La politización de la vacuna

La politización no solamente podría retrasar la capacidad del Gobierno de llegar a un primer acuerdo bilateral con alguna farmacéutica (que permitiría asegurar un volumen de vacunas para Colombia), sino que podría incrementar la desconfianza de la sociedad en la vacuna y alimentar el activismo antivacunas.

La politización tiene varias fuentes tanto nacionales como internacionales. El fenómeno comenzó con Trump y Puttin al convertir la vacuna en un instrumento electoral, en el caso del primero, y en una oportunidad de conquista geopolítica global, en el caso del segundo.

Trump manipuló la vacuna al prometer una primera aprobación a finales de octubre, en un claro intento de presionar a la FDA antes de las elecciones presidenciales. Y Puttin, que fue el primero en anunciar la disponibilidad de una vacuna totalmente financiada por el Estado ruso, pero que no cuenta con ninguna aprobación de las agencias sanitarias más reconocidas del mundo como FDA o EMA, intenta por estos días concretar acuerdos con países afines a su ideología (como Argentina y Venezuela) para distribuir su vacuna en territorios que claramente quiere conquistar políticamente.

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China también está jugando políticamente con la vacuna. El país asiático trabaja aceleradamente para inocular ciudadanos en todo el mundo antes de que lo logren empresas americanas o rusas. En Latinoamérica se realizan ensayos clínicos de dos vacunas de empresas que cuentan con apoyo del Estado chino, para así ganar preferencia de los gobiernos de México y Brasil.

En el caso azteca, una de las empresas chinas ya firmó un acuerdo de compra anticipada con el Gobierno mexicano, y en el carioca, el Estado de Sao Paulo (sin aprobación de la agencia regulatoria brasileña) anunció que iniciará su programa de inmunización con vacuna china el 25 de enero de 2021, en una clara demostración de poder político del gobernador del Estado, quien es un visible antagonista del presidente Bolsonaro.

En Colombia, la temperatura política de la vacuna ha ido creciendo de forma preocupante, por cuenta de los protagonismos políticos de varias instituciones y grupos. Por un lado, encontramos las posiciones políticas de autores y detractores de la ley de vacuna covid, aprobada la semana pasada. Recordemos que el avispero político se alborotó por el interés politiquero de algunos padres de la patria de estratificar el cobro de la vacuna, y el oportunismo de otros de arremeter contra la industria para ganarse el favor ciudadano.

Pero también Claudia López, que no desaprovecha escenario político, repitió su estrategia proselitista contra el Gobierno nacional, por cuenta de la vacuna al decir que “el 2021 no será el año de la vacunación en Colombia”. La centroizquierdista Juanita Goebertus también entró al ruedo al insinuar colusión entre el Gobierno y las farmacéuticas por la decisión del Ejecutivo de exonerar, con argumentos, a los fabricantes por los posibles efectos adversos.

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Pero ha llamado poderosamente la atención pública la posición de un grupo que, con piel de técnicos, fija posiciones políticas. Alerta públicamente, casi de manera amarillista, que Colombia no debe entrar a la “carrera armamentista” por la vacuna, que la negociación del Gobierno nacional con las farmacéuticas debe realizarse de forma transparente y pública, que Colombia tendrá acceso a la vacuna a través del Fondo global Covax y que el país debería esperar hasta febrero de 2021 para tomar una mejor decisión cuando haya más evidencia clínica de los efectos de la vacuna. Reflexiones que, de entrada, son interesantes, pero que, sin contexto, hacen mucho daño.

El Gobierno nacional no pareciera estar en alguna carrera armamentista. Precisamente, por actuar de forma cauta es que hoy Colombia está por detrás de países como México, Costa Rica, Perú y Chile, que ya firmaron acuerdos bilaterales con un fabricante para evitar depender de Covax, que a todas luces será insuficiente. Pero ni tanto que lo queme, ni tan poco que no lo alumbre.

Ya es hora de que Colombia asegure un cupo inicial de vacunas mediante uno a varios acuerdos bilaterales porque el suministro a través de Covax va a tomar tiempo. Firmar un acuerdo bilateral con una farmacéutica, como lo quiere el Gobierno nacional, no significa entregar nuestra soberanía ni vacunar al siguiente día de forma irresponsable como lo pretenden vender los “técnicos” que hacen política.

En el mundo ideal, que es precisamente en el que no estamos por la pandemia, las negociaciones sobre asuntos de salud pública no pueden ser abiertas a toda la ciudadanía, como lo proponen, porque no llegaríamos a un consenso nunca.

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Debemos confiar en nuestra democracia representativa, a través de la cual hemos delegado como sociedad al Gobierno que elegimos. El Ministerio creó de manera seria una estructura técnica para la evaluación de la vacuna contra la covid. También debemos confiar en la institucionalidad sanitaria internacional. Si la FDA y EMA, que son las principales agencias sanitarias del mundo, además de la agencia inglesa, aprueban una vacuna, ¿por qué nosotros hemos de esperar para aprobarla localmente con la ayuda de nuestra agencia sanitaria y de las instancias creadas para tal fin?

Politizar la adquisición de una vacuna resulta inadmisible desde cualquier punto de vista. La expectativa de vida de la población no debe ni puede ser gestionada desde las necesidades del poder político. Por el contrario, científicos, empresas, academia y sociedad civil deberíamos generar el mejor ambiente posible para que el Gobierno logre concretar en el menor tiempo posible lo que casi un centenar de países ya ha logrado en el mundo.

De lo contrario, no solamente no tendremos vacuna en tiempos razonables, sino que la desconfianza en ella -cuando la tengamos- hará que lleguemos tarde y con miedo. Lamentable desenlace, por culpa de la politización.