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Opinión

  • | 2004/03/07 00:00

    ¿Y qué tal una sola y verdadera Corte Suprema de Justicia?

    Una propuesta que ahorra no solo trámites y vericuetos jurídicos, sino dineros públicos. Algo más: previene el abuso de poderes y el crecimiento desmedido de los egos. Cuando el tren es solo uno, ¿con qué otro habría posibilidad del temido 'choque de trenes'?

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No se trata de arrojar más leña sobre la hoguera, ni de tomar injusto partido en favor de una de las partes, ni menos de regodearse en las fruiciones del antagonismo. Por sabido se tiene que los integrantes de esos altos tribunales en disputa no han dejado de responder a sus compromisos y de la bondad de sus ejecutorias da prueba irrefutable el grado de confianza que la comunidad ha depositado en ellos. Este reconocimiento no deja de ser estimulante. Hoy en día, a la par que el señor Presidente de la República, representan significativo grado de credibilidad, respeto y apoyo ciudadano. Claro que también conviene advertir que esta es una tendencia nacional de recuperación que se extiende de manera paulatina pero constante por toda la urdimbre nacional, sea esta pública o privada.

Bien puede decirse que los afanes de la reforma judicial deben procurar no un destructivo fraccionamiento sino un fenómeno de cohesión y colectiva armonía que reduzca las posibilidades de predominios indebidos, impuestos por el ejercicio del poder inherente a cada una de esas instituciones, o la aparición de zonas de conflicto, lo que a nadie conviene pero sí daña a todos.

Mientras las instituciones judiciales, para referirnos a lo que es motivo de esta incipiente propuesta, operen con denominaciones distintas que invitan a esta preponderancia y se muestren como ámbitos aislados en el cual cada uno ordena y espera que los demás se sometan a rajatabla, la unidad nunca aparecerá y la discordia eventual siempre será riesgo constante. Es imprescindible, si se quiere penetrar en la causa verdadera del problema y procurar con saludable imaginación jurídica soluciones válidas.

Y estas están por el lado de lograr la pertenencia a una misma y única corporación, realmente suprema. En esta, en procura de cercanías y no de alejamientos, debe internamente suscitarse el amplio debate en el cual participen representantes de las demás especialidades, interesadas en definiciones acordes, puesto que cada definición de constitucionalidad las afecta y produce cambios radicales en sus respectivas estructuras.

¿Qué se visualiza hoy en día? En primer lugar, que el tema que todo lo cobija, o sea, la definición de aspectos constitucionales, se radica en entidades diferentes con una igual pero opuesta jerarquía, originadas en la propia Carta. Sin rodeos, el control de acción constitucional está tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Constitucional, cuando todo señala que esta última es la que debe contar con los medios propios para asumir su estudio y determinación. Pero ya se verá, si se busca corregir desfases, que no lo debe hacer sin contar con la opinión y voto de otras entidades que nunca son ajenas al asunto y que también tienen mucho que decir al respecto.

En segundo término, no resulta conveniente mantener una sala de consulta, función que en un principio fue la razón de ser del organismo en la cual habita, pero que hoy día ni se justifica, ni produce beneficios y sí revela notables contrasentidos. Empezando por la falta de obligatoriedad en sus opiniones, lo que de entrada advierte, en el común de los casos, que se las acepta cuando coinciden con la apreciación que tiene el consultante (y su inadecuación resalta cuando lo de la aceptación ineludible resulta más lamentable que su desobediencia o apartamiento, porque ataría dañinamente a la administración en decisiones que a él solo conciernen y que, cuando se necesitan, hay que asumirlas, así los demás no comulguen con ellas). Lo más grave del punto estalla cuando la sala de consulta ha indicado un criterio y el Ejecutivo se aleja de éste. Esto equivale a dotar al eventual demandante de una ventaja indebida que no dejará de influir en el correspondiente fallo de condena del Estado. Y si fueron coincidentes, pregunta y respuesta, no faltará el bochornoso espectáculo, más frecuente de lo que se cree, en que el gobierno, habiéndose acogido a esa recomendación, resulte también condenado por otra sala del Consejo de Estado, que no la comparte y la encuentra contraria a derecho, imprudente o equivocada. Lo aconsejable es sustituir esa sala de consulta por un eficiente cuerpo de consulta jurídica interna del gobierno, constituido por verdaderos técnicos, y en varias materias, que asuma este papel e incluso irradie su benéfica orientación sobre todos los asuntos importantes del Estado, en su fase ejecutiva.

Vamos al punto central: la Corte Única, la verdadera Corte Suprema de Justicia de Colombia, se debe constituir con diferentes salas que reemplacen las funciones que hoy cumplen las de casación civil, penal, laboral, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Electoral (otra rueda suelta en materia tan fundamental) y el segmento disciplinario del actual Consejo Superior de la Judicatura.

El punto esencial es definir cómo debe manejarse el tema constitucional (acciones de inexequibilidad o tutelas) en esta 'gran corporación'. El asunto se muestra complejo pero resulta a la postre bastante manejable. La voz cantante la retendrá la sala constitucional (lo que actualmente se denomina Corte Constitucional), que mediante el respectivo magistrado ponente elaborará el proyecto de decisión, pero que será estudiado con la participación de todos los integrantes de esa sala, y aquí el punto trascendente y que estimamos saludable, con la muy conveniente intervención (con voz y voto) de los presidentes de cada una de esas otras cuatro entidades y la eventual colaboración de uno de los integrantes de esas otras salas que solo tendría el derecho de expresión pero no de voto.

Indudablemente que tan colegiado estudio y sentencia es factor decisivo de buen suceso en el terreno jurídico y de integración institucional. No se trata, pues, de excluir al especializado por excelencia en la materia, o sea, la sala constitucional, que preserva su liderazgo, pero sí que estos escuchen a quienes pueden advertir todo el espectro de la decisión en los asuntos que les corresponde definir en sus respectivas competencias únicas. Mejor escuchar sus criterios en tiempo oportuno, con buena intención y consideración de pares, que recibir a posteriori campañas de descrédito o estruendosas recriminaciones y enfrentamientos. Compartir la controversia y los aportes de la inteligencia ajena no es mermar facultades sino fundamentar de mejor manera la bondad de estas.

Es importante anotar que la labor de los presidentes de esas otras instituciones, por lo mismo que su incorporación frecuente a esos debates les demandará tiempo y esfuerzos intelectuales, debe reorientarse. No pueden afrontar esta tarea y simultáneamente ocuparse de la orientación de sus corporaciones y recibir el constante reparto de expedientes para elaborar las ponencias de rigor. Sería dilapidar su rendimiento al punto que en ninguna de las tres partes estarían realizando esmerada labor. Lo importante es que tengan tiempo para cumplir cabalmente con sus apremios presidenciales, para auscultar la opinión que dentro de su sala puede suscitar un fallo de constitucionalidad y para estar unidos de manera más eficaz a la sala constitucional. Incluso el dispositivo constitucional podría ampliarse para prever que a instancias de una sala (laboral, civil, etc.) se reclame la presencia de otros presidentes de sala o que estos soliciten ser oídos en ellas. Pero para esto, claro está, se exige desprenderse de vanos orgullos, de raras sensaciones de poder. La sabiduría total está en el conjunto y no en la individualidad. Un encomiable ejemplo sobre este particular, esto es, desprendimiento del poder único para acatar limitaciones y contrapesos, lo ha dado el actual Fiscal General de la Nación, al propugnar por una reforma que le priva del mortífero poder de investigar, detener y enjuiciar, para dejar solo a su institución la primera de esas facultades y las demás en los jueces.

Por el aspecto económico, si propósito tan esencial puede supeditarse a este factor, resulta que en muy poco se recargará el costo del funcionamiento separado de esas instituciones. Hasta puede vaticinarse su menor costo, máxime si la reunión de todos sus presidentes conformará el comité de manejo macro de la justicia.

Una corte así integrada, verazmente suprema, estimula a recibir el señalado honor de hacer parte de ella, sutura heridas, no deja ni vencedores ni vencidos y engrandece la institucionalidad.

Con esta propuesta, que está debidamente perfilada en su sustancia pero aún es agraz en tópicos secundarios, se quiere simplemente lanzar una idea con sus aspectos más sobresalientes. No faltará quien, con más autoridad y radio de acción, la recoja, la purifique y potencialice o llame a una exposición más completa y decantada. El decurso de las discusiones sobre la reforma a la justicia permitirá elaborar otras glosas y recomendaciones. Por ahora basta lo anotado para estimular la necesaria y generosa controversia

Queremos por último consignar que estos conceptos son el resultado de varias conversaciones con colegas que actuaron largo tiempo en el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. Qué excelente sería pulsar su opinión y conocer más en detalle sus valoraciones sobre el tema.

*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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