Salario mínimo, otra víctima de la covid-19

Durante años, algunos centros de pensamiento que promueven el subdesarrollo han hecho enormes esfuerzos por reducir o eliminar el salario mínimo del país. Han acudido a astucias estadísticas y a pseudoteorías económicas para mostrar que es muy alto porque se parece mucho al salario medio; dicen que la productividad es muy baja, como si fuera culpa de los trabajadores, y hasta imploran la reducción de costos no salariales dizque para ganar competitividad, pero en una competencia entre países pobres.

Después de muchos esfuerzos, el ministro Ángel Custodio Cabrera parece haberles brindado una victoria jugosa con la aprobación del decreto 1174, la reforma laboral más profunda que ha tenido el país desde la reducción del pago de horas extras en 2002.  

El decreto, por una parte, legaliza y, además, crea un incentivo a la contratación por debajo del salario mínimo y, por otra, crea un sistema de seguridad social paralelo, con menos derechos y garantías. No hay duda de que es un retroceso para los trabajadores, que —descaradamente— se toma en medio del desempleo más alto que ha enfrentado el país desde que se tengan datos. El objetivo es una precaria formalización de la difícil situación de millones de personas que no alcanzan a ganarse ni un paupérrimo salario mínimo, arrebatándoles de paso la posibilidad de tener un sistema de protección digno y una pensión al final de su vida productiva. 

Al permitir contratos por debajo del salario mínimo, el trabajador deberá afiliarse obligatoriamente al sistema de salud subsidiada, no al contributivo que tiene más beneficios, como la licencia de maternidad e incapacidades por enfermedades comunes. Además, deberá afiliarse al mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un vulgar remedo de renta vitalicia que paga una limosna promedio de entre $40.000 y $100.000 mensuales, no una mesada de salario mínimo como lo establece la Constitución. Ni siquiera permite la afiliación al sistema de riesgos laborales, sino un nuevo seguro. 

Las empresas rápidamente se darán cuenta de que, gracias al decreto, podrán ahorrarse 35% del costo no salarial, relacionado con el pago de la seguridad social, si en lugar de contratar a un trabajador por el salario mínimo lo hace con dos de medio tiempo.

En las estadísticas oficiales es probable que esto permita una caída de la tasa de desempleo, pero a un costo social alto que tarde o temprano emergerá. Con el decreto, el Gobierno de Duque, que hace parte de la misma corriente política que ha recortado derechos desde la Ley 50 de 1990, permite consolidar una economía de alta precariedad en los ingresos, que no podrán transformarse en mayor consumo y, por ende, tampoco en más crecimiento. 

Claro, no faltará quienes digan que es mejor tener algún ingreso que nada, lo que nos lleva de vuelta a la normalidad de una economía como la que teníamos antes de la emergencia sanitaria, en lugar de aprovechar la crisis para hacer una transformación profunda de esa débil estructura.  

Como el decreto es contrario a las recomendaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, de la que Colombia hace parte, y violatorio del artículo 48 de la Constitución, cabe esperar que la Corte lo tumbe. Mientras esto ocurre (esperemos que pronto), la Misión de Empleo que acababa de conformarse no tiene ninguna viabilidad y menos con ausencia de los representantes de los trabajadores.