VICTORIA DE NADIE

LA CONDENA DEL GENERAL NORIEGA costó 500 vidas entre soldados norteamericanos y panameños. Necesitó una invasión, que cálculos conservadores han avaluado en 170 millones de dólares. A esta cifra, además, deben sumarse los gastos que implicó el costoso tinglado que el gobierno norteamericano tuvo que montar en este juicio, que se calcula que sobrepasaron los 23 millones de dólares. Ellos incluyen salarios de los cuatros fiscales que se encargaron de acusar a Noriega, los pagos a narcotraficantes convictos para lograr que declararan en su contra, decenas de viajes a Panamá para entrevistar a testigos, la asistencia diaria a la corte de importantes agentes antinarcóticos gringos, la designación de una docena de alguaciles para vigilar el juicio hasta los honorarios de la defensa, que fueron sufragados por el gobierno de los EE.UU.

Pero si el costo económico de tener a Noriega en un tribunal gringo fue de 193 millones de dólares, el costo jurídico pudo haber sido más alto. Resulta contradictorio robarse a una persona de un país, cometiendo un acto de ilegalidad tan extremo, para conducirla después, en un acto de extrema legalidad, a un juicio. Este antecedente implica que por más garantías procesales que hubiera podido tener el ex dictador panameño, su sentencia, por legítima que fuera, estaba condenada a la injusticia.

Sin embargo, la forma como fue conducido ante el juez no es lo único que ensombrece tan histórico juicio. Curiosamente, y al cabo de siete meses de proceso, no hubo una sola prueba contundente. Ni una sola que despejara las dudas sobre aquello que, irónicamente, nadie pone en duda: que Noriega permitió que el cartel de Medellín utilizara a Panamá como puente del tráfico de drogas hacia los EE.UU., a cambio de millonarios sobornos.

Pero hay más. Veinticuatro horas antes de sentenciar a Noriega, el jurado se declaró estancado, por desacuerdos internos entre sus miembros. A la mañana siguiente, y de manera milagrosa, el jurado se puso de acuerdo para condenar a Noriega por unanimidad. Eso significa que en una sola noche se revisaron las cerca de 17 mil páginas de transcripciones que se recogieron durante siete meses de proceso.
Otra curiosidad de este caso consiste en que mientras la fiscalía se dedicó a acusar a Noriega con testimonios de delincuentes y narcotraficantes, la defensa se dedicó a defenderlo con testimonios de policías. El mundo al revés. La razón es que el general panameño fue indudablemente parte de la nómina de la CIA, y eran sus agentes quienes tenían en sus manos los mejores argumentos para su defensa. Pero a su vez, esta circunstancia impidió que muchas pruebas que pudieran obrar a su favor fueran adjuntadas al proceso: el juez impidió el acceso de la defensa a documentos de espionaje del gobierno norteamericano, alegando que se trataba de material embarazoso para los EE.UU. Ni siquiera el argumento de que Noriega había sido recibido personalmente en 1984 por el jefe de la CIA durante un viaje a Washington fue admitido por el juez. Este se refugió en la tesis de que argumentos semejantes le daban al proceso un matiz político que no estaba dispuesto a permitir.
Casi todos los 60 testigos presentados por la fiscalía eran narcotraficantes convictos a los que se les ofreció la consabida rebaja de la pena admitida en el sistema penal gringo, para que declararan en contra de Noriega. Y curiosamente la declaración del único de tales testigos que afirmó haber visto físicamente al general acompañado de narcotraficantes del cartel de Medellín, la del colombiano Gabriel Taboada, fue prácticamente tachada de sospechosa por su propio abogado, que confesó que jamás le había oído a su cliente contar esa historia, hasta el día en,que la justicia gringa ofreció comprársela a cambio de una rebaja de su pena.

Pocas veces había existido un proceso judicial como este que condenó al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega por ocho de los 10 cargos de los que, se le acusaba: tan costoso, tan largo, tan lleno de testigos, de documentos, de intereses políticos, pero al mismo tiempo tan lejano de constituir un triunfo para los Estados Unidos, o para la justicia, o para la lucha antidrogas. Lo cual resulta imperdonable, puesto que también es cierto que pocas veces en la historia había existido un juicio contra un mejor culpable.