“El mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario”.

La frase, acuñada tras su elección, por el presidente Juan Manuel Santos, que planteó vientos esperanzadores, hay ha dado frutos. 

Con aptitud positiva, los colombianos desde el 7 de agosto del año 2010, esperaron que venieran  espacios trasparentes de franco diálogo, entendimiento mutuo y honestos consensos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en Colombia.

Los primeros pasos del Gobierno de Santos, los actos de arrojo de las altas cortes y el remozado Congreso de la República, vislumbraban una diferenciación en su modelo de comportamiento con el prototipo de la era del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ni liberal o conservador, sino de “Tercera Vía”. El concepto aplicado en la argumentación santista, como gran conductor del país, pintaba una visión de la economía alternativa con fuerte intervencionismo de Estado, reformas legislativas de profundo calado y justicia para todos.

Con la tercera vía cabalgando sobre una propuesta pragmática que tomaría lo mejor de los gobiernos modernos pero al margen de las ideologías políticas y sus vicios, presidente, congreso y altas cortes, impulsarían a través de sus representantes un pragmatismo con valores y resultados eficientes de corte social.

Las esferas de diálogo y construcción legislativa, alrededor de Senadores y Representantes, como legítimos forjadores de las leyes colombianas, en asocio con dirigentes de las distintas organizaciones, apuntaban a una real refundación de las instituciones y el fortalecimiento de los espacios de interacción económica, política y social del país.

Trascurrido dos años, con un frente político nacional habido de prebendas, la firme intención del gobierno de un segundo mandato presidencial y un creciente descontento nacional, los trenes de la prosperidad amenaza descarrillarse y romper la armonía de la unidad nacional.

En el trámite y posterior conciliación de la mal llamada ley de Justicia, la rama legislativa y el poder judicial, acudiendo al llamado que hizo el Presidente Santos en el cuarto debate,  a fin de “sentarse y discutir la reforma a la justicia para tratar de mejorar”  y “en lugar de tratar de satanizar este proyecto”, “darle una mejor justicia a nuestros ciudadanos”, hacieron evidente lo más bajo de los seres humanos, "legislar abusivamente en beneficio y provecho propio".
 
El Mandatario de los colombianos, ante lo inocultable del abuso de poder de los voceros, ignorancia de algunos padres de la patria y el servilismo claudicante de miles de compatriotas, se vio obligado a calificar de “inaceptables” los cambios y contenido de la reforma, además de solicitar la sesión extra del congreso para el archivo del acto constitucional de reforma a la justicia, dado que de ser aprobada traerían gravísimas consecuencias para la administración judicial y el país en general.

El irresonsabilidad y falta de coerencia fue total, y su factura ya pasa cuenta de cobro en  la cabeza del representante Simón Gaviria quien leyó la reforma y no vio los micos; la del Senador Juan Manuel Corzo, al legislar en beneficio propio y exponerse a una pérdida de investidura; y la del renunciado  Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra.

Con un referendo revocatorio picando en punta, la reforma judicial no puede ser maquillada, remendada, ni arreglada a conveniencia de los congresistas, y su archivo es la solución, ya que un nuevo acto legislativo nos les pertenece, ni se lo merecen.

Una constituyente es una vía admirable para una nueva redacción de una verdadera ley de justicia, y de paso sería muy progresista, pensar en el cambio de modelo de desarrollo y dirección del país, ya que ante la premisa de permisividad del “mercado hasta donde sea posible”, que justifica un estado postrado, expuesto a la corrupción y al enriquecimiento ilícito de su dignatarios,  el Estado  propuesto por Juan Manuel Santos es el necesario.

Por. Miguel Ospino Rodriguez

Bogotanos A Un Tic´s