Incumplirle a la minga trae consecuencias

Arrancó este fin de semana la Minga indígena, con unos 10.000 indígenas que se congregarán en Cali exigiendo la presencia del Gobierno Nacional, al que le exigen el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos.

La Minga exige, entre otras demandas, que el Gobierno cumpla con los acuerdos previos, que incluían compromisos de gasto social, educación, salud y pobreza. Del mismo modo, para el senador Feliciano Valencia la Minga busca negociar con el Gobierno “temas estructurales” como las acusaciones según las cuales el pueblo indígena está siendo exterminado, el poder está siendo concentrado y la institucionalidad está fraccionada.

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Además de esto, la Minga exige que el Gobierno haga más para detener los asesinatos de líderes sociales, que se implementen los acuerdos de paz firmados en La Habana, que se reanuden las conversaciones con el ELN y se ejecuten las reformas agrarias que han sido promesa desde 1986. Según los grupos indígenas, el Gobierno -luego de los pactos firmados con las Mingas en los años 2005, 2009, y 2014-, acordó entregar a los grupos indígenas cerca de 40.000 hectáreas de tierra.

El Gobierno de Iván Duque tiene un libreto para lidiar con la minga indígena y con la protesta social en general. Arranca con la estigmatización y la represión de la protesta social. En el caso de esta Minga, José Felix Lafourie y José Miguel Santamaría dieron inicio a su campaña de desprestigio contra la misma sugiriendo soterradamente que los indígenas no son legítimos, están siendo financiados por actores ilícitos y tienen propósitos oscuros.

El siguiente paso suele ser la confrontación con los manifestantes. Si bien en Cali el alcalde ha saludado la Minga, no deben esperar los indígenas la misma hospitalidad de las autoridades militares y policiales en el camino a Bogotá. Clave en este nuevo episodio es que la Minga indígena no ha buscado bloquear la vía Panamericana, que en 2018 estuvo cerrada por cerca de un mes causando serios problemas de desabastecimiento en Popayán y Pasto.

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Sin embargo, es de esperarse que existan inconvenientes de seguridad, ya sea durante su desplazamiento a Bogotá, o una vez estén instalados en la capital y se unan a los paros programados para el 21 de octubre. El país aún respira por la herida de la represión policial de septiembre, cuando fueron asesinadas 13 personas por parte de la fuerza pública; poco después ocurrió el incidente en Cauca en el que el Ejército mató a Juliana Giraldo.

El Gobierno no tiene el lujo de permitir un nuevo capítulo de violencia por parte de las autoridades hacia los manifestantes, so pena de darle mayores argumentos a la ola de indignación que busca revivir la protesta.

El tercer paso suele ser negociar con los manifestantes. Ya sea a través de un delegado del Gobierno, como lo hizo en 2018 la entonces ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, o buscando ampliar los interlocutores, como lo hizo el Gobierno en 2019 con la denominada “Conversación Nacional”. El tire y afloje con las comunidades por delegados del Gobierno no ha sido exitoso, pues las comunidades, con razón, señalan que los funcionarios no tienen poder de decisión y que para una intervención integral se requiere la presencia del presidente.

Iván Duque no fue en 2018 ni irá en las próximas semanas a negociar directamente con los líderes de la Minga. Señalará el Gobierno que se han hecho acuerdos que por cuestión del coronavirus no se han podido cumplir, y los grupos indígenas señalarán nuevamente la letra muerta que firmaron anteriores Gobiernos como legítima reivindicación de sus derechos.

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Existe una mutua desconfianza entre el Gobierno y los grupos indígenas. Por un lado, el Gobierno con seguridad insistirá en que la Minga ha sido infiltrada por grupos al margen de la ley. Por otro lado, la Minga indígena manifiesta que Gobiernos anteriores han incumplido en sus promesas de financiación y restitución de tierras y demanda que el Gobierno, en cabeza del presidente Duque, se apersone de las promesas hechas y lleguen a acuerdos. En el mejor de los casos, se espera que la Minga y el Gobierno lleguen a un acuerdo en donde haya compromisos por parte del Gobierno.

Sin embargo, a menos que ya estén incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo o el presupuesto nacional, es poco probable que el Gobierno pueda incorporar partidas presupuestales adicionales para asistir a las comunidades indígenas, luchar contra quienes están asesinado a los líderes sociales y aumentar el gasto en salud y educación.

Sin embargo, no cumplirle a la Minga tiene importantes consecuencias a mediano plazo. La oposición ya está tomando atenta nota de las reivindicaciones sociales exigidas por los indígenas, sobre las cuales buscan capitalizar en las próximas elecciones locales. Para el Gobierno, la mejor forma de cancelar a los opositores y atender los reclamos sociales será, de una vez por todas, tomarlos en serio, reunirse con los grupos indígenas y aprovechar que el gasto fiscal ya se ha relajado para atender estas solicitudes en lugar de continuar dando largas.

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Si bien el Gobierno ha demostrado que sus acuerdos con grupos indígenas responden a las necesidades de corto plazo para reestablecer la normalidad, la derribada estatua de Sebastián Belalcázar en Popayán es testimonio que los indígenas están buscando una reivindicación que va más allá de lo que este Gobierno pretenda o pueda otorgar.

Podrán preguntarse los indígenas: ¿Por qué el Gobierno no titubeó para aprobar el gasto de $1,4 billones para salvar a Avianca y por tantos años se ha hecho el de la vista gorda con sus legítimos reclamos?