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LA LLAGA DE LOS CELULARES

Semana
25 de enero de 2012

El periodista Felipe Zuleta en su columna dominical de un diario bogotano, tocó el domingo pasado un tema que a más de la mitad de los colombianos le duele, pero que sólo se comenta en privado donde más que comentarios, se lanzan imprecaciones para desahogar la impotencia que las víctimas de los operadores de telefonía celular sufren cada mes, cuando les toca afrontar los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios que ellas llaman clientes.

 

La comunicación es un asunto público porque, como todo lo público, tiene origen en la ley natural que motiva el instinto de agruparse entre los individuos de la especie, para lo cual requiere de la comunicación. Pero siempre ha estado predominantemente privatizado, aunque se manifiestan fenómenos rarísimos en las características del sector institucional que regula el proceso social. Se ve un revuelto: por un lado, del papel del Estado, quien en ocasiones, asume la propiedad del medio a través del cual fluye la tecnología, o en otras, como propietario de instrumentos directos de comunicación; y por otro lado, la acción de los particulares quienes montan empresas con ánimo de lucro para sacar provecho individual de este asunto que por su naturaleza es colectivo. Dentro de esta sarta de rarezas se encuentra la supervisión de la telefonía celular que, como en todo lo público, el Estado debe ejercer a través de las superintendencias. A pesar de que existe una superintendencia de servicios públicos, a la telefonía celular la vigila la superintendencia de industria y comercio, que es más tolerante, más permisiva, más alcahueta y hasta cómplice, frente a los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios. Por lo general, ofrecen un servicio determinado a un precio y después incumplen lo prometido y elevan los cobros en las facturas mensuales. Ahora han inventado los funcionarios de la gerencia de fidelización de clientes, quienes desde el otro lado de la línea le ofrecen al usuario que se quiere retirar, esta vida y la otra para que no se vaya y después no cumplen.

 

No sé si antes algún periodista de la gran prensa bogotana había hecho referencia al tema; pero aprovechando la publicación de Zuleta Lleras, bien vale la pena poner sobre la mesa de la opinión pública el asunto porque los millones de usuarios de este servicio no pueden continuar sometidos a semejante perjuicio. Más cuando la atención es despersonalizada y los usuarios no tienen la oportunidad de dialogar con algún directivo responsable de las decisiones empresariales. La pasividad de los usuarios o víctimas de la telefonía celular debe ya actuar masivamente aprovechando alguno de los mecanismos que la ley permite para la defensa de los derechos tanto fundamentales del ciudadano, como los de consumidores que se consignan en el respectivo estatuto, ahora que desde un periódico capitalino el columnista metió el dedo en la llaga de los celulares.