Una a una, cada audiencia de reconocimiento de responsabilidad y verdad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) han mostrado la verdadera magnitud de lo que fueron los llamados falsos positivos. Decenas de militares han reconocido frente a familiares de sus víctimas que mataron a inocentes y los hicieron pasar como bajas guerrilleras. Han narrado, una y otra vez, que buscaron personas del común, la mayoría campesinos, desempleados, habitantes de calle o jóvenes con alguna discapacidad para asesinarlasy entregarlas como guerrilleros muertos en combate, para mostrar que el Ejército estaba ganando la guerra. Luego, los enterraron como NN y desaparecieron sus documentos, para evitar que sus familiares los encontraran.

La última de estas audiencias ocurrió esta semana en Yopal (Casanare). Frente a un auditorio lleno principalmente de mujeres vestidas de blanco, con la foto de su familiar muerto al frente, 21 miembros de la Brigada XVI del Ejército, un exfuncionario del DAS y dos civiles reconocieron que formaron parte de un plan organizado para matar a 303 personas que nada tenían que ver con el conflicto y presentarlas como bajas guerrilleras.

Por primera vez, un general (r) del Ejército, Henry Torres Escalante, reconoció lo sucedido. “Asumo la responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho, por estos delitos que fueron cometidos bajo mi mando, por mi exigencia…”, dijo Torres Escalante.

Los familiares de las víctimas le reclamaron indignadas al general Torres. Le recordaron que tiene un proceso ante la justicia ordinaria y que tal vez acude a la JEP solo para buscar beneficios. “Usted no está aquí por voluntad propia. Me siento realmente ofendida que se pare ahí a decir que no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano cuando usted dijo... que llevara las armas.

¿Y viene acá a decirle que no dio la orden? Usted tenía conocimiento de que mi hermano había sido testigo de dos asesinatos”, dijo Johanna Torres, hermana e hija de dos víctimas de falsos positivos. “Usted para mí es un asesino y un peligro para nosotras las víctimas”. Torres le respondió: “Respeto lo que está diciendo, Johanna. Yo en su posición haría lo mismo. Vengo a reconocer no solo la de su señor padre y su hermano, sino más de 300 víctimas. No tengo la posibilidad de darle ninguna explicación, sino que vendrán otros procesos y que Dios quiera que la verdad, que es lo que usted necesita, salga a flote”, le respondió el general.

Luego, otra mujer le gritó, mientras sostenía la foto de su papá en manos: “¿Por qué dio la orden? ¿Por qué tenía que ser mi padre?”, Torres Escalante guardó silencio.

Escuchar estas audiencias es comprobar el nivel de deshumanización, barbarie y sangre al que se llegó en las tropas. Sería injusto decir que todo el Ejército se convirtió en un asesino de inocentes. También hay testimonios de decenas de uniformados que se opusieron a esta práctica o que incluso la desconocían. Pero este actuar horrendo desdibujó a toda la institución y pretender tapar el sol con un dedo negándolo es imposible. Hubo un actuar sistemático encaminado a mostrar resultados medidos en bajas guerrilleras y para lograr este “éxito” se decidió matar inocentes.

Las JEP ha determinado que esta presión por muertes en combate vino del comandante entonces del Ejército, Mario Montoya Uribe, y de los comandantes de los distintos batallones implicados. La obligación impuesta por el general (r) Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada (2002-2003), dice la JEP, fue reportar “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre. Y esta fue una orden recurrente.

Esta confesión de militares se ha repetido en cuatro audiencias: Ocaña (Norte de Santander); Valledupar (Cesar); Dabeiba (Antioquia) y esta última en Yopal (Casanare). No fueron casos aislados. Ya van 2.428 víctimas acreditadas. Pero la investigación ha establecido que serían 6.402 los inocentes asesinados.

Estos falsos positivos deberían escandalizarnos, pero, muy por el contrario, muchos insisten en pretender que esto no pasó. Sorprende que el expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, siga insistiendo que la JEP es un “mandato de las Farc, de Cuba y de Venezuela” y que lo allí narrado no ocurrió.

Querer enterrar tal pasado no llevará más que a condenarnos de nuevo. Lo que sucedió en Tierralta, Córdoba, en los últimos días, donde militares se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las Farc y amedrentaron a la población, de nuevo nos pone sobre un escenario que no queremos repetir.

Lo que está haciendo la JEP con estas audiencias de verdad tiene que destacarse. Una cosa es que se esté de acuerdo o no con lo que pasó en el proceso de paz o que se insista en que tras los diálogos con las Farc solo hay impunidad. Pero de acuerdo o no con este proceso de paz, estas audiencias de verdad les ha permitido a las víctimas iniciar un duelo suspendido por décadas, saber qué pasó con sus familiares, entender por qué terminaron en fosas comunes y señalados como guerrilleros. También, en algunos casos, les ha permitido perdonar.

¡Es que son 6.402 inocentes asesinados! Reconocer esta verdad que nos avergüenza es el primer paso para que jamás vuelva a ocurrir.

Se lo debemos a sus familias y a la memoria de tantos inocentes enterrados.