¿Será el semestre del Congreso de la República?

Ningún otro semestre fue tan duro como el que tuvo que sortear el Congreso de la República hasta junio pasado. La pandemia lo llenó de incertidumbre para iniciar labores, el presidente lo arrinconó a punta de Estados de excepción, la modalidad virtual desdibujó a los grandes “patrones” presenciales del Capitolio Nacional y la producción de leyes para mitigar el impacto de la crisis fue muy pobre. De ahí que el Congreso haya tenido que recurrir desesperadamente en busca de reconocimiento a debates populistas como el de la cadena perpetua para violadores de menores.

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Pero como Nación nos interesa que el Congreso funcione con éxito. No conviene al Estado ni a la sociedad un sistema presidencialista, que viene impulsando la misma inercia de la pandemia. Necesitamos un Congreso que se conecte con la responsabilidad mayúscula de comenzar un nuevo período en el momento más retador y dramático de la pandemia en Colombia. Un Congreso que debata los problemas que realmente están amenazando nuestro desarrollo, sin distraerse en temas sin impacto social.

Las políticas de reactivación económica, el mercado laboral (¡no solo el empleo!), las políticas de protección y desarrollo de la mujer, el talento humano en salud y la lucha contra la corrupción deberían ser los ejes de la gestión legislativa que comienza el 20 de julio. Son todos temas que requieren especial compromiso y diligencia por parte de los honorables legisladores. Pueden esperar debates heredados del periodo anterior como el fuero de paternidad, la reforma al estatuto de arbitraje internacional, la pensión de trabajadores de alto riesgo y la prohibición a los productos sustitutos de la leche materna. Son temas importantes pero del interés de grupos particulares. Es hora de enfocar la gestión legislativa en los debates de impacto masivo y social.

Bien hace el Gobierno en mandar el mensaje de aplazamiento de la reforma laboral y la reforma pensional, que el país necesita, pero que podrían politizarse en el ambiente de crispación político-económico que vivimos. Además son reformas estructurales que la coyuntura podría contaminar. Pero la que sí requiere del concurso del Congreso de la República es la reforma tributaria, que quizás termine convertida en una reformita o en varios proyectos de reactivación económica, pero que de cualquier manera requiere debatirse porque es impostergable encontrar nuevas fuentes de ingresos para mantener nuestra competitividad.

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Es previsible que ahora, más que antes, la oposición quiera hacer oír su voz en el Capitolio Nacional por varias circunstancias. Por un lado, para recuperar el terreno perdido por el fuerte presidencialismo del primer semestre; segundo, porque querrá incidir en la visión política del Gobierno nacional para el segundo tiempo de Duque y su equipo; y tercero, porque intentará dejar un legado legislativo asociado al manejo de la pandemia (cosa que no logró en el primer periodo de este año). En este sentido los partidos de oposición promoverán una gran discusión nacional del proyecto de Renta Básica Universal, que es un salario mínimo por tres meses para 30 millones de colombianos, con un impacto de más de $20 billones en el erario. Este será el principal pulso político de Gobierno y la oposición en el Congreso, que requiere el concurso de todos los sectores productivos, académicos y técnicos, para darle sentido a una discusión que financieramente pareciera inviable, pero que socialmente pudiera estar justificada.

El viento soplará a favor del Gobierno nacional, si Arturo Char y Germán Blanco llegan a las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Char llegará en la luna de miel que vive el Gobierno y Cambio Radical, impulsada particularmente por la familia costeña, porque Germán Vargas ha asumido posiciones más críticas y distantes. Se espera que con Char, los proyectos de reactivación económica y la reforma a la justicia fluyan rápidamente bajo la tutela del Gobierno nacional. Y con Germán Blanco, el Gobierno apuesta a avanzar en la reforma a la justicia y la reforma política, principalmente.

La oportunidad de concretar la reforma a la justicia por parte del Gobierno no debería politizarse con debates sobre una eventual reestructuración de la JEP y la unificación de las altas Cortes. El Centro Democrático podría fortalecer su credibilidad si enfoca el debate en una justicia más eficaz para el ciudadano, menos corrupta y más práctica. Char y Blanco tienen la enorme responsabilidad de modernizar el debate sobre la reactivación económica, introduciendo y validando ideas que se alejen del asistencialismo y fortalezcan las capacidades de nuestro sistema productivo y competitivo, apostando a nuevas fuentes de ingresos, flexibilización laboral, menos costos laborales para las empresas, reactivación del consumo, atracción de la inversión extranjera, eficacia regulatoria de los sectores más productivos y mucho más acceso al crédito por parte de las empresas. Será la última oportunidad de la coalición de Gobierno en el Capitolio Nacional, porque el siguiente periodo legislativo, en el 2021, estará marcado por la competencia electoral.