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Opinión

  • | 2007/07/28 00:00

    Vía crucis hacia la terna

    Alejandra Azuero exige que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional debe seguir criterios de independencia y transparencia ante el país

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En su editorial del miércoles 18 de julio, El Tiempo condenó abiertamente el hecho de que el presidente Uribe haya adquirido compromisos con el partido conservador para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Según este diario, “no tiene sentido que el Presidente y su Ministro discutan este tema con las bancadas o que acojan las recomendaciones de un directorio político, al que el nuevo magistrado terminaría por deberle el favor de su elección”. No obstante, el Ministro Holguín –quien, según El Tiempo, habría sido encargado por Uribe para definir los nombres de la terna que presentaría el presidente al Senado– negó la existencia de negociaciones entre el jefe del Ejecutivo y el directorio conservador.

Sin embargo, aun sin entrar a discutir la veracidad de la denuncia en contra del Presidente, lo cierto es que se trata de un asunto que levanta ampolla entre aquellos que defendemos la elección de magistrados según criterios de transparencia, independencia y rendición de cuentas. Los rumores acerca de la manera clientelista como está siendo definida la terna para el reemplazo de Tafur Galvis en la Corte Constitucional confirman la necesidad urgente de exigir una elección transparente, que incluya la divulgación pública de los criterios que se tienen en cuenta, no solamente para decidir quién llegará a ser el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, sino también para determinar quiénes serán los tres aspirantes que conformarán la terna.

Ahora bien, que en dicho proceso de elección el Presidente tenga la genuina preocupación por que el nuevo magistrado sea favorable a su política de seguridad democrática y de libre comercio es algo muy distinto a constituir una terna conservadora para satisfacer los intereses de un partido político. En el primer caso, se trata de un criterio legítimo para elegir al nuevo magistrado, que no obliga al futuro juez a dar a conocer su posición frente a las políticas del gobierno. En el segundo caso, por el contrario, se trata de una maniobra clientelista que constituye una interferencia política indebida en la rama judicial, la cual atenta contra la independencia del tribunal constitucional. En otras palabras, la interferencia política clientelista en la elección de magistrados equivale a facilitar las condiciones bajo las cuales un juez puede ser presionado para que decida en uno u otro sentido, es decir, debilita la independencia judicial.

Si bien los magistrados tienen todo el derecho a tener preferencias políticas, la filiación a un partido político no se debe convertir en el criterio que defina quiénes pueden aspirar a ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional. No necesitamos jueces apolíticos; sin embargo, definitivamente necesitamos jueces idóneos para ocupar el cargo, que puedan –cuando así lo requieran las circunstancias– tomar distancia frente a los intereses de los partidos y del gobierno, de forma tal que puedan hacer prevalecer el orden constitucional por encima de cualquier compromiso político.

De no ser así, y si el presidente Uribe permite la interferencia del partido conservador –o de cualquier otro– en la nominación de la terna, desde antes de su elección el nuevo magistrado (o magistrada) estará atado de pies y manos. Por un lado, estará comprometido con la agenda política de su nominador directo, el Presidente y, por el otro, estará casado con los intereses del partido político que sea su nominador indirecto. Esto, sin entrar a considerar que también se encuentra comprometido con los senadores, quienes tienen la última palabra en cuanto a su elección.

En efecto, si el futuro magistrado de la Corte Constitucional llegara a recibir en su despacho una tutela –tal como sucedió durante el proceso 8.000– que involucre a un congresista implicado en el proceso de la para-política, debería poder decidir sin que pese sobre sus hombros deuda alguna que condicione su fallo. Así lo confirma el más reciente informe sobre corrupción judicial emitido por la organización Transparencia Internacional, en el cual se concluyó que la nominación de jueces a través de un proceso objetivo y transparente constituye una garantía para que los elegidos no se sientan endeudados con el cuerpo político que los designó.

En cualquier caso, la independencia judicial de la Corte Constitucional frente a las distintas ramas del poder público es un tema que atraviesa la jurisprudencia de dicho tribunal. En el caso de la reelección, por ejemplo, la Corte se declaró competente para revisar tanto el fondo como la forma de una reforma constitucional promovida por Uribe y aprobada por el Congreso. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia continúa siendo reticente frente al precedente constitucional en materia de tutela contra sentencias y, aun así, la Corte se ha mantenido en su posición, al dejar sin efectos algunas sentencias de la Suprema. Mantener una Corte Constitucional independiente no ha sido tarea fácil, y lo será mucho menos, de concretarse nominaciones clientelistas que pongan en riesgo la autonomía de sus jueces

Aun así, ni los rumores ni el escándalo parecen haber decidido al Presidente, quien todavía no ha hecho públicos los tres esperados nombres. Y aun cuando desde hace un par de meses se perfilaba a Ilba Myriam Hoyos, Mauricio González y Guillermo Reyes, como los integrantes no oficializados de la terna, la semana pasada, en un giro inesperado, la revista Cambio informó que, tras las conversaciones del Presidente con el ministro Holguín Sardi, la misma sería integrada por Jorge Pretelt, Gina Magnolia Riaño y Gustavo Cuello. Ante tanta incertidumbre, el Presidente debe saber que estamos esperando con ansias conocer esos tres nombres, para confirmar o descartar nuestras sospechas y, en cualquiera de los casos, para exigir una rendición de cuentas.

*Asesora Legal del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.
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