Colombia, un país de despojados y desposeídos

En los últimos años han sido abandonadas a causa del conflicto armado cerca de tres millones de hectáreas de tierra en Colombia. Tan solo en las últimas dos décadas 750.000 hogares han sido desplazados por los actores armados: guerrilla, paramilitares, bandas emergentes y narcotraficantes. Durante el 2009 y lo que va de 2010 las víctimas han presentado 5.600 solicitudes de reclamación de tierras ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR-. El gobierno del presidente Santos empieza a poner el tema en la agenda con la radicación de un proyecto de ley para la restitución de tierras ante el Congreso de la República, primer paso para solucionar en gran parte los problemas del agro, según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Pero cuál es el diagnóstico que se tiene en el país sobre el uso, la tenencia y la restitución de  tierras a las víctimas del conflicto como aporte a la paz en el camino de lograr su reparación integral, y cómo garantiza el gobierno que efectivamente pueden retornar a sus tierras sin volver a ser expropiadas. Expertos coinciden en que devolver las tierras a las víctimas es el primer paso para saldar una deuda moral que la sociedad colombiana tiene con ellas.

Absalón Machado, investigador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD -Tierras 2010-, afirma que luego de varios ciclos e intentos de resolver el problema agrario en el país estamos como en los años 50. Hoy existe una involución en temas como los derechos de propiedad,  despojo violento, conflicto y disputa por la tenencia de la tierra. Se  pasó de una lucha entre campesinos y terratenientes por la propiedad de la tierra, a una disputa entre actores armados y narcotraficantes por el uso del suelo. El campesinado se encuentra muy desprovisto de recursos legales para hacer valer sus derechos, y sometido a unas condiciones precarias para una buena competitividad en el sector agrario.

Las tierras están hoy en manos de los actores armados y el narcotráfico. Urge una reforma rural con una política integral de tierras, restitución, titulación, y respeto por los derechos de los pobladores rurales.  Llama la atención, según el informe, que el 32 % de la población en el país es rural concentrándose en el sur y nororiente, mientras que el último censo en Colombia señala que ésta es del 25 %.

La comisionada de la -CNRR-, Patricia Buriticá, señala que uno de los problemas más graves que afecta hoy el agro es que el país fue tendiendo a disminuir la producción agrícola y de alimentos para aumentar la ganadería extensiva, lo que disminuyó los índices de empleo, trabajo y distribución de ingresos en el campo. Colombia tiene cerca de 4 millones de campesinos esperando regresar a sus tierras, pero es necesario reactivar la economía agrícola, privilegiando la producción de alimentos.

Diversos estudios concluyen que si el país logra equiparar en un 38 % la productividad agrícola con la ganadería extensiva, el PIB nacional crecería en un 18 %.

Para el escritor y periodista Alfredo Molano la lógica de ayer y hoy en zonas como el Guaviare y Caquetá ha sido acabar con la selva y los recursos naturales para colonizar con Coca. Una buena experiencia que debería tener el gobierno en cuenta es la de la creación de las zonas de reservas campesinas a comienzos de los años 80. En estas reservas primó la filosofía de la no concentración de la propiedad de la tierra, en momentos donde el conflicto social era muy álgido en municipios como Cabrera, El Pato y Calamar.

El ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo aclara que el proyecto de ley para la restitución de tierras presentado al Congreso, es tan solo el primer paso de una serie de elementos que necesita el agro colombiano. Diversos temas que aún no se incorporan en el proyecto, serán presentados por el Ejecutivo al Congreso en un segundo paquete de medidas a finales de este año.

Restrepo afirma que durante los últimos ocho años de dos millones de hectáreas tan solo se han devuelto 60.000, y que de éstas 47.000 fueron compradas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- para entregarlas a los campesinos. El propósito del gobierno es imprimirle el acelerador a este ritmo de entrega de tierras para cumplir con la deuda ética y moral de la sociedad colombiana con las víctimas, enfatiza el ministro.

Para el gobierno el gran plus del proyecto de restitución de tierras radica en que al despojado se le quitará el peso de la carga probatoria dentro del proceso, el Estado se encargará de hacer una reconstrucción retrospectiva de catastro para saber qué caminos fueron los que llevaron al despojo de las tierras, quiénes son sus legítimos dueños y por qué ocurrió el despojo, con el fin de que las víctimas de esas expropiaciones violentas recuperen la titulación de la tierra usurpada de una manera más expedita.

Gustavo Petro, ex candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, opina que quienes finalmente harán cumplir la ley serán los jueces que ordenan a quienes usurparon las tierras devolverlas a sus legítimos dueños, familias y demás. El gran problema, dice Petro, está en que aquellos que despojaron a los campesinos de sus tierras son actores violentos en esos territorios, con poder regional, y el gobierno no está en capacidad de proteger la vida de esos jueces ni de los despojados al momento de retornar y exigir la devolución de sus tierras.

El gran reto está en cómo hacer estas restituciones de manera pacífica, sin muertes, y para ellos se necesitan más normas, puntualiza Gustavo Petro.

Fernando Barbieri de la comisión de seguimiento a los fallos de la Corte Constitucional, ve un nuevo aire en el gobierno para empezar a pagar la enorme deuda con los desplazados que suman en 10 % de la población nacional.  Según Barbieri el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo cumple en buena parte con los principios del Auto 08 de la Corte Constitucional, aunque tiene algunas fallas como un concepto muy restringido de lo que es la restitución y no contempla una compensación en especie, sólo en dinero, cuando lo más importante es el retorno a la tierra de los campesinos.

Ve también con preocupación que los agentes estatales que presuntamente pudieron colaborar en el despojo de tierras no estén reconocidos en el proyecto. Aclara que se debe incluir un enfoque diferencial para comunidades afros, indígenas y campesinos, y avanzar hacia una reparación integral a las víctimas que incluya la restitución de bienes muebles, inmuebles y el reconocimiento del lucro cesante durante su desplazamiento.

/ Giovanni Moreno C