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La condena a cuatro militares por la masacre de San José de Apartadó

Semana
14 de junio de 2012

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Las condenas proferidas contra unos victimarios camuflados son un paso tímido hacia la justicia en un caso (de varios) donde la impunidad ha gobernado por más de siete años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores tácticos, manzanas podridas, persecución. A eso se reducen los argumentos de los padres de la Patria, encargados –en el papel- de “defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. A esa misión podrían adjuntarle la revocatoria de absolución que el Tribunal Superior de Antioquia dictó y en la que además condenó por 34 años a cuatro militares por su responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó.

 

En la vereda Mulatos el 21 de febrero de 2005 fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deiner Andrés Guerra de 11 años. Horas después en La Resbalosa fueron ultimados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, sus hijos Natalia y Santiago Tuberquia Muñoz, de cinco y dos años de edad respectivamente y Alejandro Pérez Castaño. “Todo indicaba que habían sido asesinados a golpes de garrote y de machete, pues no había orificios ni restos de proyectiles. La cabeza de Deiner estaba separada de su cuerpo por unos 20 metros. La parte superior de los cuerpos estaba ya devorada por animales y solo se apreciaban los huesos”: Cronología de agresiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

 

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 Aunque el hecho fue adjudicado a paramilitares del bloque Héroes de Tolová, Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega, Darío José Brango Agámez y Edgar García Estupiñán, integrantes para la época de los hechos del Ejército Nacional, fueron condenados por el Tribunal Superior de Antioquia después de haber sido absueltos en 2010 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

 

Y para que no hayan dudas (¿de que es una persecución de la justicia contra el Ejército?) en febrero de este año el juzgado primero especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel al capitán del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo por haber participado en la orgía de bala, machete y sangre. O en términos judiciales, por aceptar los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

 

Negar la connivencia entre fuerzas del Estado y paramilitares ya es un despropósito, los mismos autores de estos actos barbáricos se han encargado de encochinarse entre ellos. Una muestra: Por la misma masacre también fueron condenados a 20 años seis exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová. Militares y paramilitares cuidando y protegiendo juntos el interés nacional, también estuvieron juntos cuando desmembraron a las ocho personas (no olvidar, entre ellas tres niños) en las veredas de Mulatos y La Resbalosa. Juntos y revueltos.

 

Por lo pronto, la Comunidad de Paz anunció que pedirá a la CPI que investigue al general (r) Mario Montoya por los mismos hechos.

 

Estos pasos de la justicia ni se deberían agradecer. No en un país que aún no cree en las miles de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’). Pero a eso hemos llegado, a una necesidad extraña de agradecer cualquier intento de verdad y justicia.

 

 

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