Violencia y proceso de paz

Es natural que la decisión de considerar el cese al fuego como punto de llegada y no de partida del proceso de paz genere debates alrededor de la conveniencia o inconveniencia de negociar en medio de la confrontación. Existe el temor de que un cese al fuego pactado antes de la culminación del proceso favorezca a las Farc, permitiéndoles recuperar, al menos parcialmente, su capacidad militar. O que ante las dificultades para negociarlo o verificar su cumplimiento, se convierta en un obstáculo a la buena marcha de las negociaciones. Desde otra orilla, se afirma con preocupación que la continuación de la violencia desviará la atención hacia las acciones militares y endurecerá las posiciones de las partes.

Sin embargo, pese a las dificultades que previsiblemente acarreará, la decisión de negociar en estas condiciones no condena necesariamente el proceso al fracaso. El análisis de diversas experiencias no arroja conclusiones contundentes en cuanto al efecto de la violencia sobre un proceso de paz.

En algunos casos, la violencia continuada llevó a la suspensión temporal de las negociaciones o retrasó la implementación de los acuerdos, y en otros (Ruanda y Angola) contribuyó al reinicio de la guerra. Sin embargo, en ocasiones la violencia ha sido más bien un “catalizador para la paz”. En El Salvador, por ejemplo, la ofensiva del FMLN a finales de 1989 convenció a las partes de la necesidad de avanzar en las negociaciones. En Sudáfrica, la masacre de 29 seguidores del Congreso Nacional Africano generó las bases para el Record of Understanding entre de Klerk y Mandela, y los desórdenes tras el asesinato del líder del Partido Comunista de Sudáfrica aceleraron los diálogos multipartidistas. Y en Irlanda del Norte, la bomba de Omagh, que afectó de manera indiscriminada a unionistas y republicanos, generó una protesta pública de tal magnitud, que poco después el IRA Real decidió declarar un cese al fuego.

El efecto del proceso de paz en la violencia tampoco es fácil de evaluar. En Irlanda del Norte, la cifra de víctimas fatales por causas relacionadas con el conflicto se redujo en 83% entre 1995-1997, en comparación con el periodo 1991–1994, y en Israel-Palestina los incidentes violentos se redujeron entre 85-90% en comparación con el período anterior a octubre de 1993. En contraste, en Sudáfrica las muertes por causas políticas casi se triplicaron entre febrero de 1990 y abril de 1994, convirtiendo el período de negociaciones en el más violento del conflicto.

Probablemente el proceso de paz en Colombia se verá obstaculizado por múltiples factores no relacionados con la confrontación militar. Pero seguramente el ritmo y la intensidad de las acciones violentas tendrán un efecto en la mesa de negociación, y lo que ocurra en ella puede también afectar la dinámica de la violencia. En un conflicto con una pluralidad de actores violentos, no todos los cuales son parte del proceso de paz, será de la mayor importancia identificar claramente la fuente de las acciones violentas. Y entender si las que provienen de las partes del proceso pretenden desestabilizarlo o descarrilarlo o si solo tienen un objetivo táctico: demostrar un poder que permita maximizar beneficios, inducir una crisis para estimular el avance de las negociaciones, o aplacar a los “puristas militares” de su propio bando.

Pero ante los claros riesgos de negociar en medio de la violencia, antes que pedirle a alguna de las partes la declaración unilateral del cese al fuego, sería aconsejable que ambas regularan y moderaran las acciones militares, en una suerte de pacto implícito no formalizado. Quizás nada contribuiría más a fortalecer la confianza entre las partes y en el proceso mismo.

*Director del Departamento de Ciencia Política, Pontificia Universidad Javeriana