dio a los círculos bolivarianos; su lenguaje sectario y confrontacional, etc. La oposición ha intentado derrocarlo en tres ocasiones: primero, con el golpe militar del 11 de abril de 2002; luego, con el paro que impulsó entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, el cual le produjo pérdidas inmensurables al país; y, finalmente, a través del referendo revocatorio que acaba de realizarse. Los tres intentos han fracasado. La derrota en el referendo se explicaría por la incapacidad de la oposición para presentar un liderazgo único y para formular un proyecto político alternativo al de Chávez. Pero, además, muchos de los líderes de la oposición representan aquel pasado que se quiere dejar atrás y estuvieron comprometidos en el golpe de estado y en el desastroso paro de 2002-2003.

Algunos afirman que el referendo no aportó a la solución de la crisis. Lo cierto es que el referendo sí permitió establecer las voluntades de los venezolanos y que ellas deben constituir el marco dentro del cual las organizaciones políticas y sociales planteen su futura actividad política. Así, por una parte, el referendo evidenció que los venezolanos tienen el deseo de participar en la decisión sobre el destino del país, como se deduce de la alta concurrencia a las urnas, a pesar de las inmensas colas y de que el tiempo promedio de espera para poder votar en muchos centros de votación superó las 7 horas. De otro lado, es claro que el gobierno de Chávez cuenta con el apoyo de la mayor parte del electorado venezolano (el 57.84%), a pesar de que en la oposición militan los gremios económicos, los principales medios de comunicación, la antigua dirigencia sindical y la jerarquía eclesiástica. Pero, al mismo tiempo, también se hizo patente que una porción muy importante de los venezolanos (el 42.16%), que no se puede ignorar, no está de acuerdo con el gobierno.

Ciertamente, la realización del referendo no resolvió automáticamente la polarización y la crisis política que experimenta Venezuela. Pero una lectura desapasionada de sus resultados, acompañada de un compromiso real de las elites políticas y sociales con la democracia y el estado de derecho, pueden abrir el camino hacia la recuperación de la estabilidad política y la gobernabilidad en el país.

De los resultados del referendo debería la oposición concluir la necesidad de reconocer la legitimidad del gobierno de Chávez. De allí se derivarían la urgencia de renovar la decisión de abandonar las propuestas golpistas y de asumir exclusivamente la confrontación democrática, tal como se aprobó en los meses pasados a través del acuerdo de la llamada Ruta Democrática, al igual que la necesidad de aceptar los resultados del referendo, a pesar de que le hayan sido adversos.

Por su parte, el gobierno debería poner en práctica su anunciada disposición para contribuir a la distensión de la política en el país y comprometerse con la preservación del Estado de Derecho y, por consiguiente, con el respeto de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. En este sentido, tendría que observar con detalle - y sin prejuicios - las preocupaciones expresadas recientemente por Human Rights Watch acerca del futuro de la independencia del Poder Judicial en el país. En su informe, Human Rights Watch, después de reconocer que el Poder Judicial venezolano ha sido objeto de críticas desde hace muchos años, pone de presente que la nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada en el mes de mayo pasado, decidió ampliar de 20 a 32 el número de magistrados del mismo, con lo cual el gobierno podría hacerse al control del Tribunal. Además manifiesta su inquietud por el hecho de que la gran mayoría de los jueces se encuentren todavía en situación de provisionalidad o temporalidad y de que se hayan consagrado nuevas formas de destitución de los magistrados del Tribunal.

Una observación final parece necesaria: el triunfo del Presidente Chávez en el referendo le brinda impulso a distintos movimientos en los países latinoamericanos que quieren emular la revolución bolivariana. A manera de ejemplo, para el día 19 de agosto se contemplaba la proclamación del Movimiento por la República Bolivariana del Ecuador, a cuya cabeza se encuentran varios ex oficiales, y dirigentes obreros e indígenas. Todos estos movimientos ponen en evidencia que uno de los mayores retos de las democracias latinoamericanas es la creación de mejores condiciones de vida para los más pobres.

* Constitucionalista, miembro del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, le ha hecho seguimiento al proceso venezolano.