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Opinión

  • | 2019/07/11 13:19

    Ya pa’que

    Parece una broma que la Corte Suprema nos diga que, ahora sí, hay que detener a Santrich

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En reciente reportaje concedido en España, el líder del CD propuso, ya sin ambages o restricciones, la conveniencia de derogar la JEP, eje de los acuerdos con las Farc, aunque lamentando la imposibilidad de hacerlo por la vía de una constituyente convocada por el Congreso (y en la forma prevista en la Carta) dado que su partido carece de mayorías parlamentarias. Anotó enseguida, y con plena razón, que la Carta de 1991 tuvo un origen espurio.

 Aquí entra a jugar, de manera sutil, la idea del Estado de Opinión, que es el fenómeno que se presenta cuando el pueblo, insatisfecho por la forma en que es gobernado, decide, sin ataduras jurídicas de ninguna índole, asumir la soberanía que le pertenece para adoptar nuevas instituciones. Ese clima insurreccional, por ejemplo, se plasmó en la papeleta introducida en las elecciones parlamentarias de 1990, en la posterior expedición del decreto de convocatoria de la Asamblea Constituyente y en la decisión de la Corte Suprema de aceptar como legal lo que era… totalmente ilegal.  

 Esas movilizaciones populares o estados de opinión, que sirven para instaurar nuevos órdenes políticos, pueden ser violentos, como lo fueron la Revolución Francesa en el Siglo XVIII, y las revoluciones mexicana y rusa en el XX; o pacíficas como la sustitución de la Unión Soviética por la Federación Rusa en 1991. Pueden romper abiertamente con el orden precedente, como cuando el Presidente Núñez declaró, aupado por un estado de opinión, que la Carta de 1863, bajo la cual había sido elegido, dejaría de regir.  El agotamiento causado por la Guerra de los mil días generó otra situación de similar naturaleza que hizo posible la dictadura de Rafael Reyes en la alborada del pasado siglo. Tampoco hubo entonces escrúpulos legales.

 Otras veces se procede taimadamente para que no se note la ruptura institucional. En la declaración del 20 de julio de 1810 nuestros beneméritos próceres no rehusaron la autoridad del Rey de España; la refrendaron “siempre que venga a reinar entre nosotros”. Parece que a Don Fernando VII no le resultó simpática esa petición; apenas dejó de ser rehén de los invasores franceses mandó a Don Pablo Morillo para que pusiera fin al alboroto de sus súbditos. No tuvo éxito: “¡Oh Gloria inmarcesible!”

 La operación encaminada a anexarle un segundo tomo a la Constitución de 1991 -el Acuerdo con las Farc- fue un prodigio, para decirlo con suavidad, de ingeniería constitucional. Muchos no creíamos que la Corte Constitucional fuera a dar ese salto de garrocha, pero lo dio; más aún: dispuso que ese texto sería intangible durante los tres periodos presidenciales siguientes. Esa convalidación de la Corte impide decir, desde el punto de vista técnico, que se cometió un golpe de Estado, aunque es innegable que de allí surgió un nuevo orden constitucional consistente en la hibridación del texto del 91 con el negociado en La Habana. Sin duda, el Presidente Santos tuvo la capacidad de gestar un estado de opinión suficientemente poderoso para que la Corte dejara en pie un edificio normativo endeble.

 Sospecho que este tipo de reflexiones pueden ser las que se hace el Expresidente Uribe. Tal vez esté buscando que se produzca un nuevo estado de opinión que nos permita desembarazarnos de la JEP y toda la parafernalia acordada con la guerrilla fariana. El proceso de recolección de firmas que adelanta la Corporación Rosa Blanca con ese objetivo puede, si vuela, ser útil para ese propósito. Habrá que ver si el CD utiliza este ambiente hostil contra los jueces de cara a las elecciones regionales de octubre.

 Eventos recientes o de próxima ocurrencia generan condiciones propicias para buscar un cambio extra constitucional. Doy ejemplos:  No es fácil de entender que la JEP hasta ahora no haya logrado decidir, en fallo definitivo, si el delito que se imputa a Santrich ocurrió después de una determinada fecha. Así reconocerle a ese ciudadano, que goza de animadversión generalizada, fuero de congresista sea una decisión correcta del Consejo de Estado, el rechazo es abrumador.

 La falta de claridad de la Corte Constitucional condujo a que se creyera que los derechos de consumidores de drogas y licor en los parques tienen prelación sobre los de los niños, ha generado un amplio sentimiento de ira. Cuando la JEP decida los casos emblemáticos de Santrich y el general Montoya el escándalo será previsible e intenso. Los procesos contra los integrantes del llamado cartel de la toga no se han fallado. De otro lado, llama la atención que casi nadie se haya mortificado por las amenazas de retiro de visas de ingreso a los Estados Unidos a algunos magistrados, los que justamente tenían que resolver la querella de las objeciones contra la estatutaria de la JEP. Este silencio es síntoma ostensible de la baja estima que se tiene de la cúpula judicial.

 Que la Corte Suprema no haya adoptado contra Santrich medidas de aseguramiento, pudiendo hacerlo, a fin de garantizar su comparecencia en el proceso que allí cursa, fue un error inadmisible que le permitió escapar. Esta omsión, junto a la eventual indagatoria judicial de Álvaro Uribe, calientan, todavía más, el ambiente.

 Todo esto lo veo con preocupación. Para generar riqueza y empleo se requieren enormes dosis de estabilidad institucional. Por favor: “dejemos así”. Una nueva constituyente arrasaría con el clima de inversión.

 Briznas poéticas. Juan Manuel Roca, no habla de la realidad; prefiere inventarla: “Antes, mucho antes de entrar a una cristalería / Entré a la palabra cristal / Y salí de ella con una mirada transparente. / La palabra clepsidra, ladrona de agua, / Tuvo tiempo de gotear en mi silencio /…Bandadas de voces como langostas / Sombrean la meseta de mi almohada”.

            

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