LA INFLACION LEGISLATIVA

Si cumpliéramos con la ley y aplicáramos nuestra constitución a cabalidad, tal vez no necesitaríamos más reformas.  Históricamente nos hemos acostumbrado a crear leyes para todo.  Las constituciones serias del mundo tienen muy pocas reformas y se caracterizan por ser cortas y prácticas, atienden a principios. En todo caso, la reforma del 91 dejó una constitución moderna, participativa, ambientalista y con glosario de derechos fundamentales que son ejemplo en el mundo.

Desde hace diez años se le viene haciendo a la constitución  reformas y cambios, muchas por capricho de los señores legisladores,  otras para suplir intereses personales, como la reelección y algunas necesarias para el estado por razones muy focales, son más de treinta enmiendas. La reformitis ha sido una constante histórica, el siglo 19 fue emblemático en este sentido, el país sufrió muchas guerras civiles gracias a estas luchas, la última constitución fue la de Núñez excesivamente centralista. El siglo XX ha sufrido la misma pandemia,  abrió con la reforma administrativa de Reyes, siguió con tres  más, la gran revolución en marcha de López, la de Alberto Lleras, la transformación administrativa del estado realizada por el presidente Lleras 1968, para solo citar las más importantes, universo que nos permite afirmar categóricamente, que hemos probado de todo en la materia. Hemos vivido entre constitucionalistas y constituciones, más de diez desde que nacimos como república, La verdad, nos acostumbramos a legislar sobre lo divino y humano con un facilismo que ha generado un caos normativo . Pensamos que, con solo reformar la ley basta. Esta demagogia legislativa creó dos países: el real y el de papel. Se puede decir que la mayoría de reformas terminan convertidas en letra muerta. Ahora que fracasó la ley para atender los problemas de la justicia, el gobierno de súbito reconoce que el problema de la rama se puede enfrentar con los instrumentos legales y administrativos con los que cuenta actualmente y que con la excepción del consejo nacional de la judicatura, lo demás depende de la voluntad del ejecutivo y de la propia rama para enfrentar los graves problemas que sufre. Este hecho refleja una falta de norte absoluta, la misma que  le dejó  un fracaso penoso al ejecutivo y al congreso en la pasada legislatura.

El caso más emblemático es la creación de un estado carcelario, pues los legisladores ante cada problema generan reformas a la ley solo para  llenar las expectativas puntuales que las fomentaron, atendiendo a razones mediáticas y llevados por  la presión de los medios, violando toda la arquitectura legal y gracias a estas improvisaciones han creado tipos penales y cárcel por toda clase de contravenciones, con el absoluto congestionamiento de los centros penitenciarios, verdaderas universidades del delito.

Necesitamos más administración y menos reformas, esto es definitivo. Velemos por que la gestión pública alcance su máximo desarrollo, propugnemos por una administración eficaz y una optimización de los recursos existentes.  La función administrativa es una ciencia. La llamada es por un pragmatismo acorde con nuestras necesidades y más ejecución, esto sería lo ideal.