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Universidades desfinanciadas, ¿y sin Ministra?

Semana
15 de octubre de 2009

Por Daniel Mera Villamizar*


Los rectores de las 32 universidades estatales pagaron  en El Tiempo y El Espectador  la publicación de una carta abierta al Presidente Uribe, el Ministro de Hacienda y los congresistas pidiendo enfrentar el desfinanciamiento de sus instituciones en el presupuesto de 2010. Evitaron, cuidadosamente, referirse al Ministerio de Educación. ¿Qué está pasando?


Básicamente, que la Ministra tenía la mayor parte de la razón en el 2003 respecto a que las universidades públicas podían “hacer más con la misma plata de la nación” y crecer sus ingresos propios -como mostraba el estudio de Jaime Silva en el libro Examen a la educación superior pública, que coordiné-,  pero tal vez no tiene tanta razón en el 2009.

 

La ministra  se muestra  inconmovible frente a la evidencia de unos gastos, no cuestionados, nuevos y obligatorios, que han venido creciendo más que las transferencias, que no crecen en términos reales. Algunos rectores dicen, no en la carta abierta, que no pueden expandir más la venta de servicios para aumentar los recursos propios porque afectarían la esencia misional. Hay desfinanciamiento acumulado  (estimado en $ 500 mil millones, conservadoramente), y una situación parecida a un “diálogo roto”.


Eso es curioso porque la ministra podrá mostrar al final de su gestión que logró  impulsar casi milagros de eficiencia en las universidades estatales.  Aumento extraordinario de cobertura,  avances de calificación docente y de actividad investigativa, incremento de la infraestructura física, y consolidación de las acreditaciones y  certificaciones de calidad. Todo con la misma plata. Debería estar feliz con el balance que hacen los rectores de lo alcanzado bajo el régimen que les impuso, con ciertas salvedades.

 

Pero ella está  arriesgando no aprovechar “el momento de los 108 mil  millones de pesos”, que es el monto que están solicitando sumar a la base presupuestal, para dejar sentado el espíritu de la “siguiente etapa” de la educación superior pública: un nuevo "arreglo institucional" que sustituya la Ley 30 de 1992. Es decir, la ministra debe decidir si “ya está bueno de lo vivido” entre el  2003 y el 2009, y si usa el “suave látigo” de los $ 108 mil millones para "abrir un nuevo periodo”.

   
Retomar el diálogo con franqueza implicaría que la ministra le diga al consejo de rectores del Sistema Universitario Estatal que en meses hay que finalizar el “forcejeo” de largos años sobre los indicadores (de consenso) para medir la gestión de las universidades (y asignar recursos con equidad matizada), y para eso pueden usar de nuevo la Casa de Nariño, y que a su vez se aguante que los rectores le reclamen que “cómo es que no apoya los $ 108 mil millones de compensación, exponiendo a la nación a demandas, cuando el Ministerio ahora es ejecutor de política con $ 200 mil millones para inversión en 2009 versus $ 3000 millones en 2003”.

 

Con ánimo constructivo y liderazgo, esos términos, ya escuchados, podrían llevar a discutir cómo las transferencias crearían los mejores incentivos para el sistema, respetando la autonomía universitaria. Aunque, por ahora, lo primero es que los rectores sí cuenten con la ministra. Que se restablezca el diálogo.

 

*Publicado en El Espectador, 14/oct/2009