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Opinión

  • | 1995/04/03 00:00

    VERDADES Y CALUMNIAS

    El presidente Samper tiene la obligación de rechazar las acusaciones en su contra con una energía equivalente a los agravios

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LA OPINION MAS GENERALIZADA POR estos días en Colombia, a raíz de la certificación condicionada decidida por Bill Clinton, dice que fracasó la estrategia global contra el narcotráfico pues el volumen de ese negocio en lugar de disminuir aumenta, y que ese país ha resuelto entonces soltar amarras y distanciarse de nosotros, de Perú y de Bolivia, sus viejos aliados en esa materia. Yo pienso todo lo contrario.
Lo que acaba de hacer Estados Unidos es notificar al mundo que va a seguir la misma estrategia contra el tráfico de drogas y que lo va a hacer de la mano de los mismos países. La única diferencia es que antes esa alianza se había hecho a las buenas pero ahora se va a hacer a las malas.
El documento del gobierno gringo es una reiteración de las viejas políticas estadounidenses en materia de narcotráfico, que consisten en campañas internas contra el consumo y sistemas de cooperación y vigilancia en el extranjero, donde ellos siempre han querido ubicar el foco de la guerra.
En el texto de la certificación lo único nuevo está en las consideraciones por las cuales Estados Unidos no cree que Colombia esté haciendo lo que ese país espera.
La certificación condicional no ha alejado de Estados Unidos a los países que la han recibido. La prueba es que hasta el momento de escribir esta columna ninguno de los tres (Colombia, Bolivia y Perú) se han rebelado contra la decisión estadounidense. A nadie le gustó, claro. Pero nadie mandó a los gringos a freír espárragos. Lo que esa actitud demuestra es que esas tres naciones van a hacer hasta lo imposible por demostrarle a Estados Unidos que fue inmerecida esa calificación y que en la próxima esperan salir mejor librados.
Los colombianos quedamos hasta la coronilla con el manoseo estadounidense en todo este proceso, y es seguro que la relación entre los dos países no volverá a ser la misma. Ocurrió como en los matrimonios, cuando en el fragor de la discusión se dicen cosas demasiado hirientes: por más que se pida perdón, la herida queda para siempre.
Pero eso no es disculpa para no volver sobre lo que se ha dicho. En los últimos seis meses los distintos estamentos norteamericanos -prensa, gobierno y Congreso- han hecho una cantidad de afirmaciones tan temerarias y delicadas que mal haríamos en pasarlas por alto.
Desde los más importantes diarios de ese país se ha puesto en duda que Colombia ejerza verdadera soberanía sobre su territorio frente a los narcotraficantes, especialmente en Cali y San Andrés. El gobierno de Estados Unidos, en sus niveles más altos, considera que el Congreso colombiano está infiltrado por los narcos, que hay corrupción de todo orden en la administración pública, que no hay una verdadera persecución a los delincuentes, que la justicia es blanda frente al delito y que la Fiscalía hace mucho menos de lo que debiera en ese campo.
Lamentablemente todo eso es verdad. El narcotráfico está metido en Colombia como un cáncer y la coyuntura de la certificación debe ser aprovechada para que nos miremos al espejo sin pasión, y no para hacer escándalos hipózitas de soberanía, arropados en el tricolor patrio.
Pero resulta que en este proceso Estados Unidos no se ha limitado a decir que Colombia no combate suficientemente el narcotráfico. El señor Robert Gelbard, subsecretario de Estado para narcóticos, dijo que el presidente Samper pidió disculpas por haber interrumpido con la fuerza pública una fiesta del cartel de Cali. Y lo dijo con los micrófonos de la prensa mundial en su boca.
El senador Jesse Helms, representante de la mayoría en el Congreso, afirmó a través de sus secretarios: "Hay evidencia de que la influencia de los jefes de la droga fluye a través del Congreso colombiano, encontrando su camino hasta el despacho del Presidente".
Y como si lo anterior fuera poco, un importante periódico afirmó que Samper había recibido personalmente dinero de los narcotraficantes y que además había asistido a una de sus fiestas familiares. Y estos son apenas unos pocos ejemplos. Hay decenas más.
Por eso los colombianos de bien tenemos que exigirle al Presidente que rechace esas afirmaciones del Congreso, la prensa y el gobierno estadounidenses con una fortaleza equivalente a la indignación que nos produce semejante atrevimiento.
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