Lo que viene en la tributaria de 2021

El choque económico causado por el coronavirus va a golpear las cuentas fiscales de Colombia por dos lados. Por una parte, por la necesidad de incrementar el gasto público para afrontar la crisis, que es algo que ya se ha venido haciendo. Por otra, porque los ingresos de la Nación se van a ver afectados por un menor volumen de tributación de las empresas y personas, y menores ingresos de capital puesto que los dividendos que transfiere Ecopetrol serán menores que en años anteriores.

Según las cuentas, financiar el presupuesto del año entrante tasado en $314 billones, demanda necesidades adicionales de nuevo recaudo por valor de $20 billones o 2% del PIB, lo que significa que el país necesita pasar de una relación de recaudo de impuestos del 13,5% del PIB a una del 16%.

Eso resulta ser todo un desafío porque Colombia tiene una estructura tributaria que erosiona los ingresos del Estado con un inventario de exclusiones, exenciones y tratamientos tributarios diferenciales que cuestan $92 billones anuales u 8,5% del PIB de acuerdo con los cálculos de la Dian.

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Esos beneficios tributarios están registrados en un inventario de más de 229 rubros, generando un arbitraje para acogerse dependiendo del tipo de contribuyente, el monto de las exenciones, el tipo de exclusiones, o si la empresa en algún momento firmó o no un contrato de estabilidad jurídica, caso en el que puede elegir la norma que más le favorezca. Al final del día lo que tenemos es una estructura tributaria con tasas nominales altas, pero que al aplicarse se erosionan por el efecto del gasto tributario.

Todos estamos de acuerdo en que se deben mejorar los ingresos del Estado, no solo para atender las exigencias de la coyuntura, sino para incrementar el gasto público de inversión que mejore la competitividad del país, particularmente la construcción de infraestructura y de bienes públicos relacionados a la educación y el saneamiento básico.

El desacuerdo está en quién o quienes deben pagar esa factura tan necesaria para que el país genere empleo, crecimiento económico, y los niveles de deuda pública sean sostenibles.

Según lo que va dejando ver el Gobierno, la propuesta para aumentar el recaudo va por la vía de subir la carga impositiva a los hogares tanto en el impuesto a la renta como en extender el IVA a todos los bienes de la canasta familiar.

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El argumento principal es que de los $92 billones de exenciones y exclusiones, cerca de $65 billones están vinculados al IVA, pero lo que tiene que ver con la canasta familiar no sobrepasa $15 billones, el resto son otros beneficios sobre el IVA. Por ejemplo, descontar el IVA pagado en bienes de capital del imporrenta le costó al estado $6 billones en ingreso tributario.

El otro camino que ya se ha mostrado es aumentar el recaudo de imporrenta que pagan las personas, es decir que en la tributaria se propondrá disminuir el umbral desde el cual las personas pagan impuesto a la renta; según ha dicho el ministro de Hacienda, las personas en Colombia contribuyen con 1,2% del PIB en ese impuesto mientras las empresas con el 5%, entonces para lograr mayor recaudo se tendrá que poner a pagar a hogares que en este momento no tienen ese impuesto a cargo dado su nivel de ingresos.

Con la reforma tributaria del 2021 el Gobierno del presidente Duque ajustará la tercera (una por año de gobierno). La debilidad es que la Ley de Financiamiento y la Ley de Crecimiento disminuyeron los ingresos del Estado en más de $10 billones por los efectos negativos en el recaudo de descontar el 100% del IVA pagado en bienes de capital del impuesto a la renta corporativa, de disminuir la tasa del 33% hacia el 30%, así como descontar el 4 x 1.000 y el ICA también del impuesto a la renta.

En su momento las calificadoras de riesgo y los principales analistas advirtieron que las expectativas del Gobierno de compensar esas pérdidas de recaudo con mayor crecimiento económico eran demasiado optimistas y arriesgadas, porque además una parte era compensada con ingresos extraordinarios por la venta de activos de la Nación.

Ahora la propuesta es que la factura sea pagada por la clase media que tendrá que asumir nueva carga impositiva afectando el consumo y por ahí la recuperación.