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VENGAZA JUCIDIAL

Semana
23 de noviembre de 1998

Nada más ajeno a la justicia que el ánimo de revancha. Hasta donde uno ha sabido, la justicia tiende a restablecer el derecho, serenamente, y a dar a cada cual lo suyo, incluida la sanción, bien sea pecuniaria o física, y ésta con fines de rehabilitación.Pero este ring de boxeo en que se halla convertido el más alto escenario judicial es ya deprimente. Es la Nación colombiana en su más lamentable expresión. La Honorable Corte Suprema de Justicia, de lo más honorable que nos ha ido quedando, ha podido equivocarse en la incoación de causa contra los representantes a la Cámara, pero de ahí a que éstos de manera refleja le devuelvan la inculpación es un acto de manifiesta venganza.
Siempre me pareció que los códigos, en la más alta cima de las competencias judiciales, dejaban una zona imprecisa 'de despeje', de indefiniciones, en que los unos juzgan a los otros, simultánea y recíprocamente y se cambian el turno de fallador judicial interminablemente. Es otra forma de encontrar aplicado, en esas altísimas instancias judiciales, el aforismo del summum ius, summa iniuria (el más alto derecho puede ser la mayor injusticia).
Me pregunto qué categoría correspondió en el 91 al pomposo Consejo Superior de la Judicatura, antes Tribunal Disciplinario, y por qué no llegan a él estas definiciones jurisdiccionales y de competencia. Y sanseacabó. Ustedes, honorables magistrados _podría decir_ no pueden juzgar al Congreso o sí pueden juzgarlo, según se entienda el 185 o el artículo constitucional pertinente.
Un asunto así no veo que se defina por la vía de la tutela de derechos fundamentales. Recuerdo haber opinado que debería aplicarse en este caso alguna forma de objeción constitucional, porque soy de los que consideran que el Congreso, en esta y en otras materias propias de sus decisiones votadas y de sus opiniones, es un completo irresponsable. En el sentido jurídico del término.
La decisión misma de absolver a Samper no es, en mi opinión, susceptible de juicio. Aunque también es cierto que se habla de impropia atribución de funciones o usurpación, ya que a la Cámara no le correspondía adelantar un juicio penal, como prácticamente se adelantó, sino proponerlo para ante el Senado a fin de que éste lo trasladara a la Corte Suprema. El juicio político del mandatario, en cambio, sí les correspondía.
Sería, así mismo, materia de inculpación criminal cualquier hecho de corrupción, como el que denuncia ahora el ex representante Rodrigo Arcila, antiguo miembro de la Comisión de Acusaciones, quien dice haber recibido ofertas de dinero, que rechazó, para no acusar al presidente, ofertas que le fueron hechas por determinada persona, cuyo nombre dio a conocer.
Pero esta puja de poderes, con la Cámara de Representantes haciendo uso frívolo de sus atribuciones judiciales en contra de los magistrados que la investigan _ya antes habían hecho llorar a un consejero de Estado_ es de una ligereza extrema.
Por eso la actitud asumida por la Corte Suprema el miércoles, de no asistir, cuando estaba citada en bloque la sala penal, no sabría cómo interpretarla, pero me gusta. Doctores tiene la jurisprudencia que sabrán definirla. Que si desobediencia debida, si acaso esta figura existe, o yo agregaría, recusación automática entre pares de la judicatura, al sorprender al pretendido juez en flagrante prevaricato.
En vez del choque de trenes, está bien que las locomotoras se frenen súbitamente, así se descarrilen algunos vagones de atrás. Los representantes no han debido concurrir ante la Corte, si la citación era sólo por razón del voto favorable a Samper y toda la corporación ha debido emitir un documento de objeción constitucional por incompetencia del juez. Del mismo modo, la Corte no debe prestarse al juego de humillación y franco descrédito a que la quieren someter los mismos que ella ha acusado, entre otros un ex funcionario de Samper, actuando casi personalmente. En alguna parte de los códigos debe estar contemplado este proceder extraño, con el cual se pretende colocar a la Corte Suprema en impedimento y por lo tanto en imposibilidad de cumplir con sus funciones constitucionales. Convertir a su juez natural en reo tiene brincando de la dicha a algunos congresistas, que siguen camino de que la opinión les revoque el mandato.
Es como provocar al juez de una causa, dándole un golpe o profiriéndole un insulto grave, de manera que, aturdido, responda y se le acuse en seguida de enemistad manifiesta. Por mi parte, yo no quiero dar, sino recibir lecciones de derecho y ojalá me expliquen que esta ciencia y su aplicación no es un mero disfraz de malas intenciones.