Vicio de fondo

Alegando “vicios de forma” e “inconveniencia para el país”, el gobierno de Andrés Pastrana vetó la ley que tipificaba como delitos el genocidio político, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura. En opinión del gobierno, el que tales barbaridades puedan ser castigadas “podría en la práctica impedir el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la fuerza pública”. No es una opinión exclusiva de este gobierno. Desde que los horrores de la represión oficial (torturas, desapariciones y masacres) empezaron a ser denunciados con pruebas en Colombia han pasado 25 años y seis gobiernos más: el de López, el de Turbay, el de Barco, el de Betancur, el de Gaviria y el de Samper. Para que el Congreso se convenciera finalmente de que tales horrores eran censurables tuvieron que acumularse varios millares de desapariciones forzadas: es decir, de casos de secuestro y asesinato clandestino por parte de las autoridades; varios millares de casos de torturas infligidas a detenidos por esas mismas autoridades; el desplazamiento forzado, por obra de esas mismas autoridades y de sus aliados paramilitares, de más de un millón y medio de personas; y el genocidio, cometido por esas mismas autoridades, de varios grupos políticos. Por genocidio político se entendía, en esta tardía y ahora objetada ley, el exterminio de “una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”: y así han sido físicamente aniquilados, por mano de las autoridades o con su bendición, los sindicalistas del banano, los ex guerrilleros reinsertados del EPL y, minuciosamente, todos los integrantes de la Unión Patriótica, desde los más altos dirigentes (candidatos presidenciales, senadores, alcaldes) hasta los votantes rasos. César Gaviria, que como ministro de Barco había reconocido la existencia de “un plan de exterminio sistemático” contra la UP, en cuanto fue presidente se apresuró, como Pastrana ahora, a vetar una ley semejante a la actual. Porque también a él le pareció que tenía “vicios de forma” y resultaba “inconveniente para el país”. Es posible que ambas leyes, la vetada ahora y la vetada hace siete años, tuvieran vicios de forma: es algo que suele sucederles a todas las leyes que se hacen en Colombia, por simple incompetencia o por deliberada astucia de sus redactores. Pero lo que es seguro es que los vetos presidenciales, el de Gaviria entonces y el de Pastrana ahora, nacen de un vicio de fondo: el vicio aberrante de pensar que el mantenimiento de la barbarie oficial es “conveniente para el país”. “Podría en la práctica...”, dice el gobierno. O sea, podría, a condición de que se aplicara. Porque la simple expedición de una ley no garantiza nada, en este país en el que no se cumple ninguna. Pero que la ley haya sido aprobada por lo menos expresa el reconocimiento de que los horrores que pretendía castigar se cometen, y son malos. El veto a la ley, y sus motivos, expresa ese mismo reconocimiento de que los horrores se cometen, pero demuestra a la vez que al gobierno le parecen buenos. ¿Lo son? Cabe dudarlo. Dejemos de lado el aspecto moral de la cuestión: la infamia de la tortura, la cobardía del asesinato clandestino. Miremos solamente los resultados prácticos que ha tenido, en estos 25 años, la aplicación de tales métodos. Y, puesto que el presidente Pastrana dice que lo único objetable que en su opinión tiene la ley es su condena del genocidio político, limitémonos a mirar si, desde un punto de vista estrictamente pragmático, ha sido “conveniente para el país” el genocidio de la Unión Patriótica. Y no parece que lo haya sido. No mejoró la gobernabilidad: la empeoró. No facilitó el logro de la paz, sino que, al eliminar físicamente a la izquierda desarmada que intentaba hacer política por las vías pacíficas, fortaleció a la izquierda armada que había escogido la guerra. Y, de contera, le dio la razón: si a los pacíficos los asesinan las autoridades, está en lo cierto el ‘Mono Jojoy’ cuando dice que los fusiles son la única garantía frente a las autoridades. El veto del presidente a la ley es la demostración de que no es cierto que el gobierno quiera, como asegura “humanizar la guerra”. Quiere, por el contrario, mantenerla en la inhumanidad a la que la han llevado sus predecesores, aunque esa inhumanidad haya probado de sobra su inutilidad práctica. No ha servido ni para buscar la paz, ni para ganar la guerra. Y su “conveniencia para el país” sólo ha consistido en deshacerlo física y moralmente. Y, desde luego, jurídicamente.